Julieta Godfrid.
“Procesos de reconfiguración territorial rural a partir de la implementación de megaproyectos mineros. El caso de La Alumbrera en Argentina”.
Vol. 4, N° 10. Enero 2017: 45-70.

Artículos

Procesos de reconfiguración territorial rural a partir de la implementación de megaproyectos mineros. El caso de La Alumbrera en Argentina*

Rural Territorial Reconfiguration Processes From the Implementation of Mega-Mining Projects. The Case of La Alumbrera in Argentina

Julieta Godfrid**

**Doctoranda en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Becaria doctoral de CONICET. Grupo de Estudios Rurales del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: julietagodfrid@hotmail.com

Resumen

En un escenario de acelerada expansión de actividades extractivas en América Latina, en la Argentina se ha producido, en los últimos veinte, años un importante crecimiento de la actividad minera, destacándose la megaminería metalífera. Los megaemprendimientos mineros se han instalado generalmente en zonas dedicadas tradicionalmente a la pequeña producción rural, alterando los modos de vida local e introduciendo importantes reconfiguraciones territoriales. De este modo el acelerado crecimiento del sector minero fue acompañado por un amplio proceso de reconfiguración territorial, que desembocó en la emergencia de un conjunto de conflictos socioambientales. En un escenario de creciente conflictividad socioambiental respecto de la megaminería a cielo abierto, las corporaciones megamineras comenzaron a implementar políticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), orientadas a construir consenso social y legitimar sus emprendimientos. Bajo el diseño de dichas políticas las corporaciones mineras intervienen activamente en los territorios, trastocando los ritmos de vida local y la dinámica productiva tradicional. El presente trabajo se pregunta por las transformaciones en las dinámicas territoriales que introduce la megaminería en los pueblos rurales. Para ello trabajamos a partir del estudio de caso del emprendimiento La Alumbrera ubicado en el noroeste argentino.

Palabras clave: megaminería, territorio, Responsabilidad Social Empresaria (RDE), extractivismo.

Abstract

In a scenario of rapid expansion of mining activities in Latin America, in Argentina in the last twenty years there has been a significant growth in mining activity, highlighting the mega-metalliferous mining. The mega-mining ventures have generally been installed in areas traditionally devoted to small rural production, altering the ways of local life and introducing major territorial reconfigurations. Thus the rapid growth of the mining sector, it was accompanied by a large territorial reconfiguration process that led to the emergence of a set of socio-environmental conflicts. In a scenario of growing socio-environmental conflicts regarding the mega open-pit mining, the mega-mining corporations began implementing Corporative Social Responsibility policies aimed at building social consensus and legitimize their ventures. Under the design of such policies, mining corporations are active in the territories, upsetting the rhythms of local life and traditional production dynamics. This paper inquires about the changes in territorial dynamics introduced by the mega-mining in rural villages. We worked from the case study of entrepreneurship La Alumbrera, located in northwestern Argentina.

Keywords: mega-minning, territory, Corporative Social Responsibility, extractivism.

Introducción

En los últimos veinte años la Argentina ha experimentado, así como otros países de la región, un boom de actividades extractivas (Giarracca y Teubal, 2010; Gudynas, 2009), entre las cuales destaca la megaminería a cielo abierto. Esta acelerada expansión se vio estimulada por una serie de factores, tales como: la transformación de los marcos regulatorios¹, la promoción y asesoramiento técnico brindando por las agencias internacionales al sector; la oleada de inversiones extranjeras hacia América Latina; el desarrollo de nuevas tecnologías; el alza internacional del precio de los metales; etc. que han sido analizados en profundidad por una multiplicidad de autores (Alvarez Huwiler, 2014; Chaparro, 2002; Giarracca y Teubal, 2010; Prado, 2005; Koenig y Bianco, 2003; Schiaffini, 2004; Svampa et al, 2009).

En este escenario se comprueba un crecimiento exponencial del sector minero argentino. En el periodo 1993-2009 el valor de la producción aumentó de 478 millones de dólares a 3.583, y las exportaciones crecieron del 3% de la producción nacional al 80% de lo producido (Alvarez Huwiler, 2014). Dicha expansión se ve reflejada también en el aumento de la cantidad de proyectos, que pasó de ser 18 en el año 2002 a 614 en el 2011 (Secretaría de Minería de la Nación, 2011).²

El crecimiento del sector estuvo guiado fundamentalmente por el aumento de la producción de minerales metalíferos, que pasó de un valor de 44,1 millones de pesos³ en 1993, a 9.52,3 en 2009, pasando de constituir el 10% del valor de la producción minera total, a significar el 53,12% en el año 2009 (Alvarez Huwiler, 2014). Los minerales metalíferos se explotan generalmente bajo la técnica de minería a cielo abierto⁴ y requieren para su realización de “Proyectos de Gran Escala” (PGE) (Ribeiro, 1985), que alteran drásticamente el medioambiente en función de las necesidades extractivas. Los PGE, en la búsqueda de maximizar ganancias, amplían su escala de producción y con ello los recursos utilizados (agua, energía, biodiversidad, etc.), por lo que tienden a competir con las actividades preexistentes.

En este sentido, las actividades extractivas tienden a desplazar a una multiplicidad de producciones que se desarrollan en los territorios donde se instalan, generando asimismo desplazamientos masivos de trabajadores y poblaciones circundantes a la actividad (Giarracca y Teubal, 2010). A su vez, los PGE estimulan una ruptura de circuitos de producción y consumo local, rearticulando dichas actividades como fragmentos económicamente subordinados y tecnológicamente dependientes de las cadenas de valor global (Machado Aráoz, 2009).

Debido a la multiplicidad de consecuencias socioambientales que producen estos megaemprendimientos mineros, en Argentina la expansión de la actividad se ha dado en paralelo con la emergencia de conflictos sociales que cuestionan la minería (Alvarez Huwiler y Composto, 2013; Comelli, 2009; Christel, 2012; Delamata, 2009; Espinoza, 2004; Galafassi, 2008; Giarracca y Teubal, 2010; Giraud y Wagner, 2011; Machado Aráoz, 2012; Marín, 2009; Martín y Wagner, 2013; Seoane y Algranati, 2013; Solá Alvarez y Bottaro, 2012; Svampa et al., 2009; Walter, 2008). En este contexto las corporaciones megamineras han diseñado políticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) orientadas a construir legitimidad en torno a sus emprendimientos; la RSE es un paradigma universalizado desde la década de 1990 a nivel mundial y que propone que las empresas intervengan de modo activo en la sociedad en pos de establecer responsabilidades por los impactos que generan sus actividades corporativas (Shamir, 2004). Las políticas de RSE pueden incluir una diversidad de prácticas de intervención social, prensa y difusión, etc