Ana María Mateu. “La vitivinicultura mendocina de entreguerras. Herencia e innovación en las crisis productivas (1914-1940)” / “Mendoza’s Viticulture During the Interwar. Inheritance and Innovation in Productive Crises (1914-1940)”. RIVAR Vol. 3, N° 9, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, septiembre 2016, pp. 75-103.
La vitivinicultura mendocina de entreguerras. Herencia e innovación en las crisis productivas (1914-1940)
Mendoza’s Viticulture During the Interwar. Inheritance and Innovation in Productive Crises (1914-1940)
Ana María Mateu*
*CONICET- UNCuyo. Mendoza, Argentina. Correo electrónico: mateupart@gmail.com
Resumen
Este trabajo se propone mirar a la vitivinicultura en el espejo del periodo entreguerras, desde una óptica que no solo señale ensayos y errores sino que acentúa el análisis de lo “heredado” en las políticas públicas, así como en las posturas de los actores políticos y corporativos nacionales y provinciales ante las crisis.
Un análisis profundo de la época, que no se detenga únicamente en los instrumentos reguladores del mercado y en su escaso éxito en el tiempo, permite observar desde perspectivas más amplias las reiteradas propuestas de cambio de los rasgos estructurales del modelo productivo y comercial, intentos que fueron formulados desde principios de siglo y que nos permiten resaltar el peso de la herencia en el accionar de la Junta Reguladora, así como la importante presencia del Estado desde los tiempos fundacionales.
La vitivinicultura de este periodo no ha estado ausente en la bibliografía de la época. Sin embargo, este artículo pretende algunas reformulaciones, al mostrar la continuidad de aquellas estrategias que intentaban no solamente atender a los fallos del mercado y que fueron marcando un sendero que la agroindustria no ha terminado de recorrer, constituyendo un valioso antecedente del actual proceso de “reconversión vitivinícola”.
Palabras clave: políticas industriales, vitivinicultura, regulación, promoción, publicidad.
Abstract
This piece of work intends to look at the wine industry in the interwar period mirror, from a perspective that not only considers trials and errors but that also emphasizes in the analysis of the “inherited” in public policy as well as in the positions of the political actors and national and provincial corporate towards crises.
A thorough analysis of the time, not only pointing at the regulators market instruments and their limited success in time, allows us to see from a broader perspective the repeated change proposals for the structural features of the production and trade model, attempts that were formulated since the beginning of the century and that allow us to highlight the burden of heritage in the actions of the Junta Reguladora and the significant presence of the State since the founding days.
The viticulture of this period has not been absent in the literature of the time. However, this article aims to build some reformulations to show the continuity of those strategies that have not only tried to solve market failures and that were marking a path that agroindustry has not finished yet and constitute a valuable precedent of the ongoing “wine reconversion”.
Keywords: industrial policies, viticulture, regulation, promotion, advertising.
Cuando en 1936 llegó el presidente Justo a Mendoza para celebrar la primera Fiesta de la Vendimia,1 se pretendió mostrar que los desequilibrios de la vitivinicultura eran un problema nacional y que por ello esta actividad se había incorporado al régimen de industrias dirigidas propuesto por el gobierno, en momentos en que las dificultades provinciales se retroalimentaban por la gravedad de la Gran Depresión y sus alcances internacionales (Persello, 2006). La ocasión fue también la oportunidad de festejar su regulación y organización, junto a exhibir la pretendida conciliación de intereses al interior de la cadena productiva.
A pesar de que todo esto estaría lejos de concretarse, o precisamente por ello, este artículo se propone mirar a esta agroindustria en el espejo del periodo de entreguerras, desde una óptica que no solo señale ensayos y errores sino que acentúe el análisis de lo “heredado” en las políticas públicas, así como en las posturas de los actores políticos y corporativos nacionales y provinciales ante las crisis (Skocpol y Weir, 1993 ).2
Los vinos y las uvas son dos de los íconos principales de la cultura mendocina. Es por ello que en el imaginario colectivo, la eliminación de sus acequias -otra expresión de nuestra identidad-, que constituyó una de las principales medidas de regulación utilizadas por las políticas públicas de la época, es aún recordada como una afrenta a la tierra y al trabajo.
Un análisis profundo de la época, que no se detenga únicamente en los instrumentos ordenadores del mercado y en su escaso éxito en el tiempo, permite observar desde perspectivas más amplias las reiteradas propuestas de cambio de los rasgos estructurales del modelo productivo y comercial, que fueron formuladas desde principios de siglo y que nos permiten resaltar la importante y constante presencia del Estado, así como el peso de la herencia en el intervencionismo de la Junta Reguladora.
La vitivinicultura de este periodo no ha estado ausente en la bibliografía de la época (Mateu, 2005 y 2006; Olguín, 2012; Ospital, 2009; Barrio, 2013). Sin embargo, este artículo pretende algunas reformulaciones de posturas anteriores, al mostrar la continuidad de aquellas estrategias que intentaban no solamente atender a los “fallos del mercado” y que fueron marcando un sendero que, con muchas idas y vueltas, la agroindustria aún no ha terminado de recorrer. Precisamente estos intentos constituyen un valioso antecedente del actual proceso, no concluido y con dificultades, de “reconversión vitivinícola” que se inició en 1990 y que impactó en el tradicional modelo “centenario”, a través del crecimiento del mercado de vinos finos y de los mercados de exportación que impactaron tanto en el perfil tecno productivo de la viña y la bodega, como en las nuevas formas de comercialización (Mateu, 2008 y 2011).
Un Estado siempre presente
La crisis estructural de los años 30 marcó el fin del paradigma de crecimiento económico orientado hacia el exterior, que ya había mostrado su debilidad durante la Primera Guerra Mundial, e inauguró una etapa caracterizada por el proteccionismo y la economía dirigida para impulsar la industrialización por sustitución de importaciones (Gerchunoff y Llach, 1998; Girbal, 2001). No obstante, nada de esto era nuevo para la provincia.
En Mendoza, el activo apoyo estatal nacional y provincial fue el que permitió la resurrección de una actividad de raíz colonial por medio de algunas medidas de fomento y protección, como la ampliación de la red de riego artificial y las exenciones impositivas para la plantación de viñas; la llegada del ferrocarril y de mano de obra extranjera, la promoción del crédito, la ampliación del mercado interno y el consiguiente aumento del consumo de vino (Mateu, 2000).
