María Gisela Hadad, Tomás Palmisano.
“Cuando las territorialidades se superponen: producciones tradicionales, agronegocios y proyectos mineros en el Valle de Famatina (La Rioja, Argentina)”.
RIVAR Vol. 4, N° 10. Enero 2017: 5-24.

Artículos

Cuando las territorialidades se superponen: producciones tradicionales, agronegocios y proyectos mineros en el Valle de Famatina (La Rioja, Argentina)*

When Territorialities Overlap: Traditional Production, Agribusiness and Mining Projects in the Valley of Famatina (La Rioja, Argentina)

María Gisela Hadad** Tomás Palmisano***

**Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Magíster en Estudios Latinoamericanos, Universidad Complutense de Madrid. Becaria posdoctoral del CONICET. Miembro del Grupo de Estudios Rurales del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

***Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Becario postdoctoral del CONICET y miembro del Grupo de Estudios Rurales del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Resumen

En un contexto de intensificación de las actividades extractivas en América Latina, y Argentina en particular, proponemos explorar sus impactos en el Valle de Famatina, en la provincia de La Rioja (Argentina). La hipótesis de este trabajo es que la extensión de emprendimientos operados bajo la lógica del agronegocio y diversos proyectos de megaminería en la región contienen disputas manifiestas y latentes con las producciones agrícolas tradicionales y los modos de vida locales. En el caso de estudio, la disputa gira en torno a la apropiación material y simbólica de la tierra/territorio y el agua. Para abordar esta problemática proponemos, a través de una revisión bibliográfica, una reconstrucción de los elementos del modelo extractivo, para luego rastrear sus especificidades en el caso propuesto. Este último punto recurre metodológicamente a una combinación de técnicas cuantitativas, principalmente análisis de diversas fuentes estadísticas, y técnicas cualitativas, como la observación participante, entrevistas y análisis de medios periodísticos y comunicados de las organizaciones.

En términos generales, una de las conclusiones que arroja el análisis es la presencia superpuesta de disputas en torno al agua protagonizada por las producciones locales, los diferimientos agropecuarios, las diversas empresas mineras que intentaron establecerse en el Valle y la población local.

Palabras clave: disputas territoriales, Valle de Famatina, modelo extractivo, resistencia, agua, tierra.

Abstract

In a context of intensification of extractive activities in Latin America in general, and in Argentina in particular, we intend explore their impacts on the Famatina Valley, in the province of La Rioja (Argentina). The hypothesis of this paper is that the extension of enterprises that operate under the logic of agribusiness and various projects of mega-mining in the region contain manifest and latent disputes with traditional agricultural production and local livelihoods. In the case studied, the dispute turns round material and symbolic appropriation of land/territory and water. To face this issue we propose to review a reconstruction of the elements of the extractive model through bibliography and then we track their specificities in the proposed case. The analysis methodologically draws on a combination of quantitative techniques, mainly analysis of statistical sources, and qualitative techniques, such as participant observation, interviews and analysis of news media and communications of the organizations.

Overall, one of the conclusions that show the analysis is the presence of overlapping disputes over water starring local production, agricultural deferrals, various mining companies that tried to settle down in the Valley and local population.

Keywords: territorial disputes, Valley of Famatina, resistance, extractive model, water, earth.

Introducción

En las últimas décadas, América Latina en general y Argentina en particular, ha asistido a la intensificación de actividades productivas asentadas en la explotación de recursos naturales. Si bien este tipo de emprendimientos tiene larga data en nuestros países, las actividades extractivas tradicionales como la minería y la producción de hidrocarburos se han reconfigurado a partir de la extensión de nuevas tecnologías, como la fractura hidráulica o la minería a cielo abierto, mientras que en el agro se incorporaron formas altamente demandantes de agua y fertilidad, condensadas en el agronegocio. A ello pueden sumarse grandes obras de infraestructura, la producción ictícola intensiva, ciertos tipos de desarrollo inmobiliario urbano, entre otros.

En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo explorar los impactos del avance del modelo extractivo en sus variantes agrícola y minera en el Valle de Famatina, en la provincia de La Rioja (Argentina). En términos generales, nuestra hipótesis es que las disputas manifiestas y latentes entre las producciones agrícolas tradicionales y las actividades económicas surgidas en los últimos años giran en torno a dos ejes: por un lado, la amenaza de la instalación en el Valle de emprendimientos de megaminería a cielo abierto que despertó un alto nivel de conflictividad política entre las poblaciones, las cuales han logrado detener hasta el momento los avances de esta actividad; y por otro lado, el uso del agua que determina formas diversas de apropiación de la tierra y el territorio, tensionando las prácticas tradicionales de producción vitivinícola, olivícola y nogalera y transformando los mundos de vida de los pobladores. Con respecto al recurso hídrico consideramos que existe una disputa latente no solo entre la minería a gran escala y las producciones agrícolas tradicionales y en proceso de modernización a partir de la incorporación de riego artificial y reconversión varietal, sino también entre la primera y los emprendimientos empresariales principalmente olivícolas surgidos en las últimas décadas.

Para abordar esta problemática proponemos una estructura argumental que comienza con la contextualización del avance y las características del modelo extractivo en América Latina, específicamente en Argentina, para luego abocarnos a su despliegue específico en el Valle de Famatina. Para fines analíticos dividiremos el trabajo en dos partes, una enfocada en las transformaciones agrarias, y otra que se centra en la disputa socioambiental activada a partir de los diversos proyectos de megaminería donde confluyen actores sociales de diversa índole. Finalmente, propondremos algunas reflexiones a la luz de los elementos presentados cuya reconstrucción se basa metodológicamente en una combinación de técnicas cuantitativas -principalmente análisis de diversas fuentes estadísticas- y técnicas cualitativas, como la observación participante, las entrevistas en profundidad y el análisis de medios periodísticos y comunicados de las organizaciones involucradas.

