RIVAR Vol. 5, N° 13. Enero 2018: 34-54.

Artículos

Desarrollo del cooperativismo vitivinícola en la provincia de Mendoza

Cooperative Winemaking Development in the Province of Mendoza

Juan Manuel Cerdá*

*CONICET y CEAR-UNQ. Correo electrónico: jmcerda@unq.edu.ar

Resumen

El cooperativismo vitivinícola en la provincia de Mendoza resulta ser un caso particular en tres sentidos: por un lado, debido a la demora en su desarrollo; por otro, porque a pesar de ello aparece como un caso exitoso, al menos en relación a su importancia dentro del sector; finalmente, porque sus inicios y desarrollo posterior no parecen estar asociados a las causas que la literatura internacional encuentra para otros países.

Es por ello que el presente trabajo ofrece un panorama comprensivo de la evolución de las cooperativas vitivinícolas a lo largo del siglo XX y su relación con los ciclos económicos y otros factores relevantes. En particular, el trabajo explora las razones que llevaron a la organización de este tipo de entidades en la provincia de Mendoza, a partir de los registros administrativos de las entidades que regulan el sector.

Palabras clave: cooperativas, vitivinicultura, Mendoza, economía social.

Abstract

Cooperative winemaking in the province of Mendoza results in a particular case in three senses: on the one hand, the delay in its development. On the other hand, because it nevertheless appears as a successful case, unless in relation to its importance within the sector. Finally, because its beginnings and later development do not seem to be associated with the causes of international literature is found for other countries.

This is why this paper presents a comprehensive overview of the evolution of wine cooperatives throughout the twentieth century and its relationship with business cycles and other relevant factors. In particular, the paper explores the reasons that led to the organization of this type of entities in the province of Mendoza from the administrative records of the entities that regulate the sector.

Keywords: cooperatives, viticulture, Mendoza, social economy.

Introducción

Las cooperativas han tenido un tratamiento dicotómico en la literatura científica en las últimas décadas. Mientras que algunos autores se han convertido en defensores y promotores de estas instituciones, otros la han visto como una salida a las crisis económicas. En general, los primeros se apoyan en la promoción de los valores solidarios, las formas de organización comunitaria y la idea de una distribución más “justa” de la riqueza producida por los trabajadores y trabajadoras. Por el otro lado, se ha asociado la creación de empresas cooperativas con condiciones económicas críticas porque, en ese contexto, las cooperativas ofrecerían una mejor respuesta a las necesidades sociales y corregirían de alguna manera las fallas del mercado (Román Cervantes, 2014). Dentro de esta corriente más general se encuentra aquella que, con una mirada microeconómica, afirma que las cooperativas son menos eficientes que las empresas capitalistas, y por ello solo son una opción viable en momentos de fuerte contracción económica (Hansmann, 1996). Sin embargo, desde un punto de vista histórico, no hay un consenso pleno que apoye o descarte alguna de estas dos posiciones. En el caso del cooperativismo argentino las experiencias han sido muy variadas en uno y otro sentido a lo largo de todo el siglo pasado y del presente.

Según la literatura, el origen del cooperativismo argentino estuvo vinculado tanto a los inmigrantes europeos que llegaron a la Argentina como al impulso que le dio el partido socialista a finales del siglo xix.¹ El Estado tuvo una escasa presencia durante estos primeros años del movimiento y recién la primera ley de cooperativas se promulgó el 27 de diciembre de 1926 (ley N° 11.388, Sociedades Cooperativas), que luego fue modificada por la ley 20.337 en 1973. La ley 11.388/26 vino a cubrir un vacío legal que durante muchos años fue el reclamo central de los cooperativistas y socialistas.² A pesar de ello, el cooperativismo fue fructífero en el país a comienzos del siglo pasado, llegando a existir 1200 sociedades con fines mutualistas que reunían a medio millón de asociados en 1914 (Zimmermann, 1995: 77).

La historiografia argentina ha tenido una mirada centrada en los procesos de construcción del movimiento cooperativo y de las políticas de promoción desarrolladas por el Estado.³ En particular, un número importante de trabajos se ha ocupado del primer peronismo (1946-1955) y su desarrollo posterior, asociado al impulso que dicho gobierno otorgó al cooperativismo a partir de créditos flexibles y la promoción de dichas instituciones, tanto en el ámbito urbano como rural (Girbal-Blacha, 2001 y 2010; Mateo, 2004).

Sin embargo, menor ha sido la preocupación por las posibles relaciones económicas que llevaron a la constitución de dichas entidades. En la mayoría de los trabajos subyace la idea que el cooperativismo fue una opción racional de los productores o del Estado -o una combinación de ambos- donde aquel era un mecanismo que les permitió a los pequeños productores superar las crisis y sostenerse dentro del sistema. Esta idea esté quizás fuertemente asociada con el impulso que tuvo el cooperativismo durante los dos primeros gobiernos de Perón.

A partir de dichos debates, en el presente trabajo se analiza la creación de las cooperativas vitivinícolas en la provincia de Mendoza ya que, como veremos más adelante, aparece como un caso particular en el proceso de construcción del cooperativismo argentino. Si bien la idea de organización de cooperativas no fue ajena al propio devenir del sector vitivinícola en la provincia (Mateu, 2007; Barrios 2006 y 2010), estas entidades tuvieron un origen relativamente tardío en el tiempo con relación a otras regiones o producciones del país.⁴ También fue tardío en términos internacionales si se lo compara con Francia o Italia. Estos países basaron gran parte de su producción vitivinícola en este tipo de entidades y desarrollaron las primeras cooperativas vitivinícolas a inicios del siglo pasado (Simpson, 2000). Quizás la demora del caso argentino solo es comparable con el caso español donde el cooperativismo vitivinícola se desarrolló recién en la segunda mitad del siglo xx (Medina-Albaladejo, 2016: 31-32).