Las políticas industriales tuvieron un rol decisivo en la promoción y regulación de una actividad de la cual el Estado se convirtió en el principal beneficiario ya que fue gravada según su productividad (por hectolitro, litro o quintal),3 posibilitando que los nuevos impuestos financiaran obras de irrigación, construcción de edificios públicos (escuelas, cárceles, reformatorios, etc.), créditos de habilitación agrícola para las industrias de grano (incluida la uva), préstamos a la Dirección General de Escuelas y a la Caja Obrera de Pensión a la Vejez e Invalidez y hasta dispensarios para la lucha antivenérea en toda la provincia.
El proceso de sustitución de importaciones de vinos se logró en los años de la Primera Guerra Mundial, aunque a través de un crecimiento desordenado (Gráfico 1). La creencia de que el aumento del consumo no tendría techo, tempranamente, llevó a una industria inarmónica, masiva, mercado internista y de baja calidad, con problemas de superproducción, vaivenes de precios y acumulación de stocks y con profundos desequilibrios al interior de la cadena. Los intentos de solución al desequilibrio productivo reflejaron una puja por parte de la burguesía bodeguera, por maximizar los beneficios y por trasladar las pérdidas a los eslabones más débiles: viñateros sin bodega y trabajadores.
Gráfico 1
Elaboración propia en base a Vino, viñas y frutas. Año XXVIII, N° 311, julio de 1931, para los años 1910 a 1934; y Dirección de Investigaciones, Estadísticas y Censos. Cuadro N° 66, pág. 115, para los años 1935 a 1940
La bibliografía disponible4 da cuenta de las primeras crisis del siglo XX, durante las cuales se ensayaron la mayoría de las medidas que se pondrían en marcha en la década del 30: comisiones privadas y oficiales para elaborar diagnósticos, fomento del cooperativismo, construcción de bodegas regionales, eliminación de uvas y vinos y regulación de precios. La literatura también ha puesto el acento en los desequilibrios al interior de la cadena productiva y comercial, resaltando el acuerdo de algunos actores políticos y económicos de la época sobre la necesidad de la intervención estatal para proteger a los pequeños y medianos viñateros (Iriart, 2015).
Con el objetivo de repasar las políticas sectoriales para conocer el peso de la herencia y de la innovación a partir del sendero recorrido hasta los años treinta, hemos prestado atención a aquellas relativas a la regulación de la oferta, a la promoción de la actividad y el fomento de la demanda.
La regulación de la oferta
La regulación estuvo presente ya en la época fundacional, en lo referido a algo tan elemental e importante como fue definir qué era el vino para su diferenciación de los
productos artificiales y adulterados.5 Con el correr de los años y ante los desequilibrios productivos, la intervención apuntó no solo a la calidad sino al tamaño de la oferta. Podríamos decir que la historia de la industria y de sus crisis se fue escribiendo a la par de la de sus organismos reguladores, aunque siempre en medio de discusiones sobre si el problema era de superproducción o de subconsumo.
Las distintas entidades fueron surgiendo por iniciativas oficiales, corporativas o empresariales, o bien por una combinación de todas estas; estuvieron generalmente asesoradas por expertos, que eran convocados para la elaboración de diagnósticos, pero que pocas veces eran escuchados (Mateu y Stein, 2006).
Luego de las tempranas dificultades de principios de siglo (Barrio, 2008), nuevamente, el derrumbe de los precios de la uva y el vino se hizo presente en dos ciclos recesivos relacionados a coyunturas internacionales, el enlazado a la Primera Guerra Mundial y el iniciado a fines de los años 20 vinculado a la Gran Depresión.
Durante el gobierno de Francisco Álvarez, miembro del Partido Popular, fracción del conservadurismo mendocino, en 1914 se ensayó, por primera vez y ante una caída del consumo, la regulación de la oferta a través del derrame de vinos adquiridos por parte del Estado.6 Afirma Olguín que la Comisión de Defensa y Fomento Industrial y Comercial, creada por la Ley Provincial N° 625 retiró, en 1915, el 17,8% de la uva producida y el 9% del vino elaborado, en tanto, en 1916, estos porcentajes se ubicaron en el 12,6% y el 4,4%, respectivamente, siendo destruidos en su mayor parte (Olguín, 2012).
Años más tarde, durante el lencinismo y dentro de otros parámetros políticos, la regulación apuntó a la fijación del precio mínimo de la uva, medida que apuntaba a favorecer a los viñateros dentro de la puja redistributiva de las ganancias de la actividad. Fue implementada a través de una Comisión que estaría compuesta por cuatro miembros, dos viñateros sin bodega y dos bodegueros, nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y presidida por el Ministro de Industrias y Obras Públicas.7 La intromisión del estado lencinista para corregir ciertos desajustes de la agroindustria fue atacada por la burguesía bodeguera, unida al conservadurismo mendocino, enrolados en el movimiento “deroguista” cuyo propósito de revocar las Leyes 758 y 759 fue conseguido en 1923 durante el gobierno Carlos Washington Lencinas (Iriart, 2015).
A semejanza de lo acontecido en 1914 durante el gobierno conservador de Ricardo Videla, la Comisión Autónoma de Defensa Vitivinícola (1933-1934), creada por medio de la Ley Provincial N° 1.068 (1933),8 asumió funciones reguladoras de la oferta de uvas. Compró el 16% de la materia prima para eliminarla, estableciendo el precio para el levantamiento de la cosecha de 19349 (Olguín, 2012).
Desde el ámbito privado, aunque en estrecha relación con lo público debido a las profundas relaciones entre la burguesía bodeguera y los gobiernos conservadores, también se pusieron en práctica algunas medidas de regulación de la oferta. Este fue el caso de lo realizado por una entidad monopólica, la “Compañía Vitivinícola”,10 creada por Ley 703 en 1916, integrada en su Directorio por los grandes bodegueros, financiada por un impuesto confiscatorio que pagaban quienes no se afiliaran a la misma y que tenía por objetivo fijar el precio del vino y eliminar los excedentes (Mateu, 2002). La Compañía, disfrazada de cooperativa, retiró el 17,8% de las uvas del mercado en 1917, dejándola perder en la cepa o eliminándola, pero hacia el final de la crisis incorporó un porcentaje menor, el 5,2% en 1918 y el 1,3% en 1919, por medio de la venta con destino a vinificación (Olguín, 2012). Su caída estuvo vinculada a un grave conflicto institucional desatado en 1918 entre el directorio y el flamante gobernador.