En los últimos tiempos se han difundido numerosos trabajos que intentan definir al modelo extractivo o al extractivismo contemporáneo (Acosta, 2009; Altvater, 2011; Giarracca y Teubal, 2013; Gudynas, 2009; Massuh, 2012; Seoane et al., 2013; Svampa, 2012; Svampa y Viale, 2014). A partir de ellos proponemos una reconstrucción de las diversas características asignadas a las transformaciones recientes de la producción primaria.

En la década de 1970 la economía mundial sufrió una intensificación del proceso de internacionalización de las transacciones comerciales y financieras que requirió de un nuevo “aporte” de recursos de los países “en vías de desarrollo” (Teubal y Palmisano, 2012). Los países del llamado “tercer mundo” fueron los más afectados por las presiones de los capitales privados transnacionales, ya sea en su faceta financiera, industrial o extractiva. Este régimen de acumulación global adquirió ciertas particularidades que suelen encuadrarse dentro del concepto de acumulación por desposesión. Este término, acuñado por el geógrafo David Harvey (2005), continúa con la tradición de las vertientes del pensamiento crítico que abordan la convivencia entre la acumulación ampliada de capital y los procesos de desposesión típicos de la acumulación originaria¹ A las prácticas extractivas tradicionales se suman otras novedosas como la extensión de patentes y licencias de materiales genéticos, plasma de semillas y diversas formas de biodiversidad conservadas por las poblaciones locales; la depredación de los bienes ambientales globales (tierra, aire, agua) y la degradación ambiental; la mercantilización de las formas culturales, las historias y la creatividad intelectual de los pueblos; la corporativización y privatización de activos previamente públicos (universidades, servicios públicos, empresas del Estado, etc.) (Harvey, 2005: 114).

Estas dinámicas que remiten al neoliberalismo, están generalmente lideradas por grandes empresas que dominan múltiples escalas de producción y que en muchos casos se centran en los procesos primario-exportadores como el agronegocio, la minería a gran escala y las grandes obras de infraestructura. En términos productivos, esto implicó un avance de la frontera extractiva de diversas materias primas. Para el caso de la agricultura, los granos y oleaginosas tuvieron una expansión notable por la subordinación mercantil de espacios comunes tanto naturales -bosques nativos, selvas, cerrados, mesetas semidesérticas, valles andinos, etc.- como productivos, destinados al autoconsumo. Así, se produjo el despojo de campesinos y comunidades indígenas para la apropiación de sus tierras, ya sea a través de estrategias de arrinconamiento silencioso o por medio de la violencia abierta (GER, 2004). Pese a este embate, la lucha por la tierra adquirió un nuevo ímpetu, tanto en lo que refiere a su acceso como a su propiedad. La disrupción del elemento territorial también se hizo presente cuando vastos sectores fueron desplazados por proyectos de gran escala.

Las políticas económicas del neoliberalismo se enfocaron en debilitar los pilares mismos de las economías aún no globalizadas, y en el caso del sector primario se impulsó la mercantilización de la tierra a través de la desregulación y desarticulación del andamiaje institucional que defendía, aunque fuera tibiamente, las economías campesinas o de pequeños y medianos productores agropecuarios. De esta manera se priorizaron las grandes corporaciones transnacionales o transnacionalizadas, las cuales avanzaron sobre el comercio mundial de productos primarios, la provisión de insumos y tecnología, el procesamiento industrial y la comercialización (Teubal, 2009).

En el caso de la producción minera, los cambios tecnológicos propuestos por la modalidad a cielo abierto con utilización de sustancias tóxicas e ingentes cantidades de agua reconfiguraron el mapa económico-político a lo largo de la Cordillera de los Andes y en cada lugar donde la concentración de minerales hizo redituable la explotación. Reflotando el mito de los desiertos, los territorios potencialmente explotables se presentaron como vacíos o sacrificables (Svampa et al, 2009), velando sus redes sociales, identitarias y productivas.

Hacia los albores del siglo XXI este proceso sufrió algunos cambios en nuestra región. En primer lugar, se dio un aumento del precio de los commodities, intensificando el modelo extractivo en todo el mundo. Los principales componentes de la canasta alimentaria y la gran mayoría de los metales mostraron valores absolutos sensiblemente superiores en los últimos años y una rápida capacidad de recuperación frente a las caídas de los mercados, principalmente a la registrada en la segunda mitad de 2008. En la actualidad este elemento se ha debilitado, generando diversas reacciones por parte de los actores empresariales.