A pesar que la vitivinicultura en la provincia se basó en pequeños productores y en su mayoría de origen europeos -italianos, españoles y franceses- la primera cooperativa recién se fundó en 1928 en San Rafael (La Rafaelense). La existencia de estas dos condiciones -migrantes europeos y pequeños productores- no parece haber sido suficientes para el desarrollo del cooperativismo en Mendoza, como sí sucedió en otras regiones del país.

Hay cierto consenso en la historiografía mendocina de que la creación de cooperativas estuvo bloqueada durante la primera mitad del siglo pasado por la acción de los bodegueros y de los diversos gobiernos conservadores que administraron la provincia (Marianetti, 1965; Mateu, 2007; Barrios 2006 y 2010). Pero esta “demora” también estaría asociada a un imaginario social donde los pequeños productores podrían convertirse en grandes hacendados si les tocaba en suerte una seguidilla de buenas cosechas (Lacoste, 2003; Ponte, 1999). En gran medida, dicho ideario se basa en algunos casos particulares de migrantes europeos que llegaron a la provincia con escasos recursos económicos y que, luego de algunos pocos años de trabajo en la vid, consiguieron una fortuna importante. Estos ejemplos excepcionales parecen haber permeado rápidamente en el conjunto de la sociedad a través de la idea del emprendurismo individual, lo que habría debilitado las bases de asociativismo.

Por otro lado, debe notarse que a pesar de este comienzo tardío, en la actualidad, una de las empresas más importante del sector vitivinícola de la provincia de Mendoza y del país es la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (FECOVITA), empresa que compite tanto en el mercado interno como internacional.⁵ Esto llevó a preguntarnos ¿cuándo fueron creadas las cooperativas vitivinícolas en Mendoza? ¿a qué fenómenos sociales, políticos y económicos estuvo asociado? y ¿cuál fue su desarrollo a lo largo del todo el siglo XX?

El estudio se restringió a las cooperativas creadas en Mendoza, ya que es desde finales del siglo XIX ella es la provincia elemental en términos de producción vitivinícola; además, en la actualidad tiene la organización cooperativa más importante del sector.⁶ La construcción de la serie de cooperativas se realizó en base a información provista por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), la dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Mendoza y el Instituto Nacional Vitivinícola.⁷

Esta información no está sistematizada ni completa y para este estudio; solo se han tomado aquellas que se declaran realizando actividades vitivinícolas, por lo que es posible que haya algún error en términos de subcaptación de entidades. Ello obligó a comparar la información estadística con informes instituciones de época y bibliografía secundaria, permitiendo de este modo realizar un análisis más robusto con la información disponible.

El desarrollo del sector en Mendoza

Si bien la actividad vitivinícola tiene sus orígenes en el periodo colonial, el desarrollo del sector a partir del último cuarto del siglo xix permitió la sustitución de importaciones, especialmente de España y Francia. La agroindustria vitivinícola tuvo su mayor desarrollo en Mendoza y San Juan con tibias manifestaciones en la zona del valle del Río Negro y Neuquén, La Rioja y Salta a partir de la década de 1920. Esta surgió como recurso de los grupos dirigentes cuyanos a finales del siglo xix para insertarse en el modelo agroexportador liderado por el litoral pampeano. El proyecto nacional implicó el fomento de actividades agroindustriales en el interior del país que no entraran en competencia con los cereales y las carnes de la región pampeana, ni tampoco representaran enfrentamientos incómodos con los bienes provenientes de la importación (Supplee 1988; Girbal-Blach 1986, 1987; Mateu 2003; Mateu y Gascón 1990 y Richard-Jorba 1998).

El proceso de sustitución de importaciones fue favorecido por la intervención del Estado nacional, que impuso aranceles a la importación de vinos desde la última década del siglo xix (Pinilla y Serrano, 2008; Gennari, Orrego y Santoni, 2013). Ello implicó altos niveles de protección del mercado interno que solo se justificaban por la necesidad de promover dicha economía regional. Por otro lado, el crédito oficial en las regiones productoras y el tendido de vías férreas -que conectó en 1885 la ciudad de Mendoza con Buenos Aires-redujo el costo de transporte y facilitó la conexión con los mercados consumidos del litoral. Así, la actividad vitivinícola alcanzó en la provincia de Mendoza su máxima expresión, con rasgos monoproductivos. El vino producido estaba destinado a abastecer el mercado interno, conformado en su gran mayoría por inmigrantes de origen europeo que consumían diariamente el brebaje.

El impulso oficial, sumado a los altos beneficios que dejaba la actividad, dio como resultado un crecimiento rápido, aunque algo desordenado, a lo largo de todo el siglo pasado. A pesar de los inconvenientes sufridos por la actividad desde sus orígenes, el área cultivada con vid creció hasta finales de la década de 1970, a partir de la cual comenzó un proceso de retracción que se estabilizó a mediados de los años 90 del siglo xx.

Como podemos observar en el Gráfico 1, el desarrollo del sector mostró una alta correlación positiva con el crecimiento de la economía -medida a partir del Producto Bruto Interno (PBI)- hasta mediados de la década de 1970, cuando el consumo estaba asociado con el poder de compra de los argentinos. A partir de entonces -comienzos de los años 70-el consumo de vino se redujo; el stock comenzó a crecer y el sector se encaminó a la crisis más fuerte de toda su historia.

Gráfico 1. Evolución del PIB y del área sembrada con vid en Mendoza
(1930-2010)

Fuente: elaboración propia en base a los datos del INV y del Instituto de Investigaciones Económicas y Tecnológicas de la provincia de Mendoza para el área cultivada, mientras que el PBI fue tomado del Proyecto Maddison.

