RIVAR Vol. 5, N° 14. Mayo 2018: 61-79.


 

Artículos

Gestión y gobernanza territorial. Los Sistemas Agroalimentarios Localizados en la encrucijada del desarrollo territorial

Management and Territorial Governance. The Local Agro-food Systems at the Crossroads of Territorial Development

 

Gerardo Torres Salcido*

*Doctor en Sociología. Investigador Titular, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC), Ciudad de México, México. Correo electrónico: tsalcido@unam.mx

 


 

Resumen

A partir de un estudio cualitativo de la bibliografía reciente, apoyado en los resultados de investigaciones empíricas realizadas en los últimos años sobre los Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL), se discute el papel de la gobernanza entendida como proceso de toma de decisiones en las organizaciones identificadas con dichos sistemas. En este artículo se analizan tres enfoques de la literatura: el territorio, el anclaje biocultural de los alimentos y las relaciones de los SIAL con otros sistemas productivos, bienes y servicios localizados. La conjunción de estos tres elementos conduce a un planteamiento complejo de política que implica el conflicto y la coordinación de los actores socioterritoriales. Se enfatiza en la utilidad de conocer los mecanismos e instrumentos de la gobernanza para construir la agenda y los procesos de la política pública. De manera general, se concluye que la gobernanza entendida como la calidad de las decisiones bottom-up, basadas en mecanismos de confianza y reciprocidad, ayuda a reconocer los conflictos en el territorio y a dar mayores elementos a las políticas de desarrollo territorial y de defensa de la producción y del mercado local.

Palabras clave: Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL), Gobernanza, anclaje biocultural, políticas públicas.


Abstract

A qualitative study of the recent literature on Localized Agri-Food Systems (Lafs), supported by the outcomes of numerous empirical studies, discusses the role of governance as a decision-making process in the organizations identified with those systems. In this article, three approaches of the literature are analyzed: territory, biocultural embeddedness of food, and governance. The combination of these three elements leads to a complex policy approach involving conflict and coordination of socio-territorial actors. This article remarks usefulness for public policy of knowing the mechanisms and instruments of governance to build an agenda and processes of decisionmaking. It is concluded that governance, understood as the quality of bottom-up decisions, based on trust and reciprocity mechanisms, helps to recognize conflicts in the territory and to give greater elements to territorial development and defense of production and local markets.

Keywords: Localized Agri-Food Systems (Lafs), governance, biocultural anchorage, public policies.


 

Introducción

Paradójicamente, el modelo de globalización agroalimentaria impulsado desde los años 80 del siglo XX ha dado lugar a la fragmentación de la producción y consumo (Torres Salcido y Muchnik, 2012). En este proceso ha sido notable la emergencia de lo local y la demanda de productos diferenciados, lo que ha impulsado la necesidad de estudiar, definir y analizar las economías de proximidad entre productores y consumidores. Es menester señalar que esta necesidad no es nueva. De hecho, puede rastrearse muy atrás en el pensamiento económico. Por ejemplo, en la obra de los teóricos de la localización del siglo XIX como Von Thünen, Losch e Isard, entre otros, o en la de Marshall sobre los Distritos Industriales (DI). Los tres primeros autores se concentraron en analizar los factores de localización tales como: (1) los costos de transporte; (2) los de la mano de obra, así como los relativos al agua, la energía, los impuestos, seguros y tasas de interés, el clima y el ambiente político, y finalmente (3) las economías generadas por la aglomeración de empresas (Blaug, 1962: 683; Carrillo y Kopp, 2000). Por su parte, Marshall resaltó el papel que juegan los trabajadores especializados y la circulación de conocimientos en el desarrollo de los DI y el bienestar de sus habitantes (Marshall, 1961).

Sin embargo, la novedad que ofrecen los estudios recientes sobre las economías de la proximidad, consiste en analizar el territorio no solo en función de la economía espacial, o de las ventajas de la circulación de la fuerza de trabajo especializada y de los conocimientos, sino desde las instituciones, la cultura, la tecnología y la acción colectiva (Sanz Cañada y Muchnik, 2016). Los nuevos enfoques han dado lugar al estudio de distintos sistemas de desarrollo territorial, entre los cuales destaca el concepto de Sistema Agroalimentarios Localizados (SIAL).

Tradicionalmente, se ha definido al SIAL como organizaciones de producción, transformación y servicios (Muchnik y Sautier, 1998) cuya especificidad se debe al anclaje biológico y cultural de los alimentos en el territorio. Como organizaciones, los SIAL requieren de coordinación y proximidad entre los agentes para poder ser competitivos frente a las cadenas globales de valor. Un elemento fundamental de esa competitividad es la diferenciación del origen de los productos ligados al territorio el cual, por sus características geográficas y climáticas, el desarrollo de conocimientos tangibles -artefactos tecnológicos específicos, por ejemplo- e intangibles -saber hacer y conocimientos transmitidos-, es la base de dicha diferenciación. A su vez, la acción colectiva juega un papel muy importante para la constitución de estos sistemas territoriales. Ahí donde esta ha sido exitosa, se ha transitado desde la existencia rutinaria de actividades arraigadas a los territorios, hacia formas institucionales de valoración de los productos, tanto en sus aspectos económicos, como en los referentes a la identidad. Estas formas institucionales han sido promovidas por políticas públicas y consumidores abocados al reconocimiento del patrimonio y a su inclusión en la oferta de bienes y servicios asociados a los territorios (Courlet, 2016).