En segundo lugar, las crisis y rebeliones que acompañaron las expresiones más crudas del neoliberalismo obligaron a los principales agentes económicos a transmutar sus esquemas explicativos. La mayoría de los organismos internacionales emprendieron una reconfiguración de las políticas que impulsan y, principalmente, la forma en que las presentan.²

En tercer lugar, las empresas intensificaron sus estrategias consensuales. De este modo, los continuos llamados a la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) mostraron la necesidad de dotar de un rostro más amigable a varios emprendimientos, desde los más “políticamente correctos” a los más depredatorios. Así se puso en manos de las propias corporaciones la mejora en las condiciones sociales, económicas y ambientales de los territorios donde operan, e incluso fuera de ellos.³

En cuarto lugar, destaca el ascenso de numerosos gobiernos que desde las prácticas y/o sus discursos buscaron diferenciarse de las políticas neoliberales de las décadas pasadas. Bolivia, Venezuela y Ecuador son caracterizadas dentro de los ejemplos más críticos de este grupo, mientras que Brasil, Argentina, Uruguay y Perú, junto al periodo de gobierno de Bachelet en Chile y Lugo en Paraguay, son los casos donde las reformas suelen ser más matizadas. Salvando las profundas diferencias, estas administraciones son críticas a la primacía del mercado como asignador privilegiado de recursos y han intentado avanzar en políticas de ampliación de derechos económicos, políticos, culturales y sociales, dándole al Estado un rol primordial. Sin embargo, paralelo a este cambio se registra un apoyo a opciones productivas netamente extractivas como la minería a cielo abierto, la explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales, el agronegocio y el monocultivo, etc. (Gudynas, 2009; Seoane et al, 2013; Svampa y Viale, 2014).

A modo de síntesis, podemos afirmar que la extensión del modelo extractivo en América tuvo diversos alcances que se conectan con las historias de cada territorio pero comparte varios puntos en común. Para el presente trabajo nos interesa ahondar en los alcances que ha tenido este modelo en una zona cordillerana de Argentina, el Valle del Famatina, donde se superponen diversas lógicas extractivas, específicamente el agronegocio y diversos proyectos de minería a cielo abierto, que disputan con la producción agropecuaria tradicional de la zona.

Las particularidades del avance del agronegocio en el Valle del Famatina: el cambio en los arreglos institucionales

A nivel nacional, la instauración y consolidación de los agronegocios requirieron desmontar todo el andamiaje institucional que desde la década de 1930 mantenía cierta estabilidad en los esquemas económicos a través de subsidios, precios sostén, cupos de producción y plantación, políticas productivas locales, etc. Esta transformación de las condiciones político-institucionales permitió que los complejos agroalimentarios se extendieran, desplegando procesos de concentración horizontal y vertical, incremento de las escalas de producción de los diversos cultivos y la desaparición de numerosas explotaciones agropecuarias.

Podemos mencionar dos ejemplos paradigmáticos de estos procesos. El primero de ellos es el Decreto 2.284 de 1991 de Desregulación Económica (Poder Ejecutivo Nacional, 1991). Por su alcance y contexto adquirió el statu de hito de la institucionalidad pública neoliberal en diversas instancias de la economía. Recurriendo al estado de emergencia vigente desde 1989, se procedió a desregular el comercio interior y exterior de bienes y servicios aboliendo o redefiniendo los Entes Reguladores, la estructura fiscal, el mercado de capitales, el sistema de seguridad social y la institución de la Negociación Colectiva. En lo referente al sector vitivinícola, que por aquel entonces representaba una de las actividades más importantes del Valle de Famatina en La Rioja, el decreto dispuso la liberación del cultivo, cosecha, implantación, industrialización y comercio de la vid. Por su parte, el Instituto Nacional de Vitivinicultura mantuvo su existencia pero sus prerrogativas se limitaron a la fiscalización de la genuinidad los productos. La eliminación de las políticas comerciales y productivas del organismo se realizó bajo el argumento de:

que la legislación regulatoria de la vitivinicultura estimuló desequilibrios en los mercados del vino, mosto y uva en fresco, alentando o desalentando el cultivo de acuerdo a distintas y contradictorias políticas, mediante cupificaciones, bloqueos, usos obligatorios de las uvas y vinos, e incluso de erradicación de viñedos (Poder Ejecutivo Nacional, 1991).

Esto restringió fuertemente la capacidad de intervención de las agencias estatales sobre los mercados agroalimentarios más importantes del país, en coincidencia con la voluntad de dejar que cada uno de los mercados se autoregule.

El segundo ejemplo fue la Ley 22.021 de 1979 (Poder Ejecutivo Nacional de facto, 1979). Esta normativa buscaba “estimular el desarrollo económico de la Provincia de la Rioja” a partir de un régimen de franquicias tributarias que incluyó desgravaciones, exenciones y diferimientos variables por un plazo de 15 años. Los impuestos nacionales alcanzados por la norma incluían el impuesto a las ganancias, al capital, al valor agregado, derechos de importación sobre bienes de capital, entre otros.

La Ley incluía diversos sectores económicos y en el caso de las actividades agropecuarias procuraba impulsar la expansión de empresas ya existentes y la apertura de nuevos emprendimientos. Las nuevas explotaciones podían tener origen en el saneamiento de la propiedad rural indivisa y del minifundio o en la extensión de la frontera agropecuaria, a partir de la incorporación de “tierras a la producción mediante la extracción de agua de subsuelo” (Poder Ejecutivo Nacional de facto, 1979. El destacado es nuestro).

En términos productivos, la Ley extendía, en la provincia de La Rioja, las exenciones del pago de impuesto a las ganancias a la adquisición de: ganado vacuno, porcino, caprino y ovino; maquinaria agrícola; instalaciones eléctricas; galpones y silos; aguadas; perforaciones e instalaciones para riego; implantación de pasturas permanentes; vivienda única para el productor; trabajos de desmonte, entre otras. Su alcance se fue ampliando a lo largo de los años desde el punto de vista geográfico, temporal y normativo, al punto tal que la misma se articuló con más de 40 resoluciones, leyes y decretos. Este marco normativo influyó sobre los mundos rurales hasta mediados de la década del 2000, cuando el Gobierno Nacional comienza a desmontarla. Con ello se interrumpió la tendencia de renovación periódica de los beneficios, reemplazándose por un sistema orientado al análisis de cada proyecto en particular.