Hacia 1928, una crisis excedentaria se hizo presente nuevamente. En esa oportunidad se volvió a implementar la regulación de la oferta a través de una entidad privada, la Sociedad Vitivinícola de Mendoza (1930-1934) que se creó a partir de una propuesta realizada por Alejandro Bunge a una asociación de bodegueros, la Comisión de Defensa Vitivinícola, y que recibió la adhesión de los viñateros y de los bodegueros de la provincia, así como el apoyo del gobierno provincial y nacional (Olguín y Mellado, 2006). Esta entidad realizó una operación todavía mayor en el mercado de uvas, a través de la eliminación del 18,3% de la producción en 1930 y del 19,4% en 1931.
El análisis de estas medidas realizado por Olguín es concluyente en su afirmación de que las medidas regulatorias sobre la oferta, a partir de la reducción de la superficie cultivada, de la cantidad de uva vinificada y del vino producido, solo acercaron temporalmente la elaboración al consumo de vinos, aunque se fueron profundizando a medida que aumentaba la gravedad de las crisis. En las entidades que las llevaron a cabo se entremezclaron los intereses públicos y privados, y cuando en sus directorios se incluyeron a representantes de los grandes productores, junto a funcionarios públicos y expertos, hubo mayores dificultades para conseguir cierta autonomía y se asimilaron a organizaciones empresariales “autorreguladas” terminando en la defensa de intereses particulares. De este modo, sostiene que la Compañía Vitivinícola y la Sociedad Vitivinícola constituyeron ejemplos de intentos fallidos de cooperativismo, deviniendo en verdaderos cárteles (Olguín, 2012).
La promoción industrial
Un recorrido por las políticas públicas anteriores a la Junta Reguladora muestra que en toda la legislación y entidades creadas, la promoción industrial tuvo un lugar destacado, aunque sus propósitos fueron tantas veces reiterados como desoídos: creación de bodegas regionales y de cooperativas, mejoras en la calidad, aumento de controles sobre elaboración y distribución, normas sobre fraccionamiento en origen, primas para la exportación de uva y vino hacia nuevos mercados, desarrollo de las industrias derivadas, reducción de los costos de producción y de los impuestos, aumento del crédito, combate a las plagas de la vid, fomento del consumo y establecimiento de zonas libres alcoholeras, entre otras.
Podríamos mencionar, a modo de ejemplo, los intentos desesperados que fueron desplegados antes de que el Estado Nacional interviniera drásticamente sobre la superproducción de la actividad (Gráficos 2 y 3) y que han merecido poca atención ante la dramática caída de los precios y el consumo (Gráficos 4 y 5). En 1933 la Comisión Autónoma Vitivinícola con el objetivo de lograr un producto diferenciado y de mayor calidad dentro de la oferta de la época, creó una nueva variedad, los “vinos típicos superiores” que deberían tener una guarda no inferior a los tres años y determinar su zona de producción, cepaje y sistema de elaboración, junto con mantener caracteres organolépticos constantes. Por otra parte, fomentó la ampliación del mercado interno a través del otorgamiento de una prima a quienes vendieran vinos en los territorios nacionales donde el consumo per cápita fuera inferior a 25 litros al año, a los que exportaran al extranjero y a los que vendieran en el interior o en el extranjero vinos típicos superiores embotellados.
Gráfico 2
Elaboración propia, para los años 1910 a 1915 en base a Martín, José Francisco. Estadoy empresas. Relaciones inestables, Ediunc, UNCuyo, 1992: 258. Para los años 1916 a 1936, se utilizó el Anuario. Síntesis estadística y geográfico-económica, Mendoza, Instituto de Investigaciones Económicas y Tecnológicas, 1952: 58. Para los años 1937 a 1940, Instituto Nacional de Vitivinicultura. Departamento de estudios y estadísticas, Form. 102 hasta 1969
Gráfico 3
Elaboración propia en base a Centro Vitivinícola Nacional, Año XXV, N° 287, julio de 1929, para los años 1910 a 1911. Y Ana ario. Síntesis estadística}’ geográfico-económica, Mendoza, Instituto de Investigaciones Económicas y Tecnológicas, 1952: 58-59, para los años 1912 a 1940
Gráfico 4
Elaboración propia en base a Bunge, Alejandro. Informe del Ing. Alejandro Bunge sobre la Industria Vitivinícola. Tercera Parte. Buenos Aires, Sociedad Vitivinícola de Mendoza S.A., Cía. Impresora Argentina S.A., 1929: 128, para los años 1869, 1880 y 1895. Vino, viñas y fruta, Año L, N° 586, julio 1954, para los años 1900 a 1929. Y <http://www.areadelvino.com/estadistica_grupo.php?grupo=8&pagina=l> para los años 1930-2012
Gráfico 5
Elaboración propia en base a Martín, José Francisco. Estado y empresas. Relaciones inestables. Cuyo, Ediunc, UNCuyo, 1992: 263-266
Por otra parte, las últimas leyes del año 193311 otorgaron facilidades para la construcción de bodegas regionales y el establecimiento de cooperativas privadas o asociadas al Estado; establecieron normas sobre fraccionamiento en origen12 (en botellas de vidrio cerradas herméticamente, de una capacidad no mayor de 1.000 centímetros cúbicos y con una estampilla en donde constara el pago del impuesto); dispusieron además normativas para los vinos típicos superiores, eximieron de impuestos a las cooperativas que elaboraran, compraran, formaran reserva y expendieran vinos fuera de la provincia; derogaron impuestos que gravaban la circulación del consumo de vino en el país y otorgaron el carácter de oficial a la primera sociedad cooperativa de venta directa de vino al consumidor que se formase (con un número no menor de 50 asociados), con derecho de uso del nombre y emblemas de la Provincia en sus locales de venta o agencias oficiales y en las marcas y envases de productos. Pero estas medidas, muchas de ellas novedosas ya que apuntaban a lograr una mayor calidad, mejor organización del comercio y aumento del consumo, quedaron únicamente como una aspiración de deseos en medio de la caída de los precios y de la demanda.
En 1934, ni la intención de compra por parte del Ejecutivo13 de dos millones de quintales de uva de la vendimia a los sectores más vulnerables (viñateros sin bodega, bodegueros sin capacidad de vasija, contratistas y medieros), ni la proyectada adquisición14 de toda la uva vinificable de la cosecha del año 1935 para constituir una reserva de setecientos cincuenta mil cascos de vino, lograron aquietar el panorama. Al contrario, a fines de año la situación de la industria vitivinícola seguía empeorando, el consumo continuaba en baja y los precios habían descendido verticalmente al punto que no alcanzaban a cubrir los costos.