No obstante, en la literatura aún no queda claro cuáles son las condiciones necesarias para el desarrollo de las formas institucionales relacionadas con el hecho alimentario y su apertura a otros subsistemas territoriales. Desde el enfoque de gestión, se podría adelantar que algunas de esas condiciones son las siguientes: (1) la forma como se construyen las decisiones colectivas e individuales en los contextos territoriales; (2) la calidad de las mismas, es decir, la aceptación y los impactos positivos que tienen en la comunidad; y (3) la coordinación de los actores socioterritoriales para construir mecanismos efectivos de reconocimiento y valoración de los alimentos. En sentido estricto, este artículo pretende contribuir al análisis de las condiciones y factores del proceso de toma de decisiones, así como de la coordinación socioinstitucional, a partir del anclaje biocultural de los alimentos.

El método que sigue este trabajo es de tipo heurístico. Es decir, pretende construir el marco conceptual de un objeto de investigación, sus problemas y soluciones alternativas (Catalán, 2015: 10). Este método es pertinente para los SIAL por la novedad del objeto y la necesidad de construir un análisis crítico de las relaciones subyacentes entre los conceptos de este enfoque. En este sentido, se requiere la revisión exhaustiva y actualizada de las fuentes bibliográficas. No obstante, no se trata de una revisión bibliográfica más, pues se apoya en numerosos estudios empíricos. Las reflexiones se basan, fundamentalmente, en resultados de trabajos de investigación que se han llevado a cabo en el marco de los apoyos financieros otorgados por Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México, los Programas de Apoyo Institucional a la Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Red de Sistemas Agroalimentarios Localizados-México, Red SIAL-México, apoyada por el CONACYT. Debido al interés primordial por reflexionar sobre los conceptos, no es posible entrar en el detalle de los estudios, sobre todo de los realizados en México. Sin embargo, se citarán algunos de los más significativos. Esta propuesta metodológica es necesaria en un momento en el que se tiene una gran base de datos que dan cuenta de casos, por lo que es posible elaborar conceptos y categorías sociales que contribuyan a fundamentar la necesidad de políticas de desarrollo, poniendo al territorio como centro y eje de atención.

vEste artículo está estructurado en tres partes. En la primera se abordan los debates sobre el territorio; en la segunda, se discute el anclaje biocultural de los alimentos y los retos de la dinámica de localización/deslocalización; y, en la tercera parte, se analizan los mecanismos e instrumentos de la gobernanza, como base para la formulación de políticas dirigidas a la valoración de los alimentos locales. Se concluye con una reflexión sobre las perspectivas de los SIAL y la gobernanza en el contexto interactivo de los sistemas más amplios.

Territorio y complejidad

Entre la amplia bibliografía que aborda el concepto de territorio, pueden distinguirse tres definiciones entrelazadas para los estudios de la gobernanza. La primera, derivada de la Antropología, considera al territorio como un ámbito en el que se crean y recrean símbolos y relaciones únicas y singulares (Escobar, 2000). La segunda, lo concibe como una construcción sociocultural (Giménez, 1999) y por lo tanto, susceptible a regulaciones e instituciones. La tercera definición, ubica al territorio como un sistema complejo que anticipa la formación de nuevas regiones en el capitalismo del siglo XXI, ancladas en la identidad biocultural y en la conservación de la biodiversidad. Boisier le llama a estas nuevas regiones biorregiones o ecoregiones (2015) en las que la naturaleza, la organización sociopolítica y la cultura interactúan para construir una identidad nutrida por los recursos tangibles e intangibles. La ventaja de esta última perspectiva es que las formas de coordinación ya no solo atienden a las estructuras político-sociales, sino a la naturaleza como actor relevante. Desde este enfoque, el territorio se caracteriza por su capacidad para autorregularse, como producto de las complejas dinámicas de conflictos y acuerdos por la apropiación y acceso a los recursos, lo que da un sustento más firme a la posibilidad de un desarrollo endógeno.

De hecho esas dinámicas reflejadas en disputas y conflictos, se relacionan con el conocimiento de proceso de apropiación o territorialización. En América Latina, ha sido común relacionar la territorialización con los movimientos sociales y étnicos (Porto Gonçalves, 2001; Abramovay, Magalhães y Schroder, 2008; Velasco, 2011). Para la tradición teórica de los SIAL, esta no solo es producto del conflicto, sino de la conjunción de la acción colectiva con el anclaje biocultural de los alimentos. En este sentido, la territorialización se encuentra ligada a la interacción constante entre el patrimonio natural (agua, suelo, recursos, etcétera), el cultural, en sus vertientes material (arquitectura y artes) e inmaterial (saber hacer, fiestas, tradiciones) en un marco de defensa que incluye una doble perspectiva: la de los bienes públicos, es decir, de instituciones abocadas a la inclusión de los ciudadanos; y la de los recursos comunes, que implica construir acuerdos entre los sujetos para asegurar la sostenibilidad del recurso.