Las transformaciones agrarias en torno a los recursos/bienes naturales en el Valle

Tal y como se desprende del análisis de la legislación, los cambios en los marcos regulatorios expresaron dos tendencias. Por un lado, la completa desregulación estatal de la actividad agropecuaria a partir de la limitación de sus políticas y organismos. Y por otro, la promoción de proyectos productivos con alto requerimiento de capital e inversiones en un territorio “modernizable”. Teniendo presentes estos puntos analizaremos los datos censales a fin de registrar las transformaciones en torno al uso de la tierra y el agua en La Rioja en general, y el Valle de Famatina en particular.

La tierra

El Valle de Famatina se encuentra entre el cordón homónimo y el de Velasco (La Rioja) e incluye los departamentos de Chilecito y Famatina. Allí, las transformaciones han estado vinculadas a la reconversión de los cultivos típicos de la zona (nogal, vid y oliva) y la extensión de nuevos emprendimientos. Este tipo de actividades registra una escala productiva de gran envergadura -que ronda las 100 hectáreas- mientras la producción tradicional diversificada no suele exceder las 10 ha. Frente a esta realidad productiva, las actividades agropecuarias tradicionales del Valle pueden estratificarse considerando que las pequeñas explotaciones son aquellas que no exceden las 10 ha; medianas las que se encuentran entre las 10,1 y las 100 ha, y grandes las que superan esa extensión.

Para abordar esta estratificación, proponemos analizar los Cuadros 1 y 2, de los cuales surgen varias aristas para destacar. La primera de ellas es la reducción en la cantidad total de explotaciones que se da entre 1988 y 2002, la cual afecta medularmente a las que tienen menos de 10 ha. Las mismas sufrieron una retracción en términos absolutos de 297 explotaciones, lo cual implicó una merma de su participación porcentual en un 6,32%, que se distribuyó entre las otras dos escalas. Paralelamente se observa un aumento de la superficie agropecuaria del Valle de casi un 75%. Esto denota la incorporación de tierras que hasta el momento no estaban en producción, lo cual está inexorablemente atado a la extracción de agua subterránea. En paralelo, la distribución de las hectáreas según la escala de extensión nos indica que es el estrato de las grandes explotaciones el que se ve más beneficiado. Tal es así que en términos absolutos, el área del primer estrato se mantiene casi sin modificaciones, mientras que las explotaciones de más de 100 hectáreas casi duplican su superficie. Vale la pena destacar que entre 1988 y 2002 se registró el mayor impacto de la Ley 22.021, pues se iniciaron el 85% del total de proyectos promovidos entre 1981 y 2010 (Pedraza, 2014: 224).

Queda aún considerar el Censo Agropecuario de 2008. Antes de trabajar con dicho relevamiento es necesario recordar que el mismo tuvo problemas al momento de la recolección de los datos que afectaron principalmente a la región pampeana.⁴ Sin embargo, en la provincia de La Rioja se cubrió el 96,6% de la superficie relevada en 2002 (INDEC, 2009a). Esto nos permite utilizar los datos para esbozar hipótesis fidedignas sobre el comportamiento de las variables examinadas en este trabajo. Así vemos que la tendencia a la retracción en el número de EAP continuó afectando en términos absolutos a todos los estratos. En términos relativos, la cantidad de pequeñas y grandes explotaciones se retrajo a favor de las medianas. La superficie agropecuaria del Valle se contrajo casi un 30% afectando congruentemente a todos los niveles y en términos relativos las EAP de más de 100,1 ha. La tendencia hacia una reducción de las explotaciones se mantuvo pero la novedad, en este caso, fue la retracción de las grandes explotaciones.

Cuadro 1. Cantidad y superficie de las EAP por estratos en el Valle de Famatina

Fuente: INDEC.

Cuadro 2. Cantidad y superficie de las EAP por estratos en el Valle de Famatina (%)

Fuente: INDEC.

Más allá de la distribución de la tierra, la región experimentó un profundo cambio en los cultivos y plantaciones, cuyo punto más destacado es la extensión de los olivos. Según los datos del INDEC, mientras la superficie implantada con vid y nogales se mantuvo relativamente estable, el área con olivos pasó de 209 ha implantadas en 1988 a 6.401 ha en 2008 (un incremento de casi el 3.000%). Tal es así que mientras en 1988 dicho cultivo representaba apenas el 2,65% de la superficie implantada del Valle de Famatina, para 2008 era el más importante y cubría el 42,79%.

En términos analíticos, podríamos plantear que una de las dinámicas más destacadas por las definiciones de agronegocio es justamente la tendencia a la concentración de los factores de producción que el modelo impulsa y se expresa en los primeros cuadros. A ello se suma el cambio productivo: el olivo pasa de ser un cultivo marginal a ocupar más del 40% de la superficie implantada, y si bien la provincia de La Rioja y el Valle de Famatina cuenta con una larga tradición de producción olivícola, las condiciones actuales de su producción son muy diferentes. En un trabajo sobre la olivicultura en Catamarca y La Rioja se demuestra que el 3% de las explotaciones olivícolas riojanas concentran el 80,4% de la superficie implantada con dicho frutal (Fernández Besada y Cáceres, 2010: 228). Esto implica que una parte importante de dicho cultivo se realiza en grandes explotaciones a lo que se suma que el olivo ha tenido un crecimiento exponencial en las últimas décadas.⁵

El agua

Tal y como afirman Giarracca y Hadad (2009) es la competencia por el acceso al agua en esta región semidesértica, lo que marca las tensiones entre las diversas producciones. Las autoras destacan que en los últimos años hubo una proliferación indiscriminada de perforaciones orientadas a satisfacer la demanda de cultivos olivícolas iniciados en la década de 1990 al calor de la Ley de Diferimientos, cuya orientación es netamente empresarial. Como puede observarse en el Cuadro 3, la expansión de la frontera agraria tuvo como correlato el aumento del área regada. En el ámbito provincial, el total de hectáreas regadas se extendió un 140,44% mientras que en el Valle de Famatina dicho valor creció un 68,76%. Si bien los datos no son directamente cotejables, puede verse cómo el área irrigada con fuentes subterráneas motorizó la expansión en ambas regiones a un ritmo provincial de más del 550% y, en la región estudiada, del 155% aproximadamente.