 

En general, se puede afirmar que la llamada “vitivinicultura moderna” se desarrolló en base a la producción de vinos comunes para el mercado interno. Tal modelo se sostuvo hasta finales de la década de 1970, cuando la última crisis de sobreproducción impulsó a los productores a un cambio en el perfil de los vinos, en miras de poder exportar. Es un proceso que coincidió con la mayor internacionalización del mercado vinatero, la entrada de nuevos países a la producción de vino (en especial los del “nuevo mundo”) y una mayor competencia a nivel mundial.

Aquel modelo que se basó más en el aumento de los volúmenes que en la mejora de la calidad pasó por diversas crisis. Las primeras se dieron a inicios del siglo xx (1901-1903) y se repitieron de forma sistemática en 1914-1918 y 1928-1932; 1955-1956; 1967-1968 y 1979-1991. En su mayoría fueron crisis de sobreproducción que, en algunos casos, se exaltaron por la caída del poder adquisitivo de la población, como ocurrió en los episodios de 1914-1918 o 1930-1932. La sobreproducción se explica en parte porque el sector gozó de una alta protección por parte del Estado, lo que llevó a una expansión ilimitada del área implantada con vid. Por otro lado, los bodegueros sostenían que los argentinos tenían niveles bajos de consumo -a pesar que el consumo aparente de vino del mercado interno llegó a ser de 90 litros per cápita (lpc) en la década de 1960.

No obstante, en muchos años la demanda no logró absorber el volumen de vino producido. El corolario de esta situación fue un marcado desequilibrio entre oferta y demanda que se repitió de forma cíclica a lo largo de todo un siglo. Pero, como se mencionó, a partir de la década de 1970 el consumo de vino desciende, producto del cambio en la dieta de la población y, en particular, de la sustitución del vino por otras bebidas como la cerveza y las gaseosas, tendencia que se dio principalmente entre los jóvenes. Esto se verificó conjuntamente al aumento sistemático en la producción de vino, lo que derivó en la caída de su precio y, por lo tanto, de la uva. Es una situación que empeoró durante los primeros años de la década de 1980, generando un ajuste en la oferta a través del derrumbe en la producción (Gráfico 2).

Gráfico 2. Evolución de la producción Nacional y el consumo de vino en Argentina

Fuente: elaboración propia en base a datos del INV.

En cierta medida, fueron los productores más pequeños los que se vieron más afectados por esta crisis de sobreproducción. Así, entre 1978 y 1991 el sector perdió aproximadamente 106.000 ha de vides en todo el país, de las cuales el 80% estaba en la provincia de Mendoza. Esta merma representó el 30% del total de las vides existentes en 1978 e implicó una caída del 47% en la producción total de vino. Sin embargo, la crisis encontró su fin a comienzos de los años 90, gracias a un cambio en la estructura productiva del sector y de una reorientación hacia una mejor calidad de los vinos producidos (Cerdá y Hernández Duarte, 2013 y 2014).

Intervención del Estado

Si bien a finales del siglo XIX las iniciativas para regular el mercado provinieron mayormente de los gobiernos provinciales, las crisis periódicas de la agroindustria llevaron cada vez más a los empresarios a agruparse y solicitar la intervención del Estado nacional (Ospital, 2005; Barrio de Villanueva, 2010). En general las demandas estaban dirigidas a suprimir las diversas cargas impositivas que gravaban el vino, sobre el supuesto de que estos aumentaban el precio y hacían disminuir el consumo. Al mismo tiempo, en los centros productores provinciales algunas leyes de emergencia trataron de resolver las dificultades provocadas por la superproducción mediante la destrucción de viñas o la compra de uva ya cosechada, destruyéndolas. Mas en ningún caso se aceptó un límite a la implantación de vides, a excepción del corto periodo en que funcionó la Junta Reguladora (Ospital y Cerdá, 2016). Con variantes en la planificación o en la ejecución, estas fueron las intervenciones más comunes para el sector. Las medidas de alcance parcial constituyeron la norma, en tanto que se demoró el dictado de una legislación que contemplara de manera global la complejidad de esta agroindustria.

En dicho marco, la promulgación de la Ley General de Cooperativas de 1926 no tuvo una repercusión importante en el sector vitivinícola de Mendoza. Tan solo una cooperativa se creó en los primeros 20 años de existencia de la ley.⁸ Ciertos hechos verificados durante este periodo parecen echar luz sobre tal fenómeno; la crisis de la vitivinicultura que comenzó en 1928 -provocada por la sobreproducción de dos excelentes cosechas, de 1928 y 1929- se profundizó a partir de 1930 con la caída de los salarios obreros y la consecuente reducción del consumo del vino. La recuperación se dio, en primer lugar, por las inclemencias climáticas que perjudicaron las vendimias de 1932 y 1933⁹ dando lugar a la liquidación del stock de vino existente en las bodegas; y, en segundo lugar, por la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores a partir de 1934. A ambos hechos se suman una serie de políticas públicas que desde el Estado Nacional tuvieron como corolario la creación de la Junta Reguladora de Vinos en 1935. En cierta medida, la Junta favoreció a los bodegueros, al garantizarles un precio mínimo del vino y la regulación de la salida del brebaje existente en el mercado, logrando sostener los márgenes de ganancias a los productores (Ospital y Cerdá, 2016; Olguín 2012).¹⁰ De tal modo, estas medidas adoptadas por el Estado provocaron la desaparición del incentivo económico a la formación de cooperativas.