La territorialización en este sentido, requiere de una estructura institucional amplia basada en la interacción la acción colectiva, los gobiernos locales y los mercados asociados a los productos diferenciados, es decir, de consumidores que demandan bienes con sellos de identidad territorial en un contexto de grandes acuerdos que aseguren la sostenibilidad del recurso común (Bérard et al, 2005; Moity-Maïzy y Muchnik, 2005).

Los SIAL como producto de la patrimonialización de los bienes anclados a lugares específicos, son sistemas territoriales que idealmente reunirían por lo menos tres características: (1) sostenibilidad; (2) retención de valor en el territorio por los productores y transformadores primarios de productos con anclaje territorial; y (3) interrelación de sistemas productivos en diversas escalas.

En este sentido, los SIAL con una perspectiva de sostenibilidad son aquellos que garantizarían “una relación entre los sistemas económicos humanos dinámicos y sistemas ecológicos”, en los que la vida humana puede continuar indefinidamente, y en los cuales los seres humanos y las culturas pueden progresar, debido a que las actividades humanas permanecen dentro de límites que no ponen en riesgo la diversidad y la complejidad del sistema ecológico (Constanza, Daly y Bartholomew, 1991).

La retención de valor de los pobladores en las áreas rurales, por su parte, se lleva a cabo mediante la integración de la producción, la transformación industrial y los servicios, así como por la disminución o eliminación del intermediarismo. Finalmente, la interacción y retroalimentación entre el subsistema agroalimentario y otros subsistemas territoriales, tales como la producción de artesanías, industrias forestales o el turismo, es necesaria para asegurar la sostenibilidad del sistema y la retención de valor en el territorio como condición para la construcción de la proximidad social e institucional (Pecqueur, 2001). En consecuencia, uno de los significados profundos del SIAL para el desarrollo consiste en la capacidad de articular las actividades económicas con el objetivo de incrementar los niveles de bienestar, como los DI en la obra de Marshall.

La importancia de estos sistemas en la agenda de políticas públicas ha crecido por su relación con otros temas cruciales como el cambio climático, la salud y nutrición de la población, el combate a la pobreza y la desigualdad. Los avances recientes de la literatura sugieren que estos sistemas fortalecen la proximidad entre los actores socioterritoriales mediante diversos circuitos de intercambio e información como los siguientes: (a) el fomento a productos con anclaje territorial valorados por el consumidor; (b) combate a la pobreza y la desigualdad mediante el desarrollo de capacidades y acciones colectivas dirigidas a etiquetar y certificar la autenticidad de los alimentos; (c) la reconstrucción mercados locales mediante legislaciones específicas y programas de apoyos a los productos del territorio; (d) el fortalecimiento de los circuitos cortos de comercialización, es decir, formas alternativas de comercialización basadas en el intercambio directo entre productores y consumidores tales como las ferias, exposiciones, venta directa en finca, “tianguis”, mercados públicos y hasta ventas por internet, sin excluir las posibilidades que representan la multiescalaridad y la inserción de los SIAL en mercados más amplios; (e) educación alimentaria y revalorización de los productos identificados con el territorio (autenticidad de los alimentos); y (f) vinculación de los SIAL con otros sistemas productivos de base local y territorial, como parte de la identidad de la oferta de bienes y servicios diferenciados.

La formulación abierta de políticas dirigidas al fomento de los sistemas localizados se topa no solo ante las relaciones de poder y los mercados subordinados a una estructura jerárquica, encabezada por la gran industria y las cadenas globales de distribución, sino ante enormes retos y contradicciones derivados de la propia naturaleza de los SIAL. Algunos de esos retos y contradicciones se enumeran a continuación:

1. Complejidad y diversidad biocultural. Si bien arriba se sostuvo que idealmente el SIAL garantizaría la sostenibilidad, esto no necesariamente sucede cuando el mercado nacional o global ejercen presiones sobre los productos diferenciados. En un contexto de economía de mercado el SIAL identificado con un solo producto valorado por el mercado, puede expandirse en detrimento de otros bienes territoriales. Como ejemplo de esta contradicción latente puede mencionarse el caso de la explotación del nopal (Opuntia ficus-índica), un alimento fundamental en la dieta del altiplano mexicano con usos simbólicos, culinarios, medicinales e industriales, el cual, sin embargo, de ser propio de tierras con productividad marginal, áridas o desérticas, se ha extendido en el centro de México hasta convertirse casi en un monocultivo en regiones con una gran biodiversidad agrícola, como en el caso del estado de Morelos, debido a la demanda de los centros urbanos, como la Ciudad de México, e incluso de Los Ángeles y Chicago en donde vive una numerosa población de origen mexicano. Esta situación ha impuesto una gobernanza social y ambiental en las comunidades ubicadas en los límites de un área natural protegida, impulsada por las dinámicas de la demanda del gran mercado urbano y los mercados internacionales (Ramos Chávez y Torres Salcido 2014).