Vale la pena decir que el Valle siempre representó una magnitud muy importante del total de hectáreas irrigadas en la provincia. Sin embargo, la extensión del riego en otras zonas hizo que su importancia se redujera relativamente pasando de concentrar en 1988 del 50,5% de las hectáreas regadas al 35,5% en 2002. Este cambio se explica principalmente por la expansión del riego subterráneo en el resto de La Rioja pero no debe desestimar su extensión también en el Valle del Famatina.

Cuadro 3: Superficie regada de las EAP por fuente de agua⁶

Fuente: INDEC.

Otro dato que pone en relieve la importancia del Valle de Famatina en el plano agropecuario provincial es el hecho de que la región concentraba en 2002 el 30% de los pozos en funcionamiento de la provincia. En este sentido, la información censal tampoco permite realizar comparaciones; sin embargo, a través de contactos con la Estación Experimental Agropecuaria Chilecito del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) hemos accedido a los datos brutos de un censo de pozos del departamento de Chilecito. Si bien este relevamiento no incluye todas las perforaciones de la zona, tiene la particularidad de proporcionar el nivel del agua de 107 pozos al momento de su apertura y una medición realizada por los técnicos entre noviembre de 2005 y junio de 2006. Para poder procesar adecuadamente los datos los dividimos entre aquellos pozos que databan de los años 60 y 70 por un lado, y aquellos abiertos de 1980 a la actualidad. El resultado de la comparación entre el nivel de agua al momento de la apertura y el relevamiento arrojó los siguientes valores: en el 94,2% de las perforaciones anteriores a 1980 el nivel de agua había bajado, mientras que para aquellos pozos construidos posteriormente el agua se encontraba a mayor profundidad en el 76,2% de los casos.

Como en otras regiones semiáridas, el corrimiento de la frontera agrícola hacia nuevas tierras estuvo acompañado por un incremento del área irrigada, y con ella de las perforaciones para extraer el recurso hídrico. El monto de esta inversión, articulado con las ventajas que proveyó el régimen de franquicias tributarias, aumentó la concentración del recurso hídrico en las grandes explotaciones. Para 2002, el 71,3% de la superficie provincial irrigada correspondía a grandes explotaciones de más de 100 ha y el 18,2% a producciones de entre 10,1 y 100 ha. En contraste, la EAP de menos de 10 ha contaban con apenas el 10,5% del área regada en La Rioja. Este escenario evidencia la desigual distribución del agua no solo entre los extremos de la estructura agraria sino que también incluye a productores de medianas extensiones, que paulatinamente han incorporado riego artificial y han iniciado una reconversión varietal tanto en la vid, el olivo o el nogal.

El escenario de disputa con la megaminería: organización social y resistencia

La extensión de actividades agrícolas intensivas muestra evidencias del frágil equilibrio que subyace en regiones donde el agua ordena gran parte de los espacios de vida. En este contexto, la posible instalación de emprendimientos de minería a gran escala con alto consumo de agua e insumos químicos, despiertan una creciente resistencia y organización social conectada con pobladores y pequeños productores con fuerte raigambre territorial. En contraste, esta situación no parece interpelar a los actores del agronegocio. Si bien la explotación minera no ha llegado a instalarse, su potencial amenaza mantiene en vilo a la población desde hace casi una década.

El conflicto minero en La Rioja ha tenido momentos de mayor exposición -durante los periodos 2007-2008, 2012, 2015- y otros de relativa calma, coincidiendo con lo que Melucci (1994) denomina periodos de latencia y visibilidad de los movimientos sociales.⁷ Las primeras movilizaciones en el Valle de Famatina datan del 2007, cuando transcurriendo el mes de marzo se lleva a cabo un fundacional corte del camino de acceso al cerro en Peñas Negras, apoyando la sanción de la ley provincial 8.137 -que determinaba la prohibición de explotaciones mineras a cielo abierto con sustancias tóxicas-, la cual tuvo gran significatividad para los pobladores de la región, a pesar de su corta vigencia.⁸ Un año antes, los vecinos de Chilecito y Famatina habían comenzado a escuchar las primeras noticias acerca del proyecto de instalación de una explotación minera de oro y cobre “a cielo abierto” en el cerro que domina la zona, comandado por la empresa canadiense Barrick Gold Corporation⁹ y secundada por sus socios locales, Yamiri S.A. Es en este contexto que comienzan a gestarse las organizaciones sociales¹⁰ que encabezarán la resistencia.¹¹

A pesar del auspicioso comienzo, la lucha asamblearia recrudeció ante la derogación de la ley antiminera en 2008, que reanudó los intentos por instalar la explotación minera. En ese contexto, la resistencia popular mostró su tenacidad y valentía, enfrentándose a los intereses corporativos y estatales a través de bloqueos selectivos en las rutas, escraches y performances en eventos públicos, charlas informativas y todo tipo de activismo.¹² Esta temeridad fue duramente contestada por las autoridades provinciales, que iniciaron procesos judiciales a algunos de los manifestantes, así como cesantías a trabajadores municipales identificados con la lucha antiminera.¹³ Al mismo tiempo, estos primeros años fueron también un momento de expansión y consolidación de más de un centenar de asambleas y organizaciones que resisten a la materialización de la lógica extractivista en sus territorios, construyéndose espacios de acción colectiva y coordinación, como son los encuentros de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC),¹⁴ en los que las asambleas chileciteñas y famatinenses tuvieron una activa participación.

