RIVAR Vol. 5, N° 13. Enero 2018: 141-159.

Artículos

Política, corporaciones y trayectoria organizacional de pequeños productores y bodegueros en la zona este de Mendoza, Argentina (1980-2017)

Policy, Corporations and Organizational Trajectories of Small Producers and Wine Makers in the Eastern Area of Mendoza, Argentina (1980-2017)

Juan Ignacio Román*

*Licenciado en Sociología. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCUYO. Becario doctoral de CONICET. Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales. Mendoza, Argentina. Correo electrónico: jroman@conicet-mendoza.gob.ar.

Resumen

Este trabajo se basa en el estudio en torno a las pujas y a las relaciones de fuerzas entre sectores socio-productivos para definir un patrón hegemónico dentro de un complejo agroalimentario (Teubal, 1999). La hipótesis es que, pese a los cambios recientes en la vitivinicultura, actualmente los pequeños productores y empresarios mantienen una estructura corporativa tradicional que convive con una crisis de legitimidad, la cual explica la emergencia de nuevas formas de organización y la modificación de algunas trayectorias que previamente adherían al modelo. En primer lugar, se define el campo problemático y la perspectiva de la investigación. En segundo término, son analizados los cambios estructurales en la vitivinicultura, para luego mostrar el grado de avance en la reconstrucción de las trayectorias de las organizaciones intervinientes y sus posicionamientos políticos dentro de la época estudiada. Para esto utilizaremos entrevistas a dirigentes gremiales, el debate entre las corporaciones en los medios locales y los documentos elaborados por las propias organizaciones. Los resultados preliminares muestran que el sector adhirió a los cambios producidos durante el periodo de crisis aunque su accionar actual presenta trayectorias disímiles respecto a la legitimidad que le otorgada a los cambios en el complejo vitivinícola.

Palabras clave: corporaciones, vitivinicultura, pequeños productores y empresarios.

Abstract

This work is based on the study of the struggles and force relations among productive sectors to define an hegemonic pattern within an agri-food complex (Teubal, 1999). The hypothesis is that in spite of the recent changes, the current viticulture maintains a traditional corporate structure that coexists with a crisis of legitimacy, which explains the emergence of new forms of organization and the modification of organizational trajectories that previously adhered to the model. First, the problematic field and the perspective from which the present work is nourished are defined. Secondly, we analyze the structural changes in viticulture, and then show the degree of progress in the reconstruction of the trajectories of the organizations involved and their political positions within the time under analysis. For this, we will use interviews with trade union leaders, the followup of the debate between corporations through the local media and documents prepared by the organizations themselves. Preliminary results show that the sector adhered to the changes produced during the period of crisis, although its current actions have different trajectories regarding the legitimacy they give to changes in the wine complex.

Keywords: corporations, viticulture, small producers and entrepreneurs.

Introducción

Este trabajo se sitúa dentro del campo de la economía política. Particularmente, se ubica en el estudio en torno a las pujas y a las relaciones de fuerza entre sectores socio-productivos para intentar definir un nuevo patrón hegemónico dentro de un complejo agroalimentario (Teubal, 1999, Rofman y Collado, 2005). Dicho enfoque nos sitúa en un supuesto teórico en el que el desarrollo de una economía regional presupone el funcionamiento de un modo de regulación social que tiene como epicentro al Estado y al entramado social, político y corporativo donde se dirimen dichas disputas. En este contexto, el objetivo de la presente investigación es analizar las corporaciones de pequeños y medianos productores en Mendoza desde 1980 hasta la actualidad.

A partir de 1980 comenzó el colapso del viejo modelo centenario vitivinícola de fines del siglo XIX y se reabrió un debate en torno a qué estrategias adoptar para el logro de un modelo más equilibrado y sin crisis permanentes.¹ Lo novedoso de esta etapa no estuvo tanto en señalar los problemas estructurales de la industria² -que desde muy temprano distintos sectores y expertos ya los señalaban-³ sino en una serie de políticas novedosas, como la privatización de la Empresa Estatal Bodegas y Viñedos Giol, y la reconversión hacia la calidad y la modernización productiva iniciada en 1987 en la Provincia. Creemos que este proceso fue temprano, porque Mendoza fue el laboratorio para emprender reformas del Estado, la desregulación de la economía, la privatización de empresas estatales y los cambios productivos que a nivel nacional recién desplegará a comienzos de la década del 90.

La reconversión basada en la concentración y la orientación exportadora centrada en la calidad se expresó en el Libro Verde (1987) propuesto por el gobernador electo Octavio Bordón y posteriormente reforzado por el Plan Estratégico 2020 (2004). Así se abrió una etapa que presentada por los sectores dominantes como una propuesta consensuada que se prolonga hasta nuestros días. Sin embargo, las fuentes muestran una serie de luchas, negociaciones y resistencias -que involucran a distintos sectores- en torno a la apropiación del excedente y que hoy han puesto a la institucionalidad vigente en crisis.

Repensar la dimensión corporativa de un sector nos plantea el desafio de un análisis relacional de lo económico-estructural con lo político-institucional e ideológico. De esta manera, es de vital importancia comprender que las acciones que entablan las organizaciones agrarias se constituyen en un campo de relaciones, donde sus ritmos se desarrollan de forma desigual y su existencia reivindicativa, su constancia y su proyección en el futuro varían en el tiempo (Benencia y Flood, 2005). Así las organizaciones agrarias operan dentro de un contexto cambiante en donde interactúan las políticas de desarrollo agrario, el rol del Estado, las relaciones con otras entidades gremiales, los impactos de las innovaciones tecnológicas, etc.