2. La desigualdad y pobreza en el medio rural. Los sistemas localizados tienen el riesgo de ser activados exclusivamente para mercados sofisticados de alto ingreso, como a menudo se conciben los alimentos con certificación territorial. En este sentido, es necesario llevar a cabo más investigaciones para establecer salvaguardas en las políticas de activación, para que la patrimonialización no sea capturada por los intereses privados, sino que sea dirigida a garantizar la inclusión más amplia posible de los agentes socioterritoriales y la sostenibilidad del recurso común al territorio.

3. Las debilidades de los sistemas de garantía y los signos de calidad territorial. Los SIAL en América Latina no pueden ser un espejo de los logros europeos. Las Denominaciones de Origen (DO) y las Indicaciones Geográficas (IG), que han sido fundamentales para el desarrollo de las regiones de Europa, merecen estudios más profundos en los contextos Latinoamericanos. Gonzalo Rojas, por ejemplo, afirma que la “zonificación vitícola y denominaciones de origen” establecidas por la ley para los vinos chilenos, no incorpora la cuestión del Patrimonio Cultural, así como el papel activo del Consejo Regulador (2016). En el caso de México, por ejemplo, investigaciones recientes sugieren que la DO del tequila ha favorecido a los grupos económicos más fuertes dentro del territorio, por lo que se han transformado en vehículos de exclusión para los agentes territoriales más débiles (Bowen, 2012; Bowen, 2015). Esto parece coincidir con la evolución de las DO de otros países como Chile, en el artículo ya mencionado de Rojas o en Argentina (Lacoste, 2016; Molina, 2016)

Estos retos colocan a los sistemas localizados ante el dilema de la especialización por un lado, y la conservación de la diversidad agrícola y cultural por el otro. Ante esta disyuntiva, las políticas enfrentan una difícil coordinación. La tensión entre el SIAL especializado y dirigido a un producto y la complejidad biocultural de los territorios, tiene un alivio en el papel que los consumidores están llamados a desempeñar en las transformaciones estructurales que estamos viviendo.

Entonces, ¿qué hacer frente al doble dilema de desatado por lo global/homogéneo y lo local/diferenciado? La respuesta puede encontrase en las formas de gobernanza y en la conceptualización del territorio como una totalidad.

En el planteamiento de las alternativas, es sugerente que las nuevas formas de gobernanza en los sistemas localizados tienen su origen en el desarrollo descentralizado y procesos bottom-up. Este tipo de desarrollo cuestiona la forma de gobernanza jerárquica asociada a la noción de cadenas de valor del capitalismo global agroalimentario para colocar en su lugar los circuitos, que evocan construcciones horizontales y circulares. La emergencia de múltiples centros ha conducido a formas de coordinación descentralizada, y policéntrica, con valores éticos de solidaridad y justicia. En este sentido, los conceptos de circuitos cortos de comercialización son, sin duda, un avance en el necesario equilibrio entre el SIAL y los contextos bioculturalmente diversos. Entre las manifestaciones de esta nueva gobernanza, se observan políticas de patrimonialización de los bienes territoriales con características informales y locales, que desbordan los clásicos esquemas de la DO. Así, algunos estudios indican que en mercados locales de carácter campesino e indígena, con productos agroecológicos, se están impulsando sistemas de garantía de calidad alternativos como producto de un diálogo entre la producción y la experiencia del consumo (Torres Salcido y Renard Hubert, 2016). Esto último ha desembocado en diversas arquitecturas institucionales que han coaligado a productores y consumidores en torno a los sistemas de garantía participativos, como el caso de los productos orgánicos y la agricultura por contrato impulsada por asociaciones de consumidores “para reactivar el cultivo y consumo de una especie de frijol típica, pero que es escasa y apreciada en la Ciudad de México” (Luisa, comunicación personal, 3 de mayo de 2017).

Para que estas tendencias se consoliden en el ámbito territorial, es necesario materializarlas en la esfera política. Es cierto que el Estado, o al menos los gobiernos subnacionales, están colocándose como actores aún débiles en este proceso y que la consolidación de las regiones diferenciadas por su biodiversidad como dice Boisier, parece todavía una meta romántica. Sin embargo, pueden constatarse intentos interesantes. Así, en Yucatán, México, existe un programa que pretende conservar y aprovechar la biodiversidad en su conjunto a partir de la conservación de los sistemas agroecológicos tradicionales. Dicho programa se denomina “Programa Interdisciplinario Investigación e Innovación de la Milpa Maya y Sistemas Agroecológicos en el oriente del estado de Yucatán” (Narváez 2017). También encontramos en la Ciudad de México apoyo a mercados alternativos como las ferias de productos locales o el mercado de trueque, un programa de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México que consiste en intercambiar productos reciclables por hortalizas producidas en el sur de la Ciudad (Secretaría de Medio Ambiente 2017). Aunque estas tendencias son débiles, hay que resaltar la Plataforma de Tianguis y Mercados Orgánicos impulsados por la Sociedad Civil desde hace algunos años. El conjunto de tendencias han obligado a las empresas de supermercados a incorporar productos locales en su oferta. Sin embargo, están sujetos a las mismas condiciones que los productos industrializados: pago por anaqueles preferentes para exhibir los productos, contratos complicados y tardanza en los pagos, lo que convierte esta acción en inequitativa para los productos locales y diferenciados ante los productos industrializados y dirigidos al consumo masivo.