Una vez que la economía volvió a crecer, y con ello los ingresos de los sectores populares, el sector vitivinícola recuperó dinamismo. Empujó a una nueva expansión de la superficie implantada y a un nuevo aumento en la producción vinícola; entre 1938 y 1950 el área sembrada en la provincia de Mendoza tuvo un incremento del 45% mientras que la elaboración de vino aumentó el 27%.

A partir de 1948 la economía argentina comenzó a mostrar una desaceleración en el crecimiento y un marcado aumento de la inflación, lo que obligó al gobierno peronista a replantear sus políticas económicas de crecimiento. El cambio de escenario potenció las alertas del gobierno nacional y provincial ya que, como se afirmó más arriba, el desarrollo sectorial estaba correlacionado positivamente con la evolución del PBI y del poder adquisitivo de la población. Como remarca una amplia bibliografía, el Segundo Plan Quinquenal estuvo marcado por la “vuelta al campo” y el fomento a las cooperativas (Gibal-Blacha, 2001; Mateo 2012; Mateo y Olivera 2006). Sin embargo, en el caso de la vitivinicultura mendocina el proyecto cooperativo se concretó recién hacia finales del segundo gobierno de Perón, coincidiendo con una nueva caída del consumo y una nueva crisis del sector.

A comienzos de la década de 1950 ya se percibía la necesidad de una nueva regulación por parte del Estado provincial y esta se dio a partir de dos medidas complementarias. Por un lado, la provincia acordó con el Banco de Crédito Español del Río de la Plata la compra del 51% del paquete accionario de la Bodega y Viñedos Giol, lo que le permitió no solo designar al presidente sino, también, tener mayoría en el directorio de la empresa.¹¹ Esta compra de acciones de la bodega más grande del país y una de las más grandes del mundo se justificó por parte de los promotores del proyecto como una herramienta necesaria para sostener y fomentar a los pequeños productores sin bodega.¹² En general, como ya vimos, en otras crisis estos eran los más afectados por los desequilibrios del mercado.

Otra medida importante, en consonancia con lo que estaba produciéndose a nivel nacional, fue el impulso del cooperativismo por parte del gobierno de la provincia. En 1953 se crea el Departamento de Cooperativas,¹³ desde donde se promovió la conformación de más de un centenar de cooperativas en apenas tres años (1953-1955), de las cuales unas treinta eran vitivinícolas.

Estas dos medidas tenían como objetivo propiciar una red de contención para los pequeños productores sin imponer límites a la implantación de nuevas vides, el cual era finalmente el problema de fondo del sector. Y es precisamente por ello que no cesaron las dificultades. A los problemas económicos se sumó la muerte de ocho personas en 1957, producto de adulteración en los vinos (Los Andes, 1982: 146). Fue un hecho que provocó una retracción aún mayor de los consumidores: se desplomó el consumo, pasando de 74,7 lpc en 1956 a tan solo 53 lpc para los años 1957 y 1958. Este hecho fue una de las causas que impuso la creación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) por parte del Estado Nacional.¹⁴ El Instituto nació como una entidad de derecho público y se constituyó como un órgano de fiscalización, promoción, desarrollo y control técnico en la fase de producción, de industrialización y comercialización del vino.¹⁵ Sin embargo, nuevamente, la ley de creación no hacía mención a ningún tipo de regulación en los límite de productividad.

Por el contrario, a partir de la década de 1960 se promulgaron una serie de medidas, en pos de fomentar la implantación de nuevos viñedos y el reemplazo de vides de calidad por otras que tuvieran mayor producción (Richard-Jorba, 2008; Gennari et al., 2013). Un ejemplo es la promulgación de la ley 16.833/66 de promoción para zonas áridas. Esta ley incluyó exención de impuestos para la producción en estas áreas, especialmente, para aquellos productores con inversiones en sistemas de riego basado en aguas subterráneas. En el marco de esta ley se implantaron más de 50.000 ha de vides de baja calidad enológica pero con grandes rendimientos por planta. Así, se amplió el área sembrada de uvas Criolla Grande, Criolla Chica, Cereza y Moscatel Rosada que, si bien no son específicamente para vinificar, fueron utilizadas porque tenían altos rendimientos por hectárea. Por otro lado, en más de una oportunidad, estas cepas vinieron a sustituir a vides de Cabernet o Malbec, las cuales fueron arrancadas, perdiendo espacio en la provincia. Acciones que llevaban implícitos riesgos que a poco de andar se convirtieron en realidad. El aumento de la producción unido a una merma en el consumo del vino llevó a un nuevo desequilibrio entre oferta y demanda, que derivó en la crisis más importante que tuvo que soportar el sector en general y la provincia de Mendoza en particular.

En este contexto en 1961 el gobernador de la provincia, Francisco Gabrielli,¹⁶ propuso privatizar la bodega Giol debido a los constantes déficits que tenía la misma y la imposibilidad de seguir siendo sostenida por el Estado provincial. Sin embargo dicha medida fue resistida por los sectores bodegueros, los cuales lograron la promulgación de la ley provincial n° 3.137/64 que declaró a la Bodegas y Viñedos Giol de utilidad pública, autorizando su expropiación y convirtiéndola en una empresa Estatal: Bodegas y Viñedos Giol Empresa Estatal, Industrial y Comercial. Giol pasó a ser un actor relevante para el sector en general y para los pequeños productores de vinos comunes en particular, ya que desde allí se realizó gran parte de las medias de regulación del mercado. Giol fijaba los precios de referencia de la uva y del vino en los mercados respectivos, dando así constante certidumbre a los productores.