A partir de esta conceptualización emergen una serie de dificultades. La primera reside en delimitar una organización. Las organizaciones gremiales del agro mendocino presentan una gran heterogeneidad en su interior, una larga trayectoria histórica y cambios en sus formas de organización, su base social y la zona de influencia de las mismas. En este sentido, para reconstruir una “organización agraria” es necesario una doble perspectiva: diacrónica y sincrónica. El primer eje se centra en el proceso. Por su carácter factual, la constitución de una organización no está programada. Su acontecer no sigue un camino uniforme, lineal o circular, sino que se expresa a través de una espiral de forma inestable (Crozier y Friedberg, 1990). Así, se hace necesario establecer su trayectoria organizacional a través de una periodización que muestre las continuidades y las rupturas, una gran variación coyuntural de los temas de reivindicación, las singularidades de las fases y su ritmo específico. Pero a su vez, las organizaciones ya establecidas entablan comportamientos rutinizados que les permiten otorgar coherencia, continuidad, identidad y previsibilidad para que no se destruyan o se disuelvan y logren construir lazos entre los miembros y la organización (Benencia y Flood, 2005).

Nuestra investigación se centra en la modalidad corporativa reivindicativa de pequeños y medianos productores del este mendocino, caracterizada por tener como objetivo fundamental la defensa integral (político-económica) de los intereses de un determinado colectivo más amplio, cuya meta es apropiarse de algún beneficio o bien público (Lattuada, 2006). Partimos de la necesidad de comprender la heterogeneidad de la base social de estas entidades, sus alianzas multisectoriales, proyectos divergentes y discursos al interior; así como el proceso de construcción identitaria de las mismas (Dosi y Lissin, 2011). De este modo el discurso de este tipo de organizaciones incluye una fuerte dimensión ideológica que sirve como cimiento y funciona como estructura de significación desde los cuales se interpretan los problemas e se interpelan a las bases sociales (Crozier y Friedberg, 1990).

La hipótesis es que pese a estos cambios se mantiene una estructura corporativa tradicional, ligada al mercado interno, la cual se encuentra en una franca crisis de legitimidad que explica la emergencia de nuevas formas de organización y la modificación de trayectorias de corporaciones que previamente adherían al modelo. Sin embargo, en la actualidad presenta trayectorias disímiles respecto a la legitimidad que le otorgan al modelo dominante.

La zona este sigue siendo el principal espacio vitivinícola de Argentina y Latinoamérica en cuanto a la superficie cultivada con uva común, a los volúmenes producidos y a su relevancia social, debido a la gran cantidad de viñateros y bodegueros que la conforman hasta la actualidad (Richard-Jorba, 2007). Por otra parte, constituye una zona poco estudiada respecto a los impactos de la reconversión productiva en sus dimensiones organizacionales e institucionales.

La trayectoria y el accionar de estas entidades es un eje fructífero para plantearnos una serie de interrogantes sobre la vitivinicultura, su historia y sus actores, especialmente porque la consideración de estos cambios como estrictamente económicos ha tendido a subestimar el papel político del sector de pequeños productores. Existen pocos trabajos que intenten reconstruir a este actor desde sus acciones políticas, formas de organizarse y modalidades de reclamo frente al Estado u otras entidades empresarias.

Para este trabajo inicial se han seleccionado a tres organizaciones corporativas vigentes durante el periodo bajo análisis y cuya zona de influencia es el oasis este de la provincia, aunque este aporte se ubica dentro de un proyecto más amplio que busca reconstruir las trayectorias y posturas políticas de las entidades gremiales durante 1980-2017. Para iluminar este proceso se realizaron entrevistas a dirigentes gremiales, análisis de la documentación elaborada por la propia entidad y el seguimiento del debate público que las mismas realizaron en diarios locales.

Se puede enumerar una serie de innovaciones y cambios socio-productivos que impactaron directamente en los pequeños y medianos productores y en consecuencia en su capacidad de organización. En primer lugar, las transformaciones en las relaciones de trabajo (agricultura flexible), que significaron una disminución generalizada del trabajo y un aumento del trabajo temporario sobre el permanente (Neiman y Bocco, 2001) y la aplicación de nuevas formas de tercerización y contratos precarios (Collado y Altschuler, 2013). En segundo lugar, la disolución de las formas tradicionales de asociativismo cooperativo y el cambio hacia perfiles de gestión más empresariales (Bocco, 2006).En tercer lugar, la incorporación de paquetes tecnológicos, varietales finos y labores culturales modernas, como el riego por goteo o el desmalezamiento químico (Azpiazu y Basualdo, 2001). En cuarto lugar, esta diversidad estructural también se manifestó en una división territorial al interior, entre territorios periferizados versus territorios dinamizados por la reconversión (Altschuler, 2012). Finalmente, esto se sumó a los problemas históricos estructurales en torno a la apropiación del excedente en la vitivinicultura (Mateu, 2007).