Lo que queda claro de estas tendencias, es que el consumidor juega un papel importante para la construcción de un nuevo modelo desde la demanda en un marco de comercio ético y sostenible. Sin embargo, hace falta una caracterización más amplia del consumidor de productos con calificación territorial. Los escasos estudios empíricos han elaborado tipos de compradores. Uno de ellos se refiere a los consumidores conscientes que se orientan por valores tales como la solidaridad, honestidad, vida sana, dietas tradicionales, etcétera; y una noción de justicia que se refleja en el comercio ético, que busca el reconocimiento de la actividad de los productores y sus aportaciones a la conservación del patrimonio alimentario y natural. Esto implica, naturalmente, incentivos económicos, pero también otros relacionados con el respeto al medioambiente y la sostenibilidad de los recursos. Junto a este tipo de consumidores, muchas veces organizados, se encuentran otros, como los llamados oportunistas, que prefieren los alimentos a bajo costo, aunque eventualmente consumen productos de indicaciones geográficas, denominaciones de origen u otros sellos territoriales que cuentan con alguna certificación (Amaya Corchuelo, Sánchez Vega, Aguilar Criado, y Espinoza Ortega, 2016). También se requiere una educación del consumidor, necesaria para distinguir los alimentos por su calidad diferenciada. En la caracterización de la tipicidad se requiere, entre otras cosas una evaluación sensorial otorgada por jurados de degustadores expertos que determinan los rasgos sensoriales de un producto con indicaciones geográficas. Carduza, Champredonde y Casabianca establecieron un método basado en talleres con degustadores para establecer los rasgos de tipicidad de un salame típico de la Colonia Caroya, en Argentina, con base en la participación de los agentes territoriales (2016).

Los estudios realizados, sin embargo, omiten por un lado, el diálogo entre consumidores y productores en la determinación de la calidad, cuestión que solo puede darse en contextos de proximidad cobijada por instituciones que promuevan dicho diálogo. Por otro lado, excluyen a los consumidores urbanos y rurales en situación de pobreza, por lo que poco o nada sabemos de su acceso a los alimentos locales o su preferencia por los alimentos de calidad diferenciada, aun cuando estos sean la base de la dieta originaria de las poblaciones nativas. En este sentido, aunque el contexto del comercio ético es fundamental para el desarrollo de consumidores conscientes y para la conservación de la biodiversidad, se requieren políticas de elevación del ingreso y educación nutricional, para disminuir la brecha de desigualdad en el acceso alimentario.

Los riesgos enunciados y las posibles soluciones basadas en la formación de una gobernanza cimentada en el consumo ético no garantizan el cumplimiento de los supuestos del SIAL y el desarrollo de una gama de servicios territoriales. En la medida que el crecimiento de la agricultura e industria alimentaria globales favorecen la búsqueda de nuevos productos, se estimula la deslocalización y por lo tanto el desarraigo de los productos alimentarios. Este es un movimiento histórico de larga data en el desarrollo del capitalismo que se ha profundizado con el consumo masivo, como se explica en las siguientes líneas.

El anclaje biocultural. Entre la identidad y el dilema de la deslocalización

Si bien la economía de la localización constituye un antecedente de la gobernanza del mercado basada en la satisfacción del consumidor y en la demanda de bienes no genéricos, las nuevas tendencias de las disciplinas de la alimentación enfatizan substanciación de la economía en las relaciones sociales, lo que ha conducido a la formulación de conceptos tales como enraizamiento, o embeddedness por el neoinstitucionalismo por un lado, así como el de anclaje o ancrage por parte de la sociología y economía francesas con fuertes evocaciones a las propuestas de Durkheim y Mauss, sobre todo a este último, por su categoría de “hecho social total” que puede ser aplicable al hecho alimentario (Muchnik et al, 2007).

Para entender estos conceptos, hay que remitirse a los orígenes de la economía territorial. Ya se ha mencionado a Marshall en la introducción, aunque en este apartado, es preciso referirse a Karl Polanyi, quien planteó el concepto de economía substantiva en contraposición al mercado autonomizado. Para este autor la autonomía del mercado se opone a la actividad arraigada en el territorio; enraizada y substantivada en la acción social preferentemente de las economías agrarias (Polanyi, 2006: 7). Probablemente, este sea un antecedente de la formulación de categorías tales como enraizamiento o embeddedness en la tradición anglosajona y el anclaje o ancrage en la francesa (Torres Salcido, 2016). Brevemente pasaremos revista a estas tradiciones para dimensionar la importancia histórica de las raíces del pensamiento económico y sociológico territorial.

Desde la tradición sociológica anglosajona, bajo la noción de embeddedness, Granovetter puso de manifiesto enraizamiento de las actividades económicas en la estructura social, lo que explica en gran medida la reciprocidad (Granovetter, 1985). Para algunos autores, el embeddedness es una categoría analítica que muestra el arraigo de las instituciones en el movimiento económico de los alimentos locales por medio de una sociabilidad basada en intercambios de confianza y reciprocidad (Murdoch, Marsden, y Banks, 2000); para otros, esta categoría es útil para estudiar el comercio de corto recorrido y sus impactos en la sostenibilidad (Coley, Howard y Winter, 2009); para otros más, desde la posición activista de la ecología política, son una base para construir alianzas desde lo local con objetivo de disminuir las asimetrías del poder (DuPuis y Goodman, 2005).