Esta ley establecía también que el Poder Ejecutivo provincial, en un plazo no mayor a tres años, debía vender el 49% del total de las acciones ordinarias y el 100% de las preferidas a las cooperativas de producción, a los obreros y empleados de Giol, a contratistas, a trabajadores y propietarios rurales en general, entre otros actores, proceso que parecía imponer una “cooperativización” desde el Estado a la empresa pública (Podestá, 1982: 63). Pero esto no se llevó a cabo en lo inmediato. La estatización de Giol permitió la consolidar de su papel dominante en el mercado pero las malas administraciones de sus directores provocaron demoras en los pagos a los productores, debilitando la cadena de comercialización. Ninguna de estas medidas pudo frenar los desequilibrios que venía teniendo el sector y que se profundizaron en la década siguiente.

A inicio de los años 60 el stock de vino comenzó a subir de manera sistemática, a pesar de la recuperación del consumo. En 1967 aparecieron los primeros desequilibrios en una nueva expansión desmedida. Mientras que se llegó a una cosecha record de 36.823.316 Q de uva, que dieron como resultado 27.839.817 hl de vino, el consumo interno fue tan solo de 19.222.210 hl (equivalente a un consumo estimado de 82,8 lpc, valor para nada despreciable). La diferencia entre consumo y producción (ocho millones y medio de hl) dejó un excedente de casi un tercio del vino sin vender solo en ese año, al cual habría que sumarle otros tres millones y medio de hl del año anterior que no se habían colocado en el mercado local.

La exportación no era una alternativa para los bodegueros en aquellos años. Los vinos no eran competitivos y, por otra parte, ello implicaba procesos de comercialización que los bodegueros desconocían, producto de su orientación casi exclusiva al mercado interno. En este contexto, el gobierno nacional dictó la ley 17.482 que actuó sobre el mercado de vino de traslado estableciendo: a) el bloqueo del 16% del vino de existencia (limita la oferta) y b) un prorrateo de las salidas mensuales al consumo interno del 17% de las existencias iniciales. Esta fue una medida más de emergencia con vigencia entre el 1 de noviembre de 1967 y el 30 de octubre de 1968, aunque se sostuvo en el tiempo a partir de sucesivas prórrogas (Podestá, 1982: 60).

Nuevamente este conjunto de medidas paliativas no enfrentaba el problema de fondo: la sobreproducción. Esto explicaría, en gran medida, los orígenes de la crisis que se inició en 1978 y que se prolongó por más de una década. Tal crisis impuso la necesidad de repensar el sector y fue el momento propicio para comenzar un sendero de cambio. Un cambio que llevó a algunos productores a buscar mejor calidad con el propósito de intentar exportar su producto. Esto fue apoyado desde el INV y el INTA con estudios sobre las posibilidades de colocar el vino excedente en el mercado internacional. No obstante, gran parte de los productores no hicieron dicha reconversión¹⁷ y siguieron orientados al mercado interno de uvas para vinos genéricos o sin especificación varietal (Cerdá y Hernández Duarte, 2013). En este marco de transformaciones una parte importante de productores siguieron funcionando de la misma forma mientras que otros se incorporaron a diversas cooperativas vitivinícolas ya existentes. A continuación se analiza el derrotero de estas, bajo un marco regulatorio tan cambiante y de intervenciones sucesivas del Estado.

Como se mencionó en el apartado anterior, la Ley de Cooperativas de 1926 no tuvo efectos significativos sobre el sector vitivinícola mendocino. A partir de los datos disponibles en la Dirección de Cooperativas de la provincia y en el INAES se han podido contabilizar la creación de 130 cooperativas vitivinícolas en la provincia de Mendoza desde esa fecha hasta el año 2015. De estas, 28 entidades (21%) han sido dadas de baja por el organismo provincial y no están en funcionamiento. Esto no quiere decir que el resto (102 entidades) estén en activas, ya que el proceso de baja de una entidad puede llevar varios años y el organismo regulador no tiene toda la información actualizada. A partir de estos datos se ha podido calcular que la edad media de las cooperativas vitivinícolas es de 32,6 años en 2012,¹⁸ siendo la cooperativa más antigua en actividad la Cooperativa Vitivinifrutícola La Dormida Limitada, creada en 1950 y ubicada en el departamento de Santa Rosa.

Sin embargo, en 1928 se constituyó la primera cooperativa vitivinícola en la provincia de Mendoza: Cooperativa Vitivinifrutrícola y Agrícola de San Rafael Limitada, conocida como La Rafaelense. Fue fundada por un grupo de pequeños viñateros y bodegueros (algunos de ellos miembros de la Federación Agraria Argentina), entre los cuales se encontraban Santiago Mandrilli, Armando Mexandeau, Isidro Perdigués, Rodolfo Castro Toro y otros. El objetivo era “defenderse” de los grandes bodegueros y obtener, mediante la elaboración en común, cierta autonomía en la producción y venta de sus vinos. Para 1932 la entidad tenía una bodega propia en Rama Caída con capacidad para 8.000 hl y trece pequeñas bodegas de sus asociados en distintos puntos de la provincia.¹⁹ Luego de esta primera cooperativa se deberá esperar dos décadas (hasta 1950) para volver a tener noticias de la creación de una nueva entidad cooperativa en la agroindústria vitivinícola de Mendoza.

Sin embargo, a partir de 1953, con la creación del Departamento de Cooperativas de la provincia se observa un cambio significativo en la dinámica de estas instituciones. Entre 1953 y 1975 se crearon casi todos los años cooperativas vitivinícolas. La mayor frecuencia se observa entre 1953 y 1955 y entre los años 1967 y 1968; durante los primeros años de la década del 70 se registra una baja en esta intensidad (Grafico 3). De hecho, casi no se crean cooperativas durante el periodo 1975 y 1987, revirtiéndose la tendencia a partir de 1988 con la aparición de 25 entidades en apenas dos años. Este último evento estuvo asociado a la ya mencionada privatización de Giol y al traspaso de sus instalaciones a FeCoVitA.