Un segundo momento de intensificación de la resistencia se dio en enero de 2012, cuando se inició un nuevo corte en el camino de ascenso al Famatina en la localidad de Alto Carrizal, a escasos kilómetros de Peñas Negras.¹⁵ Estos hechos tienen su fundamento en la reanudación del interés estatal en la explotación del Famatina -por el que en agosto de 2011 se firmara un acuerdo con la canadiense Osisko Mining Corporation para continuar el proyecto- que llevó a la realización de un encuentro de representantes del grupo empresario con vecinos para informar del proyecto. De esta reunión surgieron dos elementos: la evidencia de la aún férrea resistencia de la población al proyecto -muchos ciudadanos se apersonaron espontáneamente en el lugar, demandando la inmediata salida de la empresa de la región- por un lado, y el trabajo “de inteligencia” realizado sobre los miembros de las asambleas -hecho que se descubre al ser olvidada, en el lugar de la reunión, una carpeta conteniendo el listado de vecinos involucrados en la lucha antiminera junto a detalles de sus posturas, grados de radicalidad, lugar en la comunidad, etc.- por el otro. Los hechos de 2012 toman el carácter de una pueblada, donde la participación desbordó la instancia asamblearia y se transformó en un acontecimiento que involucró al pueblo en su totalidad, bajo el omnipresente lema de “El Famatina no se toca”.

Los episodios de 2012 inauguran una etapa de mayor visibilidad de esta protesta, provocada tanto por el apoyo que expresaron personalidades de la talla del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, o del reconocido escritor uruguayo Eduardo Galeano, como por el rol fundamental que tuvo la cobertura de los hechos en medios periodísticos de alcance nacional. La nacionalización del conflicto y su creciente visibilización significaron un alto costo para una potencial represión, por lo que vencidos los plazos para el comienzo de las obras de exploración, y con una población que se oponía claramente a conceder la licencia social a un emprendimiento de megaminería, Osisko terminó rescindiendo el contrato de explotación minera con la provincia.¹⁶

Al cabo de un periodo de relativa calma, en 2015 se registran dos momentos álgidos en la lucha. El primero a mediados de abril, cuando algunos asambleístas manifiestan públicamente su estado de alerta y máxima movilización por la inminente instalación de una empresa minera de origen salteño en la zona de Angulos, poblado ubicado al norte del departamento de Famatina.¹⁷ En el transcurso de esos días, los pobladores de Chilecito y Famatina reiteran la inexistencia de la licencia social del pueblo para este tipo de emprendimientos, y consecuentemente son testigos de la réplica del grupo empresario: Miguel Urtubey, titular de MIDAIS SH, la empresa en cuestión, realiza una denuncia penal contra 35 pobladores -entre ellos, el intendente departamental, Ismael Bordagaray, el cura párroco, Omar Quinteros, y hasta una menor de edad- por un supuesto atentado a las instalaciones del campamento minero.¹⁸

El segundo momento de fuerte enfrentamiento ocurre en octubre, cuando se conoce la noticia de la existencia de una orden de restricción de acceso a la zona del campamento de MIDAIS hacia el intendente y los restantes procesados, hecho que desencadena a partir del 10 del mismo mes, un corte del camino de acceso a la zona -el propio cauce del río Blanco-. Esta vez el gobierno provincial decidió tomar medidas drásticas al respecto, ordenando la actuación de las fuerzas de infantería provincial, quienes reprimieron a los manifestantes con balas de goma y gases lacrimógenos.¹⁹ La repercusión del episodio fue masiva y de alcance nacional, razón por la que probablemente no se continuaron profundizando las medidas violentas del gobierno. Así, y ante el inminente recambio de las autoridades provinciales, se abrió un periodo de diálogo, con la mediación del obispo provincial, Marcelo Colombo, que terminó, el 3 de noviembre, con la salida de MIDAIS del departamento de Famatina.²⁰

Un hecho singular en este último episodio fue la aparición de una declaración de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA) que expresó su repudio ante la represión de Angulos, afirmando que “[...] la defensa y preservación del agua es un problema que nos atañe a todos, ciudadanos y gobernantes, por lo que no se entiende que se reprima a quienes defienden un recurso vital para el desarrollo de la provincia que tanto anhelamos” (CARPA, 2015). Esta toma de postura de la entidad que agrupa a productores medianos de la región es novedosa, en tanto no habían aparecido declaraciones públicas anteriores del sector agropecuario en contra de la actividad extractiva, hecho que tempranamente llamó nuestra atención, y que expresamos en un trabajo (Giarracca y Hadad, 2009: 250).

De acuerdo con algunos testimonios, en 2006 CARPA había mostrado una actitud de colaboración con los sectores que resisten a la megaminería prestando sus instalaciones para la realización de las primeras reuniones informativas.²¹ Sin embargo, a pesar de la evidente situación de perjuicio de la actividad agropecuaria por parte de una potencial explotación minera de las características de la proyectada, hasta esta última declaración no se habían escuchado voces representativas del sector.