Ahora bien, el este mendocino, conformado por los departamentos de San Martín, Junín, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia, se caracterizó por una fuerte expansión de su superficie orientada a la producción masiva de uvas de baja calidad enológica (Richard-Jorba, 2007). En la década del 80, con la caída del consumo y de la rentabilidad de miles de pequeños y medianos productores, sufrió una profunda crisis que llevó a un fuerte proceso de erradicación de vides e hizo que muchos tuvieran que salir de la actividad durante los 90.⁴ La evolución de la superficie implantada disminuyó un -18,5% entre 1985 al 2003. La tendencia a la desaparición de viñedo con la devaluación no se vio modificada sustancialmente del 2003 hasta la actualidad.

En cuanto a los pequeños y medianos elaboradores de vino,⁵ entre 1984 y 1993, Azpiazu y Basualdo (2001) señalan que descendió su número de 1265 establecimientos a 654. De este modo, el grado de concentración económica aumentó, como consecuencia de que solo los ocho establecimientos más grandes pasaron de producir el 18% al 29,8% de los volúmenes producidos durante el mismo periodo. Es un claro indicador de la profundidad con la que se ha avanzado en la expulsión de actores y se ha concentrado la producción de vinos. Entre los factores explicativos se señala el relevante atraso tecnológico, la imposibilidad de aprovechar las economías de escalas, la escasa capacitación e innovación en marcas, diseño y marketing.

Actualmente existen en la zona cerca de 6000 productores vitícolas y el 60% de ellos no llega a las 10 has. En base a las entrevistas realizadas, estas pequeñas explotaciones agrarias se caracterizan por un predominio de la mano de obra del productor y su familia en las tareas productivas y/o de la gestión técnica. Tienen un limitado o nulo acceso al capital, al crédito, a la moderna tecnología y a la información estratégica. Otra característica es que su escala productiva o dimensión económica difícilmente les permite sobrepasar las necesidades de reproducción familiar y de su explotación (no más de 25 has),⁶ por lo que recurren a la pluriactividad. Además se caracterizan por una inserción productiva y comercial que limita su capacidad de acumulación y por lo tanto reproduce su condición de pequeño productor.

Si analizamos a los productores de uva, su producción está orientada totalmente al mercado interno, cuyo destino es la agroindustria procesadora vitivinícola. El aprovisionamiento de insumos y medios de producción se realizan vía mercado, por lo que tienen una falta de integración a la cadena de elaboración, fraccionamiento y comercialización y las consiguientes desventajas para definir el precio y las formas de pago con los agentes del proceso de elaboración (bodegas) y proveedores de insumos (Azpiazu y Basualdo, 2001).

El Centro de Desarrollo Vitícola, creado con el explícito propósito de analizar este sector, arrojó resultados alarmantes sobre la realidad de los viticultores. Por ejemplo, la elevada edad promedio de los productores de este sector, que ronda los 60 años, es indicadora de los problemas de recambio generacional que sufre el campo. Otra característica es el bajo nivel educativo de los mismos, ya que el 51% ha terminado la primaria solamente. Otro dato relevante es que el 72,5% no vive solamente de la finca, lo que expresa las serias dificultades de rentabilidad de las propiedades. Y finalmente, el 76,8% declaró no estar integrado formalmente a algún establecimiento vitivinícola ni cooperativo (CDV, 2013).

Con esta situación coexiste la aparición de “nuevos productores” extranjeros, de clases medias urbanas o empresarios que compraron o heredaron alguna finca y se dedican ahora al negocio como hobby (Heredia, 2010). Además de una minoría que pudo capitalizarse e inclusive comprar más tierras y que explica actualmente el proceso de medianización de las explotaciones (Bustos, 2009) o productores que vendieron y, que sin embargo, siguen viviendo en la zona e identificándose como viñateros.

En Mendoza no existen muchos estudios del conflicto y de las corporaciones relacionadas con el campo, a pesar de que en la provincia existe una clara tradición organizativa que se remonta a principios de siglo xx (Bragoni, 2011; Mateu, 2008). A fines de la década del 80 la crisis del modelo llevó a los sectores dominantes a aplicar políticas que intentasen resolver las crisis recurrentes de sobreproducción y de la caída del consumo a través de formas de diversificar su producción. En este sentido, Cortese (2001), señala que, en Mendoza, pueden ser resumidas en cuatro aspectos claves. Primeramente, se menciona la apertura económica, con un claro impulso exportador, en detrimento del mercado interno. En segundo lugar se alude a la restricción de la oferta para aumentar el precio del vino de traslado. Tercero, a la privatización de Bodegas y Viñedos Giol, que tiene un papel regulador de los mercados de uvas y de vinos. Finalmente, la reconversión de miles de hectáreas de viñedos a frutales y hortalizas mediante una ley de promoción de dichas plantaciones es el cuarto elemento de las políticas implementadas (Cortese, 2001). Y cabría agregar un quinto aspecto, que son las reformas institucionales que sufre el Estado con la quita de facultades de regulación del mercado del INV, la creación del Acuerdo Mendoza-San Juan para destinar un cupo a mosto y la creación del Fondo Vitivinícola, destinado a la promoción del mercado interno.

En este contexto de crisis general de la vitivinicultura, la reconversión produjo una disminución del número de productores y de movilizaciones abiertas que se emprendieron a mediados de la década del 90.⁷ Esto significó en gran parte que un amplio sector de productores se viera seriamente perjudicado y desmovilizado políticamente.