Gráfico 3. Evolución de la creación de Cooperativas Vitivinícolas en Mendoza (1930-2015)

Fuente: elaboración propia en base a datos del INV, del INAES y Dirección de Cooperativas de la Provincia de Mendoza.

En principio no parecería haber una relación directa entre la evolución del PBI y la creación de cooperativas, como sí parece haber ocurrido en España (Román Cervantes, 2014). Más bien, la inestabilidad del mercado junto a una política activa desde el Estado provincial en la promoción de este tipo de instituciones aparecen como los dos factores que explicarían el origen del asociacionismo vitivinícola en Mendoza. Un proceso que coincide con el impulso que otras entidades, a nivel nacional, otorgaron al sector; por ejemplo, la creación de la Confederación Intercooperativas Agropecuarias Cooperativa Limitada (CONINAGRO) en 1956, la conformación de la Confederación de Cooperativas (COOPERAR) y del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) en 1962.

Pero en cierta medida la creación de cooperativas parecería estar también asociada a algunas caídas del consumo o sobreproducción. En primer lugar, la caída del consumo de 1952 y 1953, producto de la aceleración de la inflación en el último tramo del gobierno de Perón, luego la caída del consumo producto de la adulteración de vino de 1957 -que se mencionó anteriormente- y, por último, con un periodo de sobreproducción provocado por la cosecha extraordinaria de 1967. En este sentido, parecería que el cambio en la tendencia estaría dado por una mayor promoción de estas entidades y algunos eventos de retracción del mercado.

Por otro lado, queremos remarcar que, a pesar de un entorno político que no favoreció al asociativismo en otras regiones del país -como fue el gobierno de Juan Carlos Onganía (1966-1969)-, en la provincia de Mendoza se crearon 18 entidades cooperativas vitivinícolas entre los años 1967 y 1968. Proceso extraordinario, ya que si lo comparamos con otros periodos debemos esperar hasta la coyuntura particular de 1988 y 1989, donde se crearon 25 cooperativas. Durante los veinte años a la caída de Onganía surgieron solo trece cooperativas, de las cuales solo cinco se crearon en el interregno democrático mientras el que el resto (ocho) se organizaron con gobiernos autoritarios. Esto lleva a plantear que, en el caso particular de la provincia de Mendoza, el movimiento cooperativista no parece haber sido un objetivo a derrotar por parte de los gobiernos militares de la época.

Como ya se mencionó, a partir de 1970 el vino dejó de ser parte de la mesa diaria de los argentinos, lo que deprimió el mercado y complicó el sostenimiento de los pequeños productores. En este marco, no parece haber sido el asociativismo una alternativa para los productores, a pesar de que cada día se cerraba una bodega o se abandonaba una parcela con vid. Durante estos años el cooperativismo no parece haber sido un lugar de “refugio” para los productores ni una alternativa elegida para menguar los efectos de la crisis. Ello podría explicarse por el papel que ocupó la empresa Estatal Giol como garante del sostenimiento del mercado; se convierte en la empresa más importante en el mercado interno y el eje de las disputas políticas entre bodegueros, pequeños productores y el propio Estado, que lucharon por entre varias alternativas que iban desde su sostenimiento tal cual era hasta su privatización (Semienchuk, 2016). También, fue la empresa sobre la cual se planificó la salida de la crisis para los pequeños productores a finales de los años 80.

Cuando José Octavio Bordón asumió como gobernador en 1987 propuso la privatización de Giol por medio de una licitación pública. Dos años más tarde FeCoVitA -una entidad de segundo grado creada a comienzos de los años 80 para proveer insumos a los productores primarios- se adjudicó la licitación y se hizo cargo de la empresa.²⁰ Los pliegos de la licitación obligaban a la “organización adquirente” a crear cooperativas de primer grado que nuclearan a productores y elaboradores de vino en el término de dos años. Esta cláusula de la licitación, entre otras, posicionaba a FeCoVitA como la única capaz de hacerse cargo de Giol y explica también la creación de 25 cooperativas entre 1988 y 1999. La adquisición de Giol por parte de FeCoVitA era todo un desafio para el movimiento cooperativo pues implicaba no solo hacerse cargo de la bodega más grande de la Argentina sino además manejar una empresa ícono del sector. Por otro lado, al momento de la privatización era un emblema de desorganización y de la corrupción, lo que implicaba reconversiones profundas y grandes volúmenes de inversión. Sin embargo, FeCoVitA recibió como parte de la compra dos marcas (Resero y Toro) que fueron emblema del vino argentino, lo que le permitió posicionarse rápidamente en el mercado interno. A partir de esto, y basada en un management moderno, logró no solo mantener el control del mercado interno sino ampliar sus unidades de gestión hacia una línea de vinos de precio medio y alto a partir de su línea Estancia Mendoza y comenzó con la producción de mosto concentrado en la última década. La expansión de FeCoVitA no ocurrió únicamente en el ámbito sectorial sino también en el gremial. En noviembre de 2016, Carlos Iannizzotto -directivo de FeCoVitA y gerente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI)-, se convirtió en el primer presidente de CONINAGRO perteneciente al sector vitivinícola, luego de ser por dos periodos consecutivos vicepresidente de dicha institución.

El cooperativismo vitivinícola mendocino resulta interesante de estudiar porque es un campo poco explorado y presenta ciertas características particulares. Por un lado, su desarrollo fue tardío, tanto si se lo compara localmente como a nivel mundial. Por otro lado, en los últimos años, a partir de la compra de la Empresa Giol por parte de FeCoVitA, el cooperativismo provincial adquirió relevancia nacional e internacional. El tercer factor que lo hace original es que su nacimiento no parece tener una explicación unívoca. Si bien en el caso de la vitivinicultura mendocina hubo condiciones iniciales propicias para el cooperativismo -como la migración europea, la existencia de pequeños productores o crisis cíclicas de sobreproducción-, estas variables no tuvieron los efectos esperados, o al menos, no fueron promotores del asociativismo en la primera mitad del siglo xx, como sí lo fueron en otras regiones del país.