En los años que llevamos siendo testigos y analizando el conflicto de Famatina, nos ha llamado la atención la evidente paradoja de la inacción de las organizaciones agropecuarias ante la amenaza minera. A pesar de que muchos asambleístas son asimismo productores, y muchos otros que no participan de la lucha abiertamente se reconocen contrarios a la instalación de la mina, las organizaciones que los agrupan prefirieron mantenerse al margen de la disputa, quizá cumpliendo con la lógica del free rider de Olson (1992)²². Más allá de las razones de esta postura, que pueden ser complejas y aún no hemos analizado más allá del plano de las conjeturas, la aparición de las últimas declaraciones de CARPA podría implicar un cambio de perspectiva sobre la problemática minera. Sin embargo, los actores agrarios más concentrados surgidos o beneficiados por los diferimientos impositivos no han presentado una postura al respecto, aun cuando la demanda de agua que tendría un emprendimiento minero de las características señaladas los tendría dentro de los principales afectados, pues ambos abrevarían de los recursos hídricos subterráneos.

A esto se suma el posible impacto sobre la calidad del agua superficial que podría tener la instalación del emprendimiento megaminero, pues por la ubicación proyectada, los posibles derrames o filtraciones de las sustancias utilizadas para la lixiviación podrían afectar los cursos de agua que del que abrevan gran parte de los cultivos y las poblaciones. En este sentido, podemos conjeturar que el carácter especulativo de muchos de estos emprendimientos, como así también su poca conexión con el entramado territorial del Valle, explican parte de dicha inacción.

En un complejo escenario constituido por un entramado de múltiples relaciones sociales, políticas y económicas, y con una vasta riqueza cultural como trasfondo, las poblaciones chileciteñas y famatinenses han desarrollado sus mundos de vida con una fuerte ligazón con sus territorios y las actividades típicas de la producción agraria de la región -oliva, vid y nogal-, lo cual muchas veces ha implicado que a pesar de lo pequeño, en términos de superficie, de muchas de las fincas y del volumen de sus producciones, las familias conserven esta práctica económica como parte fundamental de su modo de vida (Giarracca y Hadad, 2009).

En este marco, podemos afirmar que existe una superposición de disputas en torno al agua protagonizada por las producciones locales, los diferimientos agropecuarios, las diversas empresas mineras que intentaron establecerse en el Valle y la población local. De alguna manera, la diferencia en las maneras de apropiar/vivir el territorio influye sobre los tiempos y la intensidad de la conflictualidad que manifiestan los actores. Mientras los pobladores de Famatina, Chilecito y las localidades de sus alrededores, muchos de ellos también pequeños y medianos productores agropecuarios, protagonizaron una temprana resistencia frente a lo que percibían como una abierta amenaza a su modo de vida, los actores del agronegocio no han manifestado ninguna opinión al respecto. Más aún, la convergencia entre las lógicas extractivas agrarias y mineras pareciera manifestarse en este silencio cómplice, a pesar del posible perjuicio que el uso del recurso agua por parte de la minería acarrearía para la producción del agronegocio.

Por su parte, los productores medianos y en proceso de tecnificación manifestaron su posición colectiva -condensada en el comunicado de CARPA de 2015- más bien tardíamente, aún cuando a título individual algunos de ellos respaldan la lucha antiminera desde sus albores. Aunque la dimensión productiva es abiertamente reivindicada por muchos de los pobladores que se oponen a la megaminería, las organizaciones gremiales han sido más esquivas en mostrar su oposición abierta. Si esto implica un cambio de postura permanente o no, es algo que aún no puede afirmarse, como tampoco podemos aventurar que MIDAIS haya sido la última de las empresas mineras que intentará asentarse en la región. Lo que sí parece evidente, es que tras una década de resistencia, la lucha sigue en pie.

¹ Principalmente Luxemburg (1964) y posteriormente Bonefeld [2001] (2012) y Dalla Costa [1994] (2004).

²  Para un desarrollo de este tema véase Tussie (2000).

³ Si bien no hay una estructura rígida que controle parámetros adecuados de responsabilidad social empresaria, la Organización de las Naciones Unidas cuenta con un organismo (United Nations Global Compact) que impulsa una serie de principios básicos vinculados al respeto de los Derechos Humanos, la eliminación de la explotación y discriminación laboral, la defensa del principio precautorio en temas ambientales y de las tecnologías “limpias” y la oposición a la corrupción (para ver los principios completos, remitirse a http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html). Sin embargo, su carácter es meramente consultivo y las empresas que ingresan en su órbita no suelen contar con el monitoreo adecuado.

⁴ Para un análisis sobre el fracaso del CNA 2008 véase Giarracca (21 de septiembre de 2009) y desde la perspectiva del propio organismo encargado del relevamiento, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 2009b.

⁵ De hecho, de las 25.602 ha provinciales cultivadas bajo la promoción de la Ley 22.021, 19.738 (77%) se dedicaron al olivo, seguido por la jojoba (11%), la vid (7) y otros cultivos (Pedraza, 2014: 227).

⁶ Los datos de este cuadro fueron reconstruidos para poder viabilizar una comparación, pues la forma de relevamiento entre ambos difiere. En 1988 se presentan la cantidad de hectárea regadas de acuerdo a la fuente de agua (superficial, subterránea o mixta) pero este dato no está disponible en 2002. Para reconstruirlo consideramos que toda el agua utilizada en el sistema gravitacional se abastecía de agua superficial mientras el resto de los sistemas lo hacía con agua subterránea. Advertimos que este método puede haber sobredimensionado la columna correspondiente a fuente de agua subterránea en 2002.