Durante la posconvertibilidad hasta la actualidad, Azpiazu y Basualdo (2003), junto a Rofman y Collado (2005) concuerdan en que una de las medidas centrales de importancia que definen el comportamiento del modelo durante todo este periodo fue la maxidevaluación de la moneda y el sostenimiento de un tipo de cambio competitivo. Esto benefició al sector de los “devaluadores”, ligados a la producción agroindustrial, a las exportaciones y a la industria nacional, que vieron en los precios relativos de los bienes transables una salida a la caída de la rentabilidad de la década anterior (Cortese, 2011). En este sentido, la estructura heredada que dinamizaba la producción de vinos de exportación se vio promovida por este tipo de política económica general.

En la actualidad respecto a la legislación del sector vitivinícola se mantiene la herencia de la década anterior. El INV continúa teniendo las mismas funciones restringidas que se instauraron durante los 90: controlar los estándares de calidad, garantizar indirectamente los precios y volúmenes de producción de uva y vino, establecer cupos de producción y comercialización de mosto y vinos (Azpiazu y Basualdo, 2001). Siguiendo esta línea, durante este periodo se mantuvo el Acuerdo Mendoza-San Juan con el fin de evitar un mayor stock de vino blanco y de esta manera garantizar el mercado y un piso en los precios percibidos en la uva producidas por los pequeños productores (Diario Los Andes, 14 de enero de 2017).

En dicho contexto, la política sectorial más importante que se destaca es la formulación en el 2002 del Plan Estratégico Vitivinícola Argentina 2020 (PEVI 2020) que tiene como objetivo estratégico tres ejes centrales: (1) posicionar los grandes vinos varietales argentinos en los mercados del norte; (2) desarrollar el mercado latinoamericano y reimpulsar el mercado argentino de vinos, y (3) desarrollar a los pequeños productores de uva para integrarlos en el negocio vitivinícola y del jugo concentrado (PEVI 2020: 2002). Este Plan Estratégico es el puntapié inicial que originó la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) a fines del 2004. Esta organización es de origen mixto y pretende nuclear a todos los actores de la cadena, al gobierno nacional y provincial y a los organismos sectoriales, de ciencia y tecnología afines. La misma tiene hasta la actualidad como fuente de financiamiento una contribución obligatoria por litro de vino elaborado.

En síntesis, el nuevo tejido institucional abre una serie de interrogantes sobre la eficacia y objetivos de las políticas actuales para el sector. Pese a una voluntad política expresa de resolver los problemas de la rentabilidad de los pequeños y medianos productores y empresarios, existen todavía políticas que mantienen el status quo heredado de la década menemista, donde prima el fomento a la inserción exportadora, la falta de control en la radicación de uvas y la falta de apoyo a los pequeños productores. Sin embargo, pese a estas políticas, la persistencia de la desarticulación de los pequeños productores primarios y pequeños y medianos empresarios con el eslabón agroindustrial continúa siendo un problema estructural de difícil solución. A la vez que estas medidas han tenido resultados muy dispares, ya que se observa la persistencia de crisis recurrentes de sobreproducción o escasez, la caída ininterrumpida del consumo, vaivenes negativos de los precios, problemas de rentabilidad de los pequeños productores y la consecuente desaparición del sector.

En la zona este de Mendoza existe gran cantidad de organizaciones que recorren el periodo de análisis. La mayoría opera en diversos niveles o grados (sean de primer, segundo o tercer orden), lo que dificulta recortar su área de influencia estrictamente. En dicho sentido, algunas organizaciones territoriales están radicadas directamente en la zona de estudio (Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, Asociación de Productores en Acción, Cámaras de Comercio y de Empresarios departamentales). Otras representan los intereses sectoriales de diferentes eslabones en particular de la cadena, que rebasan la zona de influencia (Asociación de Viñateros de Mendoza, Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, Unión Vitivinícola Argentina y Bodegas de Argentina, FECOVITA y ACOVI).

El sector analizado está compuesto por una heterogeneidad de actores. Entre ellos se identifican desde pequeños productores familiares de subsistencia, capitalizados y empresarios vitícolas (sin bodega), pequeños productores-elaboradores y medianos empresarios familiares de vino y mosto de traslado hasta empresarios vitivinícolas de traslado y/o de fraccionamiento. Dicha diversidad de actores no se corresponde necesariamente con una sola organización ya que existen solapamientos, múltiples participaciones, alianzas, flujos y reflujos de los miembros y posiciones de las organizaciones.

Como ya señalamos, nuestro interés está puesto en la trayectoria de dichas organizaciones a partir de un enfoque reconstructivo,⁸ por lo que se parte de las posturas actuales que se expresan en la coyuntura reciente donde ya se vislumbra una nueva crisis del modelo de la reconversión vitivinícola, para llegar al análisis de la percepción de la crisis y posterior reconversión durante la década del 80 e inicios del 90.

Se han seleccionado tres casos de estudio utilizando el criterio de maximizar la heterogeneidad entre organizaciones, el sector social que aglutina y los posicionamientos actuales en torno al modelo productivo vigente, con el objetivo de comparar las disímiles trayectorias organizativas recientes. Las organizaciones son la Asociación de Productores en Acción, la Asociación de Viñateros de Mendoza y el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este.

Cuadro 1. Organización gremial según tipo de sector social aglutinado

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas y documentos de las entidades.