Aparecen como factores importantes la caída del consumo, la acumulación de stock y la intervención del Estado, propiciando su desarrollo a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Esto, a su vez, marca un quiebre con la posición gubernamental previa. En particular, durante la primera mitad del siglo xx, los gobiernos provinciales junto a los bodegueros enunciaron varias veces la posibilidad de crear cooperativas pero estos proyectos solo quedaron en los discursos, sin llevar adelante ninguna medida importante para institucionalizarla.

En este sentido, apostaron más a una política de intervenciones controladas a partir de subsidios directos al sector. Durante la primera mitad del siglo pasado la asistencia del Estado, tanto nacional como provincial, estuvo orientada a los productores y bodegueros de forma individual, consolidando una estructura productiva oligopsónica dominada por las grandes bodegas. A partir de la década de 1930 la intervención estatal se intensificó y se concentró en el control del mercado interno para garantizar márgenes de rentabilidad al sector. Así, por medio de la Junta Reguladora se intentó sostener esta agroindustria como parte de un acuerdo político más general. Por otro lado, y en parte por la acción activa del Estado, las crisis no fueron un factor determinante en la constitución de las cooperativas durante esta primera mitad del siglo XX.

En un contexto de alta protección del Estado a esta agroindustria parecería que los diversos actores vitivinícolas decidieron unirse -por medio de diversas asociaciones corporativas-, con el fin de canalizar sus reclamos ante el Estado, dejando de lado la opción cooperativa como forma de resolución de los problemas recurrentes del sector. Si bien es cierto que el cooperativismo implica otros valores más allá de económico, este no debe quedar excluido de la decisión racional de sus integrantes (Levi y Davis, 2008).

A partir de mediados del siglo xx dichas condiciones comenzaron a cambiar y la creación de estas entidades fue creciente. No obstante, parecería que en el caso de la vitivinicultura mendocina no fueron las políticas peronistas las que propiciaron el cooperativismo sino la caída en el consumo de 1951 y 1952, que impulsó la creación de la Dirección de Cooperativas en la provincia en 1953. Este inicio se vio potenciado en la década siguiente cuando la incertidumbre, producto de la inestabilidad del mercado de vinos, comenzó a aumentar. Una característica particular de estos años es que en momento donde el cooperativismo a nivel nacional entraba en un periodo hostil para su desarrollo, provocado el gobierno de Ongania (1966-1970), el cooperativismo vitivinícola creció de forma exponencial. En el cooperativismo vitivinícola mendocino no se evidencian diferencias sustantivas en la creación de cooperativas entre gobiernos de facto o democráticos.

Quizás ello pueda explicarse por la existencia de Giol, que cumplió un papel dominante en el mercado y que, muchas veces, fue utilizada por el gobierno como comprador de última instancia. A partir de 1954 esta empresa fue una nueva forma de intervención por parte del Estado, que se sostuvo hasta ser adquirida por FeCoVitA. En este sentido, todos los productores sabían que, aún en crisis, podían recurrir a Giol para vender sus productos, garantizando así un ingreso mínimo.

En cierta medida, también fueron los propios productores y bodegueros quienes minaron toda posibilidad de cooperativismo, pues creían que la vitivinicultura tenía margen para seguir creciendo en base al aumento del consumo del mercado interno. A lo largo de todo el siglo pasado el sector vitivinícola definió sus crisis como de infraconsumo y no como sobreproducción, lo que implicó una cierta negación (consciente o no) de la realidad. El sector sostenía que la población argentina podía (y debía) consumir igual que los franceses, italianos o españoles. Sin embargo ese objetivo no era real y el cambio en los hábitos de consumo a partir de los años 70 provocó un descenso en la ingesta de vino. Aún así, la población argentina se mantuvo entre las cinco naciones que más consumen vino en el mundo y el sector cooperativo es el que abastece una fracción amplia del mercado interno.

En síntesis, podemos afirmar que la existencia de pequeños productores, su origen europeo y cierta idea asociativa no fueron condiciones suficientes para lograr un sector cooperativista vitivinícola como sí se dio en Francia, Italia o España. Quizás esto tenga que ver con cierto ideario fundacional de la vitivinicultura mendocina asociado a la creencia de poder lograr el ascenso social a partir de un desarrollo individual. Esto se basó en algunos casos icónicos como fue el caso de Giol, por un lado, y por el grado de especulación que se generó durante la década de 1960 y 1970, por el otro.

Notas

¹    Juan B. Justo fue uno de los precursores, a través de la creación de El Hogar Obrero. Fueron elementales sus trabajos “Cooperación Obrera” (1897), “Cooperación Libre” (1909), “Cooperación y gremialismo” (1909) y “Ley sobre cooperación y las sociedades populares de crédito” (1927). Por otra parte, presentó tres proyectos de ley sobre el tema (Plotinsky, 2015).

²    El Código de Comercio Argentino no contenía un capítulo específico sobre este tipo de entidades y, aún en sus sucesivas reformas, el cooperativismo fue una forma de organización menor dentro del Código. En su reforma, realizada en el año 1889, se introdujeron los artículos 392, 393 y 394, donde se imponía que se debían acompañar su firma o denominación social con las palabras “sociedad cooperativa limitada o ilimitada”. En el acto constitutivo de las sociedades debían expresarse las condiciones de admisión y cese o exclusión de los socios, así como el mínimo de capital social y la manera de constituirlo. Las acciones debían ser nominales y cada socio no tendría más que un voto.