⁷ Melucci (1994) explica que los movimientos sociales pasan por distintas etapas donde tienen lugar distintos procesos y configuraciones, relacionados entre sí. En la fase de latencia se producen los replanteos y cambios en la construcción de significados, se generan nuevos códigos, distintos y hasta antagónicos a los instituidos socialmente, para interpretar la realidad social, a partir de los cuales será posible una posterior etapa de movilización, y consecuente visibilidad del movimiento. La fase de movilización es una manifestación de la existencia del colectivo, que hasta ese momento permanecía “en las sombras”, y permitirá plantear abiertamente su lógica de pensamiento y acción.

⁸ La mencionada ley fue derogada en agosto de 2008 por el entonces gobernador de la provincia, Luis Beder Herrera -su principal impulsor un año y medio antes-, y reemplazada por una nueva normativa de carácter eminentemente pro-minero (Ley 8.355).

⁹ La empresa Barrick Gold se retira oficialmente del proyecto en mayo de 2007. Véase la nota del diario La Nación del 8 de noviembre de 2015.

¹⁰ Se trata principalmente de la “Asamblea Ciudadanos por la Vida de Chilecito” y la “Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Famatina”, ambas organizaciones de actuación protagónica hasta la actualidad.

¹¹ El documental Cielo abierto, de Carlos Ruíz (2007) relata precisamente los primeros momentos de la organización asamblearia de Famatina y Chilecito. Véase también el film documental Oro impuro, de Fernando Solanas (2009), que testimonia la lucha antiminera en varias provincias argentinas, entre ellas, La Rioj a.

¹² Los cortes de ruta intentaban bloquear el acceso de los camiones de insumos a la zona de la mina Bajo La Alumbrera, en Catamarca, hecho que llevaron a cabo con relativo éxito. Esta modalidad de protesta también se registra en diversos momentos en las localidades tucumanas de Amaicha del Valle y el paraje “El Paso” y en Tinogasta, Belén y Santa María en Catamarca (Machado Aráoz, 2009; Sola Álvarez y Bottaro, 2013).

¹³ Es el caso de muchos docentes que testimonian amenazas y persecuciones en sus lugares de trabajo.

¹⁴ Véase el cuadernillo “Construyendo caminos colectivos en defensa de nuestros territorios”, publicado por la UAC en <http://asambleasciudadanas.org.ar/documentos-uac/> (consultado el 15/3/2016).

¹⁵ Cabe señalar que hubo un intento anterior, durante 2010, de instalación de una empresa minera en la zona, la Shandong Gold, de origen chino, mas esta tentativa también fue frenada por la acción de los asambleístas. Véase la nota del diario La Nación del 8 de noviembre de 2015.

¹⁶    Véase la nota del diario La Nación del 2 de julio de 2013, en: <http://www.lanacion.com.ar/159744-el-gobierno-de-la-rioja-rescindio-el-contrato-con-la-minera-canadiense-osisko-por-la-explota> (consultado el 15/3/2016).

¹⁷    Véase “Vecinos de Famatina en alerta por instalación de minera en Río Blanco”, reportaje extraído de Radio Viva, 14 de abril de 2015. Disponible en: <http://www.noalamina.org/mineria-argentina/la-rioja/item/14019-vecinos-de-famatina-en-alerta-por-instalacion-de-minera-en-rio-blanco>    (consultado el 15/3/2016).

¹⁸    Véase “Empresa minera denunció a vecinos de Famatina por un atentado.” En El inversor energético y minero, 24 de abril de 2015. Disponible en: <http://www.inversorenergetico.com.ar/empresa-minera-denuncio-vecinos-de-famatina-por-atentado/> (consultado el 20/3/2016).

¹⁹ Véase nota del diario Clarín del 15 de octubre de 2015, en: <http://www.clarin.com/politica/Elecciones_2015-Julio_Martinez-La_Rioja-Famatina-represion-protesta_0_1449455301.html> (consultado el 20 de Marzo de 2016).

²⁰ Véase nota del diario La Nación del 4 de noviembre de 2015, en: <http://www.lanacion.com.ar/1842439-por-la-presion-de-los-pobladores-otra-minera-debera-irse-de-famatina> (consultado el 20/3/2016).

²¹    En una entrevista realizada a una integrante de la Asamblea de Famatina en agosto de 2009, ella nos comentaba que “...al poco tiempo que se formó la asamblea acá, fue [Javier] Rodríguez Pardo a dar las conferencias en Chilecito, que las daba en CARPA, [...] vino con el ingeniero [en minas] Hugo González, hicieron unos foros muy importantes y ahí se agrupó Chilecito, y comenzaron a hacer asambleas ahí, es la segunda que se crea, Chilecito.”.

²²    El dilema conocido como del free rider implica el argumento de que el interés común no es incentivo suficiente para la acción colectiva porque los sujetos individuales que la llevarían a cabo no estarían dispuestos a pagar el costo de la misma, si de todas formas recibirían los beneficios de la acción cuando otros la lleven a cabo (Olson, 1992).

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*Esta investigación se ha llevado a cabo en el marco de los Proyectos de Investigación (FONCYT 20100742): “Disputas socioterritoriales por el acceso a los recursos naturales: producción de agroalimentos y actividades extractivas”. Director Dr. Miguel Teubal, 2011-2014; y (UBACYT: S-098): “La disputa por tierra y territorios con sus bienes naturales en la argentina del siglo XXI. El escenario de América Latina”. Directora Prof. Norma Giarracca, 2008-2011.

Recibido: 28/01/2016    Aprobado: 17/10/2016

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