Fomentar el consumo
La propaganda, en sus múltiples modalidades, fue parte de las estrategias para superar la crisis internacional y sus efectos locales. Fue integrada en el conjunto de medidas adoptadas por el Estado y los sectores empresarios vinculados a él. Hacia fines de la década de 1930, el fomento de la industria se unió a los intentos de crear una conciencia social a favor del consumo de productos nacionales, lo cual explica la preponderancia de los maestros, amas de casa y madres de familia en los mensajes publicitarios (Girbal y Ospital, 2005).
Pero el fomento de los vinos nacionales venía de lejos. En el contexto de las crisis o desajustes productivos posteriores a la Primera Guerra Mundial, muchos fueron los técnicos o profesionales que pusieron al servicio del Estado o de las corporaciones su experiencia y todos coincidieron en que el aumento de la demanda venía enlazado a los vinos nacionales de calidad.
José Trianes, en 1908, expresaba que había que introducir los productos argentinos en las clases medias y ricas. Proponía alquilar un local en Buenos Aires con una cava elegante para que expusieran los productores, otorgar premios, hacer promociones en restaurantes, e incluso, ya en esa época, crear una Fiesta de la Vendimia, capacitar guías de turismo, filmar películas sobre el potencial de la industria y realizar concursos de letras y afiches para propaganda. Simplificaba su receta en “dar vinos buenos, sanos y agradables, pero más baratos, mucho más baratos” (Trianes, 1908).
En 1915 Arminio Galanti, enólogo y representante de los comerciantes de vinos de Buenos Aires, además de sus críticas a la estructura productiva y a la falta de estrategias de cooperación vitícola, reclamaba por una activa propaganda que reactivara el consumo (Galanti, 1915).
Diez años más tarde, un detallado estudio de la situación fue realizado en 1922 por parte de Leopoldo Suárez, Ministro de Industrias y Obras Públicas de Lencinas, quien también sostenía que no había superproducción, sino que era necesario aumentar el consumo y organizar el comercio para evitar el encarecimiento del producto (Suárez, 1922).
En los años 30, a pedido del gobierno nacional, Alejandro Bunge volvió a analizar la industria, en medio de las repercusiones de la crisis de Wall Street, y enfocó el tema en la diferencia entre la oferta y la demanda del vino, por lo que se dedicó a estudiar el consumo, problema que a su juicio, aquejaba a todos los países productores de vino. Vinculaba también su baja con los saldos migratorios negativos de la Primera Guerra y con las características distintas de los migrantes. Consideraba primordial una activa propaganda para llevar al convencimiento público la idea de que el vino no era una bebida alcohólica sino higiénica, sana, tónica, nutritiva; que era elaborada con plenas garantías de pureza y que era el complemento indispensable de toda buena comida. Aseveraba que uno de los mejores medios para combatir el alcoholismo era la generalización del uso del vino en substitución del consumo de los cocktails en la burguesía y de la caña, junto a otras bebidas alcohólicas en el pueblo trabajador (Bunge, 1929).
Casi en forma contemporánea, Rafael Trianes también se dedicó al análisis del consumo y expresó la necesidad de llevarlo a los 150 litros per cápita de cualquier país vitivinícola o a los 200 de Francia. Le resultaba sorprendente que fuera la clase media argentina la que se abstuviera de consumir vino y lo atribuía al excesivo precio y a la falta de calidad. Sostenía que se había “standarizado” su elaboración y que era imposible enamorarse de un vino sin personalidad. Proponía modernas estrategias de capacitación para una mejor publicidad de los productos a través de cursos de sommelier, de maridaje con ciertas comidas unidos a una serie de trabajos prácticos con visitas a bodegas, comercios, tonelerías y dependencias oficiales (Trianes, 1935).
Es llamativo en la época el uso de análisis de mercado para conocer el gusto de los consumidores, de los médicos y de la prensa. Un artículo del diario Los Andes transcribe una encuesta realizada por un especialista en vinos, Antonio Scaramella, que aconsejaba asegurar la genuinidad de los vinos, la fiscalización de su comercio para evitar alteraciones, la reglamentación de los precios de venta evitando las ganancias exorbitantes y la reducción de los costos del transporte y la asociación (Los Andes, 1 de enero de 1935).
Por su parte, las páginas de la Revista del Centro Vitivinícola Nacional -principal corporación bodeguera creada en 1905-, reflejaban también la situación preocupante por las oscilaciones del mercado interno y, lejos de pretender regular la oferta, reclamaban por una mayor propaganda sobre las bondades del vino como se hacía en Europa y Estados Unidos, a través de la colocación de afiches publicitarios en las estaciones de ferrocarril e incluso insistían en que se filmara una película sobre vinos, imitando lo que se hacía en Francia (Girbal y Ospital, 2005).
Su insistencia sobre la calidad se demuestra en una curiosa clasificación de los vinos del mercado interno: el vino que se deja beber, el buen vino comercial y el vinazo de trece grados de alcohol (Centro Vitivinícola Nacional, Revista Agrícola Industrial y Comercial, 25 de agosto de 1929: 555). Sostenían que había que trabajar en el mejoramiento de los vinos de batalla, a los que denomina “sangre de toro”, y en destruir la creencia generalizada de que el vino se producía con todo menos con vino. Confiaban en el poder de la propaganda “educacional” para salir del estancamiento. Numerosos artículos mostraban el análisis de lo que hoy consideraríamos estrategias de mercadeo e intentaban imitar las experiencias realizadas en Estados Unidos. Reclamaban por estudios sobre los consumidores, en quienes creían que residía la venta y no en el comerciante, y llegaban a sostener la necesidad de crear al agente de propaganda de vinos. Afirmaron además que si cada bebedor colocara un dedo más de vino a su vaso durante las comidas, el consumo subiría seis litros más per cápita (Centro Vitivinícola Nacional, Revista Agrícola Industrial y Comercial, 25 de agosto de 1929: 555).
La Junta Reguladora Nacional
Si repasamos lo anterior, podemos observar que la economía dirigida implementada por el gobierno de Justo, recogió una herencia de colaboración entre las esferas pública y privada, aunque las medidas que apuntaban a algunas mejoras en la calidad y comercialización siempre fueron postergadas por la premura de soluciones de coyuntura.