En este contexto, en primer lugar nos detendremos en la Asociación de Viñateros de Mendoza. Desde sus orígenes en 1917 su objetivo fue defender los intereses de los productores a través del Centro de Viñateros de Mendoza, nombre que a partir de 1944 cambió su denominación para comenzar a llamarse Asociación de Viñateros de Mendoza. Bajo la forma jurídica de Asociación Civil sin fines de lucro, es la una de las pocas entidades que representa a productores primarios de toda la provincia en los asuntos relacionados con sus intereses en la producción, la industria y el comercio vitivinícola. La Asociación comprende entre 400 a 500 productores miembros, exclusivamente primarios, principalmente chicos y algunos medianos y grandes, de no más de 10 has y algunos de más de 40 has, respectivamente. Por estatuto de la asociación no pueden existir miembros con bodegas y territorialmente comprende los oasis norte, Valle de Uco, centro y sur de la provincia.

Las funciones principales de la Asociación son el asesoramiento técnico, administrativo y financiero, y la participación de leyes y convenios en defensa de la rentabilidad del sector de pequeños productores primarios. También participa en las negociaciones de los convenios colectivos de trabajo para obreros y empleados de viña (Convenio colectivo de trabajo 154/1991) y todos los años forman parte de la mesa paritaria nacional de salarios. Los temas estructurales que identifican a la organización son la relación entre viñatero y bodega, la estructura de costos del productor vitivinícola, el acceso a la tecnología, el agua y la sustentabilidad de la producción. La postura de la organización durante esta etapa ha sido oscilante.

En 1994, la asociación participó de la creación del Fondo Vitivinícola (ley n° 6216) que administra el Acuerdo Mendoza-San Juan y en 2003 la Ley Nacional de creación del PEVI y la COVIAR. El objetivo planteado de integrar a los pequeños productores de uva en el negocio vitivinícola y del jugo concentrado logró cuajar con los intereses que la asociación veía como un problema en su momento. De ahí que adhiera hasta la actualidad a la creación de la COVIAR y al mantenimiento del entramado institucional. Sin embargo, reconoce que hay problemas estructurales que no se han podido resolver. En palabras de un dirigente:

La COVIAR ha beneficiado a todos. ¿Por qué? Porque ha cumplido con la promoción, ha logrado que algunos productores puedan subsistir con la producción. [...] Pero uno de los problemas fue la concentración, no se atacó la concentración [...] No se tuvo la decisión política de enfrentarte a un grandote (entrevista realizada 26 de abril de 2017).

En relación a su la estrategia de mantenerse dentro de la COVIAR, reconocen que participar en el juego político entre corporaciones es una precondición para que la organización pueda existir y ser reconocida como un actor válido. Mantener una alianza corporativa con el sector bodeguero les posibilita introducir demandas propias.

Nosotros entendemos, no somos enemigos de la COVIAR, nosotros entendemos que las empresas no crecen, qué hago con la uva, a quién se la vendo [...] nosotros estamos buscando el consenso con este gobierno [...] estamos laburando, estamos de acuerdo con la exención de los espumantes, la ley de edulcoración. Entendemos a la bodega, acompañamos al sector a pelear para que los reintegros sean rápidos, para que las retenciones sean bajas porque creemos que eso motoriza, pero bueno no se la coman todos ustedes, ahora busquemos una herramienta para que eso llegue a nosotros. Eso es lo que queremos y el Estado no lo ve. Listo, necesitas a alguien que haga de mediador, el mediador es el Estado ¿con qué? con herramientas, no con arbitrariedad, dale condiciones a ellos para que el que venda pueda vender todo lo que pueda afuera, que tenga un dólar competitivo que acompañe. Pero que acompañe el precio de la uva con la inflación y eso sea rentable (entrevista realizada 26 de abril de 2017).

Por otro lado, analizaremos el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este creado en 1946. Sus orígenes remontan al primer peronismo y admitía la incorporación de vitivinicultores, industriales, fruticultores y ganaderos del oasis norte. La organización tomó la forma de una asociación reivindicativa de primer grado, conformada por una heterogeneidad social en sus bases. Mantuvo a lo largo de su historia su pertenencia e identidad local a su zona de influencia y es una de las asociaciones más grandes de Mendoza hasta la actualidad (Mateu, 2007). Actualmente la asociación comprende 200 miembros asociados. Territorialmente cubre los cinco departamentos del este (La Paz, Santa Rosa, San Martin, Rivadavia y Junín).

A partir del análisis de las entrevistas, el centro posee entre sus funciones principales: brindar apoyo técnico, ejecutar y evaluar proyectos internacionales de financiamiento destinados al sector, participar de los convenios colectivos de trabajo y la mesa paritaria que definen la escala salarial para obreros de viña, bodega y contratistas (Convenio Colectivo de trabajo 85/1989 y 154/1991) y colaboración en programas de control de la calidad e inocuidad de la producción. Además es miembro del Grupo Mundial del Comercio del Vino y la Comisión de Promoción del Varietal Bonarda.

El análisis de sus posturas políticas a través de las fuentes documentales permite señalar que el Centro cambió su postura de apoyo hacia la reconversión y el esquema gremial dominante. Para la entidad la reconversión productiva del este hacia nuevos varietales, las mejoras en las tareas culturales como la cosecha y la poda, junto con la incorporación de tecnología, no lograron realizarse totalmente. Las escasas posibilidades de acceso al crédito y la falta de subsidios estatales imposibilitaron que este sector de pequeños y medianos productores pudiera reconvertirse totalmente.