Para la corriente francesa y mediterránea, el anclaje (ancrage) alimentario es una categoría que integra las condiciones bioculturales del territorio como hecho social total. Así, por ejemplo, el anclaje alimentario comprende el medioambiente y sus recursos, que permiten el desarrollo y aprovechamiento de los productos; pero también del patrimonio material e inmaterial de las localidades: artefactos, construcciones, gastronomía, instituciones y fiestas religiosas y cívicas ligadas a la alimentación que contribuyen, entre otros muchos factores y elementos, a la valoración de los alimentos y al ordenamiento de la vida social. Como ya se ha mencionado más arriba, estas condiciones generan las posibilidades de la patrimonialización de los alimentos y sus sellos territoriales.

El anclaje de los alimentos no obstante, no es un hecho estático, sino, ante todo, es un proceso histórico y político. Por ejemplo, Wallerstein (2007: 470) refiere a la importancia de los alimentos y de la fuerza de trabajo necesaria para producirlos en el sistema mundo capitalista europeo del siglo XVI. Este movimiento histórico fue determinante para la evolución del patrimonio alimentario caracterizado como un encuentro conflictivo entre el mundo europeo y el indígena enfrentados desde la metrópoli y las colonias, lo que da lugar a nuevas dimensiones de estudio y análisis que refuerza la idea del hecho social alimentario como una construcción problemática. Estas se refieren a las cambiantes relaciones entre los sistemas locales y el sistema global, lo urbano y lo rural; lo rural y las áreas peri-urbanas y al interior mismo de las ciudades, configurando nuevos conceptos de poder, gobernanza, proximidad y calidad de los alimentos.

El arraigo territorial de los alimentos, el intercambio y la formación de lazos sociales, así como las instituciones y símbolos que son propios de un territorio, están expuestos a los cambios de lugar. Los alimentos emigran con la población y el comercio. Son transportados con saberes parciales o solo adaptados a una función que puede ser utilitaria o alimenticia (véase el caso del nopal que en México es consumido como verdura y fruta, mientras que en el Caribe se le usa como cerca para solares o en el mediterráneo se consume la fruta, a la que se denomina higo chumbo en España o fico d’india en Italia). Sin embargo, a pesar de la mudanza histórica, también se da cierta continuidad en la memoria colectiva. Así, aunque la elaboración de un producto, su manufactura y su consumo hayan emigrado o desaparecido ante el embate de los productos genéricos, pueden darse las condiciones para que dicho producto se relocalice en el territorio originario por las condiciones geográficas y el conocimiento acumulado de los actores sociales. Un ejemplo interesante de este proceso es el caso de la calidad de las carnes vacunas pampeanas que están viviendo una relocalización (Champredonde, 2008).

Ese movimiento de localización-deslocalización-relocalización sugiere que los habitantes y sus territorios como lugares irrepetibles, poseen capacidades específicas generadas y activadas por la acción colectiva. No bastan, entonces, las condiciones geográficas para explicar el anclaje de los alimentos. Este es ante todo un saber hacer, un oficio y un arte que se refina con el tiempo. En suma, para tomar una posición respecto a las categorías de embeddedness y ancrage presente en dos tradiciones teóricas de la sociología y las ciencias de las organizaciones, lo dicho anteriormente implica considerar que se trata de categorías sujetas a las condiciones históricas, a los cambios económicos y a los sistemas medioambientales. Por ello, es necesario recuperar la gestión de los procesos como una piedra angular de la comprensión actual de los SIAL como objetos de políticas públicas de desarrollo territorial, cuestiones que se vinculan indisolublemente a la gobernanza, la gestión de los territorios y los alimentos.

La gobernanza. Ejes problemáticos

La gobernanza como concepto e instrumento de la Administración Pública se ha desarrollado en función de los crecientes procesos de descentralización, la emergencia de múltiples actores y niveles de decisión política que han puesto en evidencia las fallas del Estado burocrático centralista, así como las pifias constantes de la implementación de las políticas debido a los inacabables problemas que surgen al tratar de llevar a cabo acciones de gobierno en sociedades pluralistas: o en su defecto, democráticamente imperfectas y que adolecen de falta de transparencia y rendición de cuentas (Aguilar Villanueva, 2006; Bevir, 2004; Türke, 2008). Asimismo, desde un punto de vista socioeconómico, la disminución de los costos de transacción sería un efecto directo de la coordinación de los agentes económicos (Williamson, 1989 y 1996). Ciertamente, el conocimiento y análisis de los costos de transacción son los ejes centrales del enfoque de la economía neoinstitucionalista y constituyen la base para el establecimiento de acuerdos e instrumentos de coordinación.