A fines de 1934, la situación de la industria vitivinícola seguía empeorando. El consumo continuaba en baja y los precios habían descendido verticalmente al punto que no alcanzaban a cubrir los costos. En noviembre de ese año la Federación Mendocina de Fuerzas Vivas, la Unión Comercial e Industrial y el Centro de Bodegueros solicitaron el envío al Congreso de un proyecto de ayuda y regulación de la industria vitivinícola en el convencimiento de que solo se saldría de las dificultades con el apoyo nacional.
Las presiones sobre el Ejecutivo Nacional para que interviniera, como lo estaba haciendo con otras producciones regionales, terminaron por dar resultado. El propio Presidente Justo, en el mensaje al Congreso que antecedió a la ley de creación de la Junta Reguladora, enmarcó la crisis provincial en la paradoja de una “miseria motivada por la abundancia”.15 Caracterizó a las medidas como “de emergencia”, destinadas al saneamiento y equilibrio de la producción dirigidas a no dejar en el desamparo a una industria de la que dependían más de medio millón de habitantes. El mensaje mostró el temor de emprender una ruta intervencionista, aunque la situación la demandaba.
Para la navidad de 1934 se creó la Junta Reguladora de Vinos por medio de la Ley 12.137, cuyos objetivos fueron la regularización de la producción y del consumo a través de indemnizaciones que promovieran la supresión de la vid vinífera o su substitución por uva de mesa o de pasas, o por otro cultivo; la compra de uva con destino distinto a la elaboración del vino; la adquisición de los excedentes de vino de los bodegueros que se obligaran a recomprarlo cuando la Junta decidiese venderlos y librarlos al consumo; la fijación con carácter de obligatorio de la época de vendimia en cada una de las regiones vitivinícolas del país, y la promoción de la agrupación de los productores de uva sin bodega en entidades cooperativas para la industrialización y comercialización de sus cosechas. Para cumplir este programa el Ejecutivo Nacional invertiría hasta $30.000.000 que entregaría a la Junta en calidad de adelanto y que sería amortizado con una sobretasa de un centavo por litro de vino expedido.
La Ley 12.355 del 29 de enero de 1937, que modificó y amplió a la anterior, determinó que la Junta adquiriría tierras plantadas con viñedos ubicadas en zonas típicamente vitivinícolas y en plena producción, para eliminar 2.000.000 de quintales métricos de producción (con 1.300.000 de quintales pertenecientes a Mendoza). Estas tierras pasarían al dominio privado de la Nación, para ser divididas en lotes de hasta 5 hectáreas y vendidas a trabajadores rurales a razón de un lote por familia, con la condición de que establecieran allí su hogar y que lo trabajasen con cualquier cultivo que no fuera uva. Los precios por hectárea variarían según la productividad de los viñedos.
Las leyes fueron sancionadas sin el apoyo socialista. El análisis del Diario de Sesiones exhibe las diferentes maneras con que los actores políticos percibieron las crisis. El conservadurismo mendocino, enrolado en el Partido Demócrata Nacional, se limitó a insistir en demostrar que se estaba ante un problema coyuntural vinculado a la sobreproducción y no discutieron las falencias ni los límites del modelo. Se apoyaron en algunos estudios técnicos, los mismos que utilizara el Estado nacional -uno de ellos el de
Héctor Liaudat, funcionario del Banco Nación de la Oficina de Investigaciones Económicas- y en el asesoramiento del economista conservador, Raúl Prebisch, Presidente del Banco Central. La bancada oficialista no vinculó la crisis de la industria con los problemas financieros y bancarios de los años 30 y soslayó la importancia del peso de la gravosa e histórica carga impositiva provincial sobre los productores, problema con el que terminó la sanción de la Ley de Impuestos Internos, que unificaba los impuestos en todo el país. Defensores del liberalismo económico justificaron el intervencionismo estatal solo por razones de emergencia y remarcaron que las regulaciones del mercado no constituían una contradicción con estos principios, por tratarse de “simples correcciones” de la oferta y la demanda.
Por su parte, la bancada socialista puso en tela de juicio el modelo, sus rasgos y sus desequilibrios, el rol del Estado y las incoherencias entre la regulación y la teoría económica neoclásica. Se centraron en el problema de la calidad de los vinos al señalar al aguamiento como responsable de la superproducción y llegaron a decir que era una industria basada fundamentalmente en la química y no en las uvas. Pusieron el dedo en la llaga al mencionar la alta gravitación de la carga impositiva provincial en los precios del vino que se llegaba a convertir en una prima para las otras provincias productoras y centraron también su crítica en la situación de los bancos, que al borde de la quiebra, presionaban ante el gobierno para que solucionara el problema de los productores, a quienes prestaron el dinero cuando la industria era próspera y se lo quitaron cuando flaqueaba, mientras siempre les negaron el crédito a las cooperativas. Manifestaron que darían su apoyo si los dineros públicos se aplicaran a la construcción de un nuevo “edificio industrial”.
Cuando todo estuvo dicho, las leyes que crearon y reglamentaron la Junta lograron escasamente los votos necesarios para ser sancionadas, terminando la sesión con las palabras del diputado socialista Enrique Dickman, declarando que se trataba de “una brutal ley reguladora, tan audaz que no se animarían ni los bolcheviques” (Cámara de Diputados, Diario de Sesiones. Argentina, 5 de diciembre de 1934: 691).
Conforme a sus propósitos regulatorios, la Junta compró, en 1935, 3.084.080 quintales de uva para ser eliminados, provenientes de 45.648 has -es decir, casi la mitad de la producción de Mendoza-, cuyo 86% pertenecía a los viñateros sin bodega. La compra afectó a la elaboración de vinos de calidad, ya que el 50% de las adquisiciones correspondió a uva francesa, en especial malbec, proveniente de pequeñas propiedades, en un 50% de propiedades no mayores a 5 has, correspondiendo el mayor porcentaje a la zona de San Rafael, en el sur mendocino (Mateu, 2006).
Al año siguiente, la operatoria se repitió para 900.000 quintales más, aunque las compras estuvieron destinadas a propiedades algo más grandes, en un 55% a propiedades menores de 25 has y en un 81% a viñateros sin bodega. No sorprende que los estudios den cuenta del alto endeudamiento de quienes vendieron sus uvas, a quienes fueron a parar en 1936 solo un 10% de los montos pagados por la Junta y el resto para acreedores hipotecarios, embargos, cesiones y contratistas (Junta Reguladora Nacional. Memoria del año 1936. 1936: 136). Por otra parte, la entidad se dedicó a la instrumentación de la operatoria de préstamos, a través de las principales entidades crediticias, con garantía prendaria a los bodegueros y con el objetivo de disminuir la oferta de vinos y el pago a los productores de un precio mejor que el de plaza.