³    La producción historiográfica que ha estudiado el movimiento cooperativo en Argentina es abundante, entre los que se destacan los trabajos de Levin y Verbeke (1997); Olivera (2006); Girbal Blacha (2010), y Latuada y Renold (2014).

⁴    La primera cooperativa vitivinícola en la Argentina fue creada en 1913 en Colonia Gral. Roca, provincia de Río Negro, siendo, también una de las primeras entidades de este tipo en el sector agrario.

⁵    FeCoVitA adquirió en 1989 la unidad de fraccionamiento y comercialización de Bodegas y Viñedos Giol, obteniendo una infraestructura que le permitió participar en el mercado nacional primero e internacional después. En la actualidad nuclea a 29 cooperativas y a unos 5000 productores primarios. Para ver la importancia de FeCoVitA en el complejo vitivinícola argentino en ver Lattuada y Renold (2008); Lattuada y Renold (2011), y Azpiazu y Basualdo (2001).

⁶    Según datos obtenidos en el INAES, en la actualidad el 90% de las cooperativas vitivinícolas tiene actividad en la provincia de Mendoza. En el 2016 FeCoVitA fue la décima empresa más vendedora del mundo en términos de volumen (Euromonitor, 2017).

⁷    No es posible asegurar que la lista de instituciones cooperativa este completa, ya que muchas de las entidades son “multipropósito” o sea, que no necesariamente fueron inscriptas como vitivinícolas o vinícolas sino que pudieron ser inscriptas en otras categorías. En este sentido, y debido a la ausencia de registros públicos sistematizados, se ha decidido sumar todas las cooperativas de las tres bases de datos existentes: INAES, INV y de la dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Mendoza.

⁸    En este mismo sentido, tampoco había tenido resultados positivos el proyecto de José Néstor Lencinas para construir una cooperativa provincial. En 1918 Lencinas fue elegido gobernador de Mendoza; a poco tiempo de asumir inició un proceso de reformas sociales profundas. Además, comenzó a manifestar diferencias con el Presidente Hipólito Yrigoyen que, finalmente, llevaron a la intervención de la provincia por parte del Estado Nacional en 1919. En 1920 José Néstor Lencinas falleció, pero su legado político duró hasta la década de 1930 (Rodríguez, 1979; Mateu, 2007; Marianetti, 1965).

⁹    De 10.712.171 quintales de uva producidos en 1931, en 1932 y 1933 la vendimia apenas llegó a los 3.585.145 y 3.637.933, respectivamente.

¹⁰    En 1936 y 1938 la Junta destruyó 17.000 ha de vides solo en Mendoza y compró vino que luego fue tirado en las acequias de la provincia.

¹¹    Por ley 2.301 provincial del 30 de abril de 1954, compra el 51% del paquete accionario de la empresa Bodega y Viñedos Giol (Los Andes, 1982: 140).

¹²    En sintonía con estas medidas se creó en San Juan la “Cooperativa Agroeconómica, Vitivinícola, Industria y Comercial” (CAVIC), con el propósito de regular el sector en dicha provincia. Esta cooperativa cumplió el mismo papel que tenía Giol en Mendoza.

¹³    El Departamento de Cooperativas se creó por el Decreto 5411/53, dependiente del Ministerio de Economía.

¹⁴    La ley 14.878 del 23 de octubre de 1959 sustituyó la ley de vinos 4.363 de 1904 y creó a partir del Art. 3 el INV.

¹⁵    El Consejo directivo estaba formado por dos representantes de la provincia de Mendoza, dos de la provincia de San Juan, uno por la provincia de Río Negro, uno por la provincia de La Rioja, un representante de los productores, uno de los industriales, uno de las cooperativas vitivinícolas, un representante del resto de las provincias vitivinícolas por orden de producción, un representante de los obreros y un representante de los fraccionadores.

¹⁶    Francisco Gabrielli ejercerá el Poder Ejecutivo en tres oportunidades: 1961-1962, 1963-1966 y 1970-72. En esta última como interventor de los gobiernos militares de Juan Carlos Oganía y de Roberto M. Levingston.

¹⁷    Son muchas y variadas las razones por las cuales productores no hicieron esta transformación, lo que ameritaría un estudio más profundo no realizado hasta el presente. Algunos aspectos parciales pueden verse en Latuada y Renold, 2008 y 2011, y Cerdá y Hernández Duarte, 2013.

¹⁸    Se debe aclarar que la Dirección no está informatizada por lo cual la sistematización de los datos se ha realizado en base a la información primaria suministrada por el organismo. En particular, los registros de altas, bajas y balances no tiene la misma fecha de actualización.

¹⁹    El Consejo Administrativo estuvo integrado en la época de su fundación por José Camiletti, Efre Delboni, Santiago Mandrilli, Armando Mexandeau, Arturo Schedegge, Rodolfo Castro Toro (Presidente), Luis Moscardo, Ramón Balmaceda, Atilio Sardi y Joaquín Malanctzky. Diario Uno, “Historia de San Rafael: La Rafaelense, primera bodega en pasar a ser una cooperativa”, 5 de noviembre de 2014, Mendoza. Esta cooperativa presentó balances hasta 1992; después de esa fecha no se tiene noticias de la misma y fue dada de baja por la Dirección de cooperativas en 1999.

²⁰ Mario Latuada y Juan Renold (2008, 2011) han analizado extensamente los cambios que produjo la conformación de FeCoViTa en el entramado cooperativo y su importancia en el complejo vitivinícola argentino a partir de 1987.

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Recibido: 7-5-2017 Aprobado: 30-8-2017

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