Pero a pesar de sus aparentes virtudes, el concepto de gobernanza ha recibido varias críticas. La primera de ellas es que evade el conflicto para privilegiar el acuerdo en la estructura social, lo cual omite las diferencias en la distribución del ingreso en sociedades con brechas de desigualdad extrema. La segunda, más relacionadas con las realidades de América Latina, es que no responde a las dinámicas del conocimiento ni a las características de los movimientos sociales de la región. De ahí que Boaventura de Souza haya calificado a la gobernanza como “la matriz neoliberal del siglo xxi”. No obstante, es notable que desde esta posición crítica, este autor afirme que las principales características de la matriz de la gobernanza neoliberal se encuentran en un modelo de gobernanza alternativa que él suscribiría: participación voluntaria, horizontalidad, autonomía, coordinación, asociación, autorregulación, entre otras. En sentido estricto, estas características responderían a una creciente diversidad de posiciones ideológicas y políticas, así como a la búsqueda de diferentes alternativas de desarrollo. De ahí que, si bien se reconoce que la desigualdad y la redistribución social de la riqueza es el problema más serio de inicios del siglo xxi, también lo es la cuestión del reconocimiento de las diferencias (Santos, 2007).

A partir de la diferenciación entre institucionalismo y gobernanza contrahegemónica, se propone el análisis de algunas dimensiones de la gobernanza que pueden ser útiles en la gobernanza territorial de los SIAL. Dichas dimensiones tienen como características fundamentales categorías económicas y sociológicas tales como los costos de transacción y conflicto social propias de los movimientos alternativos cuyo objetivo es la redistribución del ingreso, así como el reconocimiento de la diferencia y la consecución de la autonomía.

En un nivel territorial, la gobernanza es, en este sentido, la construcción de mecanismos de reconocimiento de los conflictos y la formación de instancias de mediación y coordinación para delinear objetivos comunes que permitan la formación de acuerdos. Ahora bien, a partir de las llamadas características comunes, y la incorporación de la pluralidad y la diferencia, es posible esquematizar las dimensiones que definen a la gobernanza de los territorios. Dichas dimensiones pueden verse en el Imagen 1.

Imagen 1. Dimensiones de una gobernanza horizontal

Fuente: elaboración propia en base a Torres Salcido (2014).

La coordinación supone el ejercicio de acciones concentradas en el territorio con la participación de gobiernos locales que ejercen formas relacionales de administración con sus ciudadanos. Por su parte, la horizontalidad de las decisiones es posible por la agrupación de los actores en redes abiertas, lo que implica flexibilidad y participación voluntaria.

En términos territoriales la acción colectiva se concentra en la apropiación y defensa de las características y sellos de diferenciación, lo que puede expresarse en la búsqueda de los etiquetados que posibiliten ese reconocimiento, como las IG, las DO y/o las Marcas Colectivas, entre otros. Las formas de gobernanza territorial involucran la organización, coordinación y gestión de los actores, así como los diversos niveles de gobierno. Ello se hace cada vez más patente por las presiones que ejercen los mercados globales y las aglomeraciones humanas. Los conflictos crecientes por el uso del agua y del suelo; los bosques, los humedales, y en general los recursos bióticos, por efecto de la transformación de las tierras agrícolas en conjuntos habitacionales, industriales o de servicios plantean grandes desafíos a la gestión pública. En este sentido, las dimensiones de la gobernanza se extienden no solo a la organización social, las instituciones y las estructuras políticas, sino ante todo a la naturaleza, a la dimensión medioambiental, como una esfera que requiere atención urgente y es de creciente interés para los movimientos de seguridad y soberanía alimentaria. En sentido estricto, hablando de gobernanza socioeconómica, los conflictos no resueltos y las formas de poder asimétricas caracterizadas por la desconfianza, elevan los costos de transacción (Barjolle y Chappuis, 2000; Williamson, 2002).

Bajo este esquema, la gobernanza territorial de los sistemas agroalimentarios es un enfoque de la Administración Pública que tiene un fuerte contenido sociológico al remitir a la confianza mediante el impulso a los esquemas de consulta en las zonas rurales (Torre y Traversac, 2011). No obstante, dichos mecanismos de consulta tienen características específicas que pueden ser explicadas por las ideas de la economía sustantiva y del arraigo expuestas anteriormente, pues es necesario reconocer que los alimentos anclados en el territorio suponen un valor intrínseco social y cultural, así como una importancia en la vida económica y en los ecosistemas que no puede ser compensada por los supuestos beneficios económicos que aportarían las actividades y las políticas dirigidas a la transformación de uso de suelo, de sustracción de agua para el consumo de las ciudades o el otorgamiento de concesiones para industrias extractivas (como la minería o la pesca industrial), ya que ponen en peligro a los sistemas alimentarios, la cultura y el patrimonio.

El ciclo de la gobernación del territorio impone una serie de procesos no lineales. En el gráfico dos se muestran los mecanismos de la gobernanza y los instrumentos de política necesarios para el proceso de toma de decisiones en una especie de círculo virtuoso en el que la participación de los actores territoriales y la gestión pública aparece en todas las fases de las decisiones.

Gráfico 2. Mecanismos para la toma de decisiones

Fuente: elaboración propia en base a Filippi Maryline y André Torre (2011).