La otra vía para la regulación fue la extirpación de viñedos y la gravación impositiva a las nuevas plantaciones. La Junta justificó su accionar citando medidas similares emprendidas en Túnez en 1934 y en lo que estaba realizando en ese mismo entonces, Francia. La extirpación era voluntaria y la Junta dispuso de ofertas para erradicar 10.000 has de viña con una producción aproximada de 450.000 Hls, para cuya compra se priorizaron aquellas que estuvieran ubicadas en zonas de menor rendimiento económico, fáciles de reconvertir, con filoxera, o bien que produjeran vinos de menor calidad, aunque la propia entidad reconoció sus dudas sobre cuál cultivo sería conveniente de implantar en lugar de la viña, admitiendo los problemas por los que también pasaba la fruticultura. Como en el caso anterior, estas medidas impactaron negativamente sobre los varietales de calidad y de menor rendimiento, ya que esto último era lo que se priorizaba para la extirpación.
Estas operaciones regulatorias, pensadas con carácter de emergencia, fueron repetidas en 1936 y en 1937. En las páginas de sus propios Boletines, la Junta Reguladora reconocía que la extirpación chocaba con un concepto popular sentimental y no racional: la destrucción de la riqueza. Justificaban la eliminación en el concepto de que lo que no es “deseado” por el consumo o no puede ser “pagado” por él, no constituye ya riqueza, especialmente en el caso de las plantas perennes:
El propietario de un viñedo marginal aguanta mientras le permitan sus reservas o los acreedores lo esperen. Terminadas las reservas y esperas se remata el inmueble, pero el viñedo sigue produciendo más o menos la misma cantidad de uva. El propietario no ha sobrevivido económicamente a la marginalidad, pero sí el viñedo causante de su ruina. (Junta Reguladora de Vinos, Memoria del año 1935, 1935: 354)
Para concluir sobre su gestión, podemos deducir que la Junta Reguladora tuvo un éxito parcial y acotado, a un máximo de tres años en relación al cumplimiento de sus objetivos (Gráfico 4). A los tres años de su actuación, en octubre de 1938 y talvez como muestra ostensible de su fracaso, comenzó a tirar el vino por las acequias, a razón de 20 operaciones diarias, que alcanzaron en 10 días a un total de 1.813.490 litros. Esa fue la muestra evidente de que no había conseguido contraer la oferta de vino porque no logró controlar la producción, la cual continuó su senda ascendente dado el continuo incremento de la superficie cultivada y por lo tanto de la disponibilidad de materia prima. Tampoco pudo incrementar la demanda, dado el impacto negativo que la crisis tuvo sobre el ingreso, a lo que se unió la significativa recuperación del precio del vino, desde 1938, con $8,6 por Hl (Mateu, 2005).
Al final de su gestión, ante la inminencia de otra crisis de sobreproducción, las palabras de la entidad fueron claras: “La Junta reitera su advertencia sobre la urgente necesidad de someter al contralor del Estado las futuras plantaciones y estructura del viñedo. De lo contrario, es seguro que la industria volverá a una situación de anarquía y veremos malogrados ocho años de esfuerzos regulatorios” (Junta Reguladora de Vinos, Memoria del año 1935, 1935: 12).
¿Qué pensaban algunos contemporáneos sobre la actuación de la Junta Reguladora? Las palabras de Francisco Trianes son duras:
La ley reguladora de vino es una ley de clase que beneficia con exclusividad a los productores y solo a algunos de estos, mientras daña a todo el resto de la población del país. [...] Más de 100.000 personas debían quedar sin medios de vida a consecuencia de la extirpación de viñedos dispuesta por la ley. (Trianes, 1938: 12-13)
Una declaración del Partido Socialista Obrero del año 1938 impuso con claridad los resultados de la política reguladora: inversión improductiva de cerca de $100.000.000, destrucción de materia prima y de vinos, aumento de la desocupación y la burocracia, disminución salarial de los trabajadores, malos sistemas de comercialización, privilegios financieros para algunos establecimientos en detrimento de los pequeños productores, fraude, falta de previsión, improvisación y fracaso de la economía regulada.
Benito Marianetti, dirigente del Partido Comunista de Mendoza, en su obra El racimo y su aventura, dirá años más tarde que en esa política de destrucción los terratenientes y bodegueros recibieron dineros del pueblo argentino, mientras que no se le dio un solo peso a los contratistas ni trabajadores. Aseveró en forma contundente que la experiencia de la Junta era el exponente de la política antipopular de la oligarquía y los monopolios coaligados (Marianetti, 1965).
Los estudios de la Junta sobre la agroindústria: el peso de la herencia
La Junta no se limitó a medidas regulatorias, sino que también elaboró una profusión de análisis para lograr un real conocimiento de la agroindustria sobre el cual basar sus políticas. Además de proveer valiosa información estadística -poco frecuente en periodos anteriores y desgraciadamente aún en los periodos actuales-, debemos destacar algunos trabajos que constituyen la base para posteriores estudios comparativos, así como de relación de variables, a fin de conocer los componentes de la industria y su comportamiento. En pocos momentos de la historia de la vitivinicultura se realizó una “radiografía” tan completa de la industria, acompañada de numerosos estudios sobre comportamiento de precios, demanda, consumo, comercio, que pueden ser consultados en sus Memorias y otras publicaciones. Podemos mencionar, a modo de ejemplo, los siguientes factores:
• Prohibición de elaboración de vino fuera de las zonas de producción.
• Fijación de fechas de vendimia y de liberación de vinos nuevos según variedades y zonas.
• Utilización de propaganda masiva en periódicos y radios sobre las bondades del vino, su valor higiénico, el uso del clericot -especialmente para las Fiestas de Fin de Año-, el maridaje con algunas comidas, etc.
• Estudios sobre denominaciones geográficas, para no recurrir a las extranjeras.
• Inauguración de plantas fraccionadoras oficiales en los principales centros de consumo.
• Aceptación del pago de contribuciones a la Junta en especie.
• Levantamiento del Censo de Viñedos y de Bodegas.
• Registro anual de uvas y vinos.
• Elaboración de cuadros de variedad de uva, año de cosecha y graduación alcohólica.
• Elaboración de estadísticas de temperatura media mensual, 1900-1935.
• Estudios técnicos de diferentes zonas, sus climas y variedades.
• Cálculos del aguado promedio de los vinos a granel vendidos.
• Análisis de muestras de vino.