La organización participó de las dos leyes que originaron al esquema institucional actual. En 1994 la ley n° 6216 de la creación del Fondo Vitivinícola, que administra el Acuerdo Mendoza-San Juan, y en 2003 la Ley Nacional de creación del PEVI y la COVIAR. Desde la postura de la entidad, ambas políticas fueron consideradas favorables a sus intereses de garantizar la diversificación de la producción y el fortalecimiento del mercado interno que respondía a sus necesidades de colocación de la producción de vinos comunes. Esto explica en parte el apoyo inicial al nuevo entramado institucional, en alianza con el sector de los grandes bodegueros de la época que veían la caída del consumo como el problema central de la vitivinicultura.

Un primer hito de ruptura de la relación de la entidad con la institucionalidad vigente fueron las críticas a la COVIAR y a los objetivos del PEVI de fortalecer el mercado interno. La entidad señalaba que, desde la creación del plan, el consumo no solo no había aumentado sino que la caída del consumo de vino continuó. Entre el 2003 y el 2016 el consumo pasó de los 32,45 litros per cápita estar actualmente cerca de los 22 litros.

Desde la postura de la entidad, el objetivo del Fondo Vitivinícola de promocionar el vino nacional no ha tenido otro efecto que reforzar el esquema dominante. La inversión realizada en campañas publicitarias y en estudios de marketing para la promoción del vino solo puede ser aprovechada por las grandes bodegas que pueden incorporar diseño y marketing a sus marcas, segmentar sus líneas de producción y mantener una escala suficientemente competitiva. De tal modo se construye una imagen del vino muy lejano al tipo de consumo popular que se hace de los vinos comunes o finitos. Ejemplo de esto es la campaña publicitaria “El vino nos une”, financiada por el Fondo Vitivinícola y la COVIAR. La misma consistía en una serie de spots filmados y cartelería en la vía pública, donde aparecían artistas de diferentes géneros compartiendo la mesa cantando canciones populares y bebiendo vino.

Un segundo hito es la percepción de la entidad que la COVIAR no logró fortalecer la integración de los pequeños productores y bodegueros, como lo demuestra la disminución de las bodegas trasladistas y fraccionadoras y la pérdida de rentabilidad de cientos de productores. Por el lado de estos últimos, el sector sufrió un estancamiento en los precios de la uva durante el periodo 2010-2014 que llevó a la ruina a una gran cantidad de productores. Las bodegas pequeñas y medianas trasladistas y fraccionadoras que disputaban una porción de mercado de vinos comunes -que representan el 65% de la producción-también tuvieron problemas para sostener el precio por litro elaborado en relación al precio en góndola, relación que la entidad estima del 22% sobre el precio final.¹⁰ La entidad señala que el año 2007 fue un periodo donde se produjo un aumento de la concentración económica, producto de que las grandes bodegas llegaron a reunir cerca del 55% de la producción de vinos. En palabras de nuestro entrevistado:

¿Cuál era el gran problema que detectábamos nosotros acá en la zona? En primer lugar, el gran mercado consumidor del vino común, mal llamado común y finito, allá por cuando empezamos el PEVI. Esa cantidad de litros lo abastecían muchas empresas, las más grandes que siempre estuvieron, pero no las únicas y un montón de empresas fraccionadas, pequeñas y medianas. Cuando empieza el proceso de concentración, que lo identifico en el año 2007 para consolidarse hasta ahora, van desapareciendo todas estas pequeñas y medianas empresas. Razón por la cual este mercado de traslado solo podía identificar para vender su producto a dos o tres bodegas, lo cual es muy malo. Hoy prácticamente no ha quedado ninguna o queda un despacho muy pequeño y todo ese consumo lo ha captado estas tres grandes empresas, Peñaflor, Fecovita, RPB y alguna más. Yo digo el problema que tenemos es institucional. Es institucional, por qué, porque esa institucionalidad genera políticas públicas que favorecen una concentración que en los últimos años ha manejado el mercado de precios y sus condiciones como han querido. Y ese “como han querido” ha hecho que un montón de gente desaparezca del mercado, otra no haya podido reconvertir, otra se haya tenido que asociar o haya tenido que subdividir sus propiedades, y hoy tenemos una zona este, para hablar en términos de territorio, que de diez millones de quintales, cosecha cuatro (entrevista realizada el 25 de abril de 2017).

Respecto a la COVIAR, la postura de la organización cambió de apoyar y participar en el directorio de la corporación a romper totalmente, quitando su participación. El diagnóstico es que las organizaciones dominantes han colonizado la COVIAR, donde no se expresa la gremialidad de la vitivinicultura.

Cuando entramos en esta institucionalidad a ver quién es quién, aparece necesariamente saber quiénes son las entidades que están presentes. Porque muchas de ellas han ido quedando como un cascarón, digamos, que sigue flotando, no hay nada adentro. Y si bien, quizás con el apoyo de otra, te digo que son franquicias de otras entidades, hay franquicias. Entonces claro, ya en una votación ya no son dos contra uno, son siete contra uno, porque los otros son franquicias de... Y de la COVIAR, participamos de su fundación ya te digo su redacción, fundación, participamos hasta el tema Proviar. Y después nos hemos retirado prudentemente, eh... por qué, porque se desvirtuó el trabajo de COVIAR, mutando hacia una expresión gremial que no es. La COVIAR no es la expresión gremial de la actividad vitivinícola. La expresión gremial son las entidades (entrevista realizada el 25 de abril de 2017).