El ciclo antes enunciado no necesariamente culmina. Se trata de un proceso que depende de muchos subsistemas para su elucidación. De hecho, es difícil encontrar casos en los cuales se haya realizado este proceso virtuoso. Desde la sociedad se han realizado esfuerzos que han seguido estas formas de consulta, vinculación y decisión. En México, uno se estos casos fue el registro de la Marca Colectiva Queso de Cotija en 2005, un queso típico del occidente mexicano que agrupó a académicos, productores y organizaciones en la búsqueda de la DO, pero que no fue otorgada por el gobierno mexicano debido a que en el país se producen muchos tipos de queso Cotija. En este caso, la falla mayor ha sido la institucional, relacionada con la política de certificación ya que no hubo voluntad para reconocer la calidad, tipicidad y reputación del producto asociado a un territorio específico caracterizado por un contexto biocultural de la Sierra de Jalmich (Jalisco y Michoacán). Pero aún sin la DO, la Marca Colectiva, lograda a partir de reuniones de información, consulta y diálogo entre los productores, así como de negociaciones y acuerdos, es considerada por los actores clave de este proceso como un gran avance (Pomeón, 2008).

El esquema anterior, en la medida que busca otorgar calidad a las decisiones, sin negar los conflictos, establece un marco general en el cual es posible definir políticas y programas sobre una base abierta al desarrollo de las zonas rurales y cuyo objetivo es la conservación y valoración de los sistemas bioculturalmente diversos, su aprovechamiento desde un esquema regulatorio de protección de los bienes públicos y los recursos comunes; y en fin, de retención de valor en las unidades familiares de producción para hacer frente a la desigualdad.

Conclusiones

Este artículo ha aportado elementos al debate de la gobernanza territorial de los sistemas agroalimentarios locales desde un punto de vista heurístico con la finalidad de convocar a un debate conceptual, así como ubicar desafíos y alternativas de solución. Los SIAL se encuentran inmersos en procesos de descentralización y de desarrollo territorial que han surgido en el contexto de las nuevas formas de producción y consumo de alimentos diferenciados. Aún no sabemos si la emergencia de estos sistemas responde a una alternativa sistémica al fordismo alimentario, caracterizado por la concentración de la agricultura, la industrialización de los alimentos y la distribución de productos homogéneos en todo el globo, o si son mecanismos de adaptación al mercado. En todo caso, se trata de sistemas que establecen formas y tipos de gobernanza basadas en la horizontalidad y la proximidad social, institucional y geográfica de los actores socioterritoriales. Los aspectos simbólicos de los alimentos -el nopal en la bandera mexicana, por ejemplo-, sus características sensoriales, sus propiedades nutritivas o usos en la vida diaria son parte de dicha proximidad. Al mismo tiempo, determinan políticas, formas de acción colectiva y reconocimientos que se encuentran en el corazón del desarrollo territorial. Si bien dicha proximidad ha sido parte de la valoración y revalorización del patrimonio y de la protección de conocimientos expresados en denominaciones de origen e indicaciones geográficas, es menester reconocer que en América Latina estos sistemas de garantías han surgido en medio de una institucionalidad débil, en ausencia de una acción efectiva de los agentes socioterritoriales y en contextos caracterizados por la pobreza rural y la desigualdad, lo que les ha impedido desplegar todo su potencial. En este sentido, es necesario perfeccionar el reconocimiento de estos sellos territoriales e incluir a la mayoría de los agentes en consejos de regulación y evaluación de la calidad. Por otra parte, llaman la atención los costos de certificación que implican los etiquetados propios de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen, ya que requieren la intervención de terceros y recaen en los productores primarios. En este sentido, es necesario observar con atención formas alternativas de certificación que son pertinentes a escala local, como los sistemas participativos de garantía, cuya ambición es interactuar en mercados alternativos regionales. En este caso, los etiquetados provienen de la acción concertada entre la sociedad civil -productores, consumidores, asociaciones académicas- aunque con escaso reconocimiento de las instituciones públicas. Sin embargo, la acción colectiva que ha impulsado la certificación participativa ha introducido nuevas dimensiones de los SIAL, tales como la conservación de los sistemas agroecológicos tradicionales, el comercio justo y corresponsabilidad entre consumidores y productores para el desarrollo de la agricultura por contrato. Pero para realizar el principio de una gobernanza de abajo hacia arriba es decir bottom-up, se requiere no solo la existencia de acciones de la sociedad civil, sino la coordinación entre la acción colectiva y la gestión pública ante los innumerables conflictos, desacuerdos y confrontaciones que constantemente surgen en los ámbitos territoriales, de ahí que conocer e implementar mecanismos e instrumentos de gobernanza para que los SIAL tengan una incidencia efectiva en la disminución de la desigualdad y en la distribución de la riqueza es una tarea prioritaria en la agenda pública en América Latina.

 

Este artículo se elaboró en el marco del proyecto de investigación “Gobernanza y desarrollo territorial. El papel de las políticas públicas. Un estudio comparativo” UNAM-PAPIIT IN303117 y de la Red temática de Sistemas Agroalimentarios Localizados Red SIAL, CONACYT. Proyecto 280604. Se agradece el apoyo de Anahí Campos Tenango y de Mariana Huerta Vázquez para la gestión bibliográfica y la revisión del texto.

 

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Recibido: 9-2-2017 Aprobado: 31-5-2017

 


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