• Traducciones de estudios sobre el tema vitivinícola de otros países.
• Provisión de vino gratuito al ejército y de bolsitas de uva a escolares.
• Análisis de los mercados de exportación, aunque manteniendo el convencimiento oficial de que esto era imposible de lograr.
• Estudios sobre elaboración y exportación de aceite de semillas de uva y de utilización de orujos para alimento del ganado ovino.
• Traducciones y estudios sobre los beneficios medicinales del vino.
• Estudios sobre otros usos de la uva: azúcar, ácido cítrico, zumo de uvas verdes para acidificar vino, etc.
• Estudios comparativos de consumo de vino y cerveza.
• Elaboración de Censo de comercios de vinos.
• Fomento a la fabricación en el país de envases baratos para los productos vínicos (bordalesas de roble fueguino y algarrobo mendocino y sanjuanino).
• Promoción de la venta de vino en botella.
• Análisis de la productividad de los viñedos marginales para determinar con exactitud cuántas hectáreas y qué rendimiento por quintal convertía el negocio en lucrativo, o convenía conservar, si el precio de la uva ascendía.
• Investigaciones sobre las formas en que el vino llegaba al consumidor a través del análisis de 495 muestras extraídas al azar en la Capital Federal.
• Estudios sobre la potencialidad del mercado brasileño (con la idea de establecer allí centros de promoción) e incluso del mercado chino.
Comentarios finales
A través de esta mirada sobre las políticas vitivinícolas de entreguerras podemos esbozar algunas conclusiones. En primer lugar, que la construcción de un consenso sobre la regulación de la oferta mediante la eliminación de uvas y vinos se fue implementando desde 1914 hasta que logró en 1934 convertirse en una política nacional. Las entidades que se encargaron de su aplicación, con apoyo estatal y de los bodegueros, habían actuado puntualmente sobre la coyuntura, pero recién lograron el apoyo central con las políticas económicas del Presidente Justo. La herencia de instrumentos y políticas previas fue central en el despliegue de las medidas adoptadas durante la década del 30, aunque el efecto disruptivo de la eliminación de uvas y vinos de la Junta Reguladora Nacional opacó el peso de la historia y atenuó la importancia de algunas innovaciones sugeridas, aún hoy pendientes.
En segundo lugar, este artículo problematiza las oscilantes posturas de los grandes bodegueros y sus corporaciones en torno al rol del Estado. Como se analizó con anterioridad, los grandes bodegueros presionaron para la derogación de la legislación industrial lencinista que intentaba construir un modelo más equilibrado. En el mismo sentido, el Centro Vitivinícola Nacional se expresó contra las medidas contractivas de la oferta de la Sociedad Vitivinícola. Sin embargo, en el caso de la Junta Reguladora esta corporación colaboró y asesoró, por ejemplo, en las estimaciones de las hectáreas a suprimir y en los montos a pagar por la entidad a los damnificados. Algunos miembros16 de esta gremial bodeguera fueron asesores de la Junta, a la que calificaron como un logro que, junto a la Ley de Unificación de Impuestos, permitían mirar con confianza el porvenir. En 1934 el Centro Vitivinícola apoyó las medidas de emergencia del Presidente Justo, y defendió el proteccionismo considerando que la creación de la Junta Reguladora Nacional de Vinos y su política de extirpación de la uva eran un logro para la industria y un factor de mejora en los precios.
Talvez había sido necesario un mayor temor de que “la miseria de la abundancia” arrastrara con ella a las grandes bodegas y a los bancos, que se habían convertido en un actor importante de la industria, y por eso apoyaron la mayor fuerza de una medida nacional proveniente de un gobierno conservador, afin a los intereses políticos de la entidad. ¿Es por ello que no percibieron en estas medidas un avance contra las libertades individuales y de mercado? ¿Se olvidaron de que se estaban reiterando políticas que ya habían fracasado?
Los controles aplicados durante el periodo fueron fruto de una “desesperación colectiva” (Los Andes, 30 de abril de 1945) ante la oferta excesiva de vinos y la depresión de la demanda en un contexto de caída del poder adquisitivo de los salarios; dejaron para más adelante los consejos de los “expertos” sobre la oportunidad de incorporar mejoras en el proceso productivo, controlar la calidad de los caldos, promover el consumo de vinos y fomentar el cooperativismo para un desarrollo más armónico. Pero siempre las leyes industriales apuntaron a la coyuntura y al corto plazo y por eso mismo los esfuerzos se centraron en lo urgente. Las críticas de los expertos, semejantes a un “diálogo de sordos” con los industriales y el Estado, no habían logrado ningún impacto importante ni lo conseguirían por muchos años más (Mateu y Stein, 2006).
Hay temas de la agenda de esos años que están aún pendientes en la industria actual, que luego de cien años ha abandonado los mandatos de la cantidad, algo que no logró en las décadas anteriores a los 90 del pasado siglo. A pesar de todos los intentos de los años estudiados, podemos concluir que no hubo políticas industriales de largo plazo, sino correcciones a los fallos del mercado.
Notas
1 Se celebró el 18 de abril de 1936 con un carrousel, banquete de camaradería y un acto central en el estadio del Club de Gimnasia y Esgrima, con la asistencia de 25.000 personas. Allí se estrenó la Canción de la Vendimia, ganadora de un concurso público entre los compositores del país.
2 Weir y Skocpol, en sus análisis de las respuestas que diferentes países ensayaron en los años 30, insisten en la necesidad de indagar el peso de los rasgos estructurales de los estados, las herencias y legados de las políticas públicas precedentes, entendiendo que los actores elaboran políticas sobre esfuerzos gubernamentales previos o reaccionando contra ellos y se ven trabados a causa de los límites impuestos por las capacidades coactivas, jurídicas, fiscales y administrativas de la estructura del Estado.
3 La industria (en relación a las viñas, por hectárea o por planta, por quintal de uva o por litro o hectolitro de vino) fue gravada en los años 1895, por Ley 107 y 137 de 1898, Ley 137 de 1899, N° 183 de 1900, N° 232 de 1901, N° 255 de 1902, N° 259 de 1902, N° 435 de 1908, N° 584 de'l912, N° 645 de 1914, N° 655 de 1915, N° 703 de 1916, N° 903 de 1926, N° 918 de 1927, N° 935 de 1932, N° 1006 de 1932, N° 1131 de 1934 y por las Leyes Nacionales N° 3.469 de Impuestos Internos de 1897 y N° 9.645 de derechos de análisis en las Oficinas Químicas Nacionales de 1915.