Finalmente, en el este mendocino existe un sector de productores familiares que no han sido prácticamente estudiadas, que su forma de acción colectiva está más ligada a la organización por fuera del entramado corporativo y utilizan como táctica la ocupación del espacio público. Es el caso de la Asociación de Productores en Acción (APA) que se constituye desde sus orígenes como una organización de reclamo sectorial. Sus orígenes radican en el departamento de Junín, dentro del este, zona tradicional de viñateros orientados a la producción de vino común, principalmente. Desde una perspectiva social, la asociación aglutina a un sector de propietarios minifundistas con parcelas no mayores de 5 hectáreas y con predominio de mano de obra familiar.

Lo interesante de este caso es la extensión del mismo. Territorialmente cubre a todo el este de la provincia, siendo la zona más grande vitivinícola del país. La emergencia del APA surge como parte de la “crisis de representación corporativa” de las asociaciones tradicionales de la zona. Con la reconversión, la forma cooperativa tuvo un fuerte descenso fruto de una fuerte campaña de desprestigio y problemas internos. El principal repertorio de acciones de la Asociación tuvo como estrategia la movilización directa. La misma, junto con otras entidades, organizó caravanazos durante el periodo 2005-2016 como forma de protesta que posibilitaba eludir a las viejas cámaras representantes y cobrar visibilidad y reivindicar políticas para el sector,¹¹ como por ejemplo, irrumpir en eventos públicos como el Almuerzo de Fin de Cosecha y la Fiesta Nacional de la Vendimia.¹² Así, sus objetivos estuvieron destinados a obtener políticas públicas por parte del Estado para mejorar su rentabilidad. Entre ellas se encuentran la moratoria de pagos de la corresponsabilidad gremial por la cosecha, de los subsidios directos para insumos y pago de transporte para el acarreo de la uva hacia las bodegas y la promoción de convenios comerciales para sostener el precio del mosto.

En el 2017, por decisión del gobierno provincial, se intervino la entidad. El gobierno adujo que la medida se debió a la no presentación de sus estados contables ni la oficialización de la elección de sus autoridades (Sitio Andino, miércoles 4 de enero de 2017). A su vez, reemplazó a su presidente por un interventor interino, que fue el mismo abogado que denunció las irregularidades en los estados contables de la asociación. En testimonios brindados al diario, el ex presidente de la asociación comentaba:

No pasa por hacer otra entidad, cuando tengamos que hacer algo lo vamos a hacer, somos productores independientes ahora, mejor, nos da más libertad. Cuando se tenga que hacer un planteo se va a hacer de una forma u otra. [...] La entidad desde ya se la regalamos, que se haga cargo el abogado Abdala. Si él quiere sacar un rédito de la entidad que sepa que es una asociación sin fines de lucro (Diario Sitio Andino, miércoles 4 de enero de 2017).

La intervención a APA es inédita en la provincia. Con la vuelta a la democracia no existe otro caso de que el poder ejecutivo ordenase una intervención de este tipo a una entidad agraria. El futuro de la entidad es incierto, incluso puede llegar a desarticular una de las organizaciones más nuevas del sector, con capacidad de movilización y posturas más combativas al resto.

En el este mendocino persistió durante fines de los 80 un entramado institucional resistente compuesto por cooperativas, asociaciones de primer grado, entidades de segundo grado y entidades mixtas estatal-privadas de tercer grado. En tal sentido, cabe preguntarse si la persistencia de este sector se debe a la capacidad que tuvieron las organizaciones del este de conquistar ciertos beneficios (Acuerdo Mendoza-San Juan, diferimientos impositivos, etc.), mantenerse en ciertos espacios (convenios colectivos y paritarias) y entablar alianzas, principalmente con el sector de grandes bodegueros que le permitieron mantenerse en el negocio, pese a que gran cantidad ha sido expulsada.

Los cambios de estas entidades gremiales-empresariales en cierta medida se producen por las transformaciones que sufrió la actividad vitivinícola en las últimas décadas, y a su vez son ellas mismas las que sirven para explicar el modelo económico resultante, las políticas emprendidas y un mejor posicionamiento de los diferentes sectores de del complejo vitivinícola. Estas condiciones estructurales y heterogeneidades explican en parte las dificultades actuales que existen para conformar una sola organización corporativa que nuclee a todo el sector. A su vez, permite explicar por qué las organizaciones de pequeños productores emprendieron acciones discontinuas, débiles y/o desarticuladas durante el periodo bajo análisis.

En consonancia con nuestra hipótesis inicial, los avances provisorios de la investigación permiten señalar que el complejo vitivinícola actual mantiene una estructura corporativa tradicional ligada a la etapa productivista. Aunque convive con una crisis de legitimidad que explica la emergencia de nuevas formas de organización y la modificación de trayectorias de corporaciones que previamente adherían al modelo.