4 Valiéndose de enfoques muy diversos, la bibliografía especializada ha tenido un desarrollo fecundo, desde los trabajos pioneros de Jorge Balán (1978) y William Fleming (1979), con perspectivas sociológicas, a trabajos más recientes que se han apoyado en la historia económica, política y social, y la geografía económica. En conjunto, las investigaciones disponibles han resultado eficaces para restituir el periodo de crecimiento inicial de la “vitivinicultura moderna” y su articulación con la economía agroexportadora del litoral atlántico (Richard Jorba y Pérez Romagnoli, 1994; Barrio de Villanueva, 2001 y 2003; Mateu, 2002b; Richard Jorba, Pérez Romagnoli, Barrio de Villanueva y Sanjurjo, 2006; Olguín, 2009). En particular, han demostrado el rol decisivo de las políticas de promoción y regulación del Estado en este proceso y han debatido la vinculación entre empresarios y poder político. Un tratamiento específico sobre el crédito estatal del Banco Provincia (1888) restituyó uno de los mecanismos formales de financiación de la expansión vitivinícola (Mateu, 1995). El abordaje de las actividades mercantiles antes del despegue agroindustrial evidenció la permanencia en la economía capitalista de muchos rasgos del pasado (Richard Jorba y Bragoni, 1998). Asimismo, los vínculos entre técnicos, expertos y el diseño de políticas públicas han aportado nuevas evidencias sobre las estrategias privadas de regulación diseñadas para enfrentar las coyunturas (Rodríguez Vázquez, 2012; Olguín y Mellado, 2006; Barrio de Villanueva, 2000; Mateu, 2002).
5 Leyes Nacionales N° 3.029 de 1893, N° 4.363 de 1904, N° 12.372 de 1938 y Leyes Provinciales N° 47 de 1893.
6 La Ley 625 de 1914 creó la Comisión de Defensa y Fomento Industrial y Comercial compuesta por tres viticultores y tres vinicultores, nombrados por el Poder Ejecutivo y presidida por el Ministro de Industrias y Obras Públicas, que tendría a su cargo el estudio y ejecución de las medidas conducentes para normalizar el precio de la uva y del vino, propender a su estacionamiento, favorecer su exportación al exterior, completar la legislación en todas las previsiones tendiente a defender y garantir la elaboración perfeccionada del vino y su transporte adecuado, la uniformidad y equidad del precio para el consumidor, la fiscalización del expendio y el consumo y en general, la confección de todos los proyectos y planes para desarrollar las industrias derivadas y el mejor desenvolvimiento del comercio de uvas, vinos y alcoholes, tanto en el país como en el extranjero. Con posterioridad, la Ley 645 autorizaba al Ejecutivo a la compra del fruto de 18.000 has de viña y 500.000 hls de vino invirtiendo por intermedio del Crédito Público la suma de ochenta millones de pesos en obligaciones del Estado financiados por un impuesto especial. Posteriormente, en enero de 1915 se dictó la Ley N° 655, modificatoria de la anterior y que redujo a 12.000 el número de hectáreas cuyo producción se compraría y aumentó el impuesto para efectivizar estas medidas.
7 José Néstor Lencinas (1918-1920) y su ministro de industrias Leopoldo Suárez intentaron modificar las relaciones al interior del sector, para frenar la posición dominante de los grandes bodegueros y proteger a los pequeños bodegueros y viñateros en el contexto de una importante legislación social provincial. Las Leyes 758 y 759 pretendieron defender la rentabilidad de la tierra, sistematizar y coordinar las fuerzas de la producción, evitar el descenso injustificado del precio de la materia prima uva, imprimir normas regulares y racionales al comercio del vino y brindar al viñatero los medios de completar la organización de su producción transformándose en elaborador de la uva.
8 La Comisión Autónoma de Defensa Vitivinícola (Ley 1.068) duraría cuatro años en sus funciones y estaría compuesta por cinco miembros, designados con acuerdo del Senado. Su misión consistiría en medidas de promoción y mejoramiento de la producción a través de la creación de vinos típicos superiores y en el fomento de cooperativas de producción y venta directa. Propiciaba la creación de estaciones de fraccionamiento en distintos puntos del país, para la expedición y comercio de vinos fuera de la provincia. para uso de los bodegueros de Mendoza o sus agentes y de cooperativas, asociaciones o consorcios de bodegueros. Además otorgaba una prima de cinco centavos por cada litro de vino que excediera las cantidades totales despachadas en 1933, en los envíos a aquellas provincias y territorios nacionales donde el consumo per cápita fuera inferior a 25 litros de vino al año, así como los comercializados al exterior.
10 La Compañía Vitivinícola de Mendoza nunca funcionó como una cooperativa, porque en el directorio no tenían voz ni voto los pequeños accionistas. Sus miembros debían ser propietarios de por lo menos 60 acciones y, teniendo en cuenta que el 81% de los 1.400 socios solo tenía una acción, menos del 20% podía acceder al órgano directivo. Su primer directorio estuvo integrado por representantes de grandes empresas: La Germania, Arizu S.A., Giol S.A., Escorihuela y Strimatter y Hilbing. Asimismo, el reparto de las utilidades se realizaba en función del número de acciones, de la participación en el directorio (4%) y del volumen producido (35%). La entidad llegó a reunir a casi la totalidad de los viñateros y bodegueros de la provincia porque solo los socios podían recuperar en forma de prima una parte del pago de la patente establecida por ley.
11 Leyes de 1933: N° 1.071 sobre construcción de bodegas regionales; N° 1.072 sobre fraccionamiento y consumo local de vinos, N° 1.073 sobre eximición de impuestos a las cooperativas y N° 1.078 sobre cooperativas oficiales de venta directa del vino.
12 La Ley sobre Fraccionamiento en Origen (N° 23.149) se consiguió recién en 1984 y determinó que “el fraccionamiento de vinos en envases menores de 930 centímetros cúbicos y mayores de 1500, debería realizarse exclusivamente en las zonas de origen de producción de las uvas”. El artículo segundo estableció que se consideraba zona de origen aquella donde se produjera la uva utilizada para elaboración de vinos.
15 Palabras utilizadas por el Presidente Agustín Justo en el mensaje que antecede a la Ley 12.137 de creación de la Junta Reguladora de Vinos. Memorias de la Junta Reguladora Nacional, 1936: 195.
16 Se trató de Jorge Aubone y Benjamín Sánchez Anzorena.
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Recibido: 21/12/2015 Aprobado: 30/03/2016
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