El análisis de este sector heterogéneo organizado muestra que adhirió a los cambios producidos durante el periodo de crisis, aunque actualmente indica con su accionar corporativo trayectorias disímiles respecto a la legitimidad otorgada a la institucionalidad actual. Existen claramente tres expresiones de esto. Dos de claro apoyo inicial, que luego bifurcaron su accionar y sus posturas. Una de ellas que continúa apoyando la institucionalidad vigente y, otra, más rupturista, que ha quitado su participación, buscando otras vías de acción. Y una tercera, más reciente, que directamente surge por fuera de la institucionalidad actual y pretende -mediante la acción directa y la movilización-influenciar las políticas públicas actuales.

Las trayectorias organizacionales, las posturas cambiantes, las alianzas inestables, las negociaciones puntuales, la capacidad de movilización y de presión política permiten complejizar el análisis. Los intereses que siempre se consideraron antagónicos, dependiendo de la coyuntura, pueden converger o no en alianzas duraderas o en conflictos más o menos abiertos. De este modo, entender estas fluctuaciones nos permite complejizar más aún el análisis de los cambios e implementación de cambios o continuidades en el complejo vitivinícola en la provincia.

Un interrogante abierto es analizar las posturas de dichas organizaciones no solo sobre las grandes políticas de la vitivinicultura -que es donde se observan mayormente posturas diferenciadas-, sino pormenorizar políticas puntuales en otras esferas, como por ejemplo, convenios colectivos de trabajo, paritarias de trabajadores agrarios y operarios de bodegas, corresponsabilidad gremial o diferimientos impositivos que se disputan costos y rentabilidades que también hacen al funcionamiento del régimen. Por esto, el presente trabajo, en desarrollo, tiene como objetivo abrir preguntas y desafíos para abordar los fenómenos organizativos y políticos de un complejo agroindustrial como el vitivinícola.

Notas

¹    Publicaciones de inicios de la década de los 80 abrieron el debate en torno a la crisis vitivinícola (Díaz Araujo, 1982: Semienchuk, 2015). Los expertos ya elevaban fuertes críticas a las políticas económicas emprendidas por la dictadura y el gobierno provincial en relación a los beneficios obtenidos por ciertos grupos empresarios en perjuicio de la sostenibilidad del modelo.

²    En Mendoza, la bibliografía señala que las dificultades del modelo productivo de la provincia en los 80 presentaron una profunda crisis producto del sobrestock vínico, la caída en el consumo interno, la depreciación del vino de traslado, el cierre de bodegas y la erradicación de vides (Azpiazu y Basualdo, 2001; Richard-Jorba, 2007).

³    Para ver más información, ver a Mateu, 2016.

⁴    Se calcula que entre 1985-2003 han desaparecido aproximadamente 2 mil productores en el este.

⁵    Actualmente se considera una pymes vitivinícola a los establecimientos pequeños que no producen más de un millón de litros por año; y medianos a los que están entre 1 y 5 millones de hectolitros (COVIAR, 2015).

⁶    Para informes actuales de la Acovi (2014) la rentabilidad mínima para ser sustentable son de 200 quintales/hectárea de uva común en una explotación de 20 hectáreas. En la zona tradicional del este la salinidad del suelo y el envejecimiento promedio de los viñedos no permite tener esta productividad media, por lo que estaría en serias dificultades para llegar al mínimo necesario para subsistir.

⁷ El análisis de la conflictividad bajo el periodo de análisis presenta una serie de dificultades metodológicas. El primer problema reside en que las fuentes que se utilizan para relevar la aparición de eventos conflictivos son los diarios que pueden distorsionar la muestra. Por ejemplo, existe la dificultad de periodizar correctamente el inicio y fin de un conflicto particular debido a que los diarios no son un registro sistemático de los mismos. Otra dificultad es que la fuente lleva a subestimar los conflictos más locales o más encubiertos. Una forma de contrarrestar este sesgo es a través del análisis de documentos de las organizaciones y entrevistas a dirigentes y miembros de las mismas.

⁸    Metodológicamente es importante señalar el carácter reconstructivo de la historia organizativa. El análisis de las trayectorias organizacionales siempre supone un recorte a la luz de los intereses políticos coyunturales, las reinterpretaciones por parte de los actores y en relación a otras organizaciones intervinientes.

⁹    A riego de ser esquemático los sectores sociales señalados son una aproximación al sector social dominante que tienen dichas organizaciones. Al menos cómo se autoperciben en sus discursos, posturas e intervenciones públicas. Sin embargo, desde nuestra postura teórica es incorrecto pensar esto de manera lineal sin tener en cuenta los conflictos y los cambios en el tiempo. Sobre todo si se entiende que justamente lo qué se disputa entre estos sectores son atributos materiales y simbólicos con los cuales se nominan, conforman, organizan y reproducen como tales.

¹⁰ Para más en detalle ver Centro de Viñateros y Bodegueros del Este (2017).

¹¹    Análisis en base a entrevista realizada al presidente de APA en el proyecto de CFI dirigido por Dra. Ana Mateu (2012).

¹²    Durante el periodo 2012-2015 hay una intensificación de estas actividades de protesta. Por ejemplo, en 2015 cerca de 5000 productores marcharon a la casa de Gobierno para declarar la emergencia económica del sector y exigir la suspensión de la Fiesta Nacional de la Vendimia (Diario Los Andes, 8 de marzo de 2015).

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Recibido : 13-6-2017 Aprobado : 27-6-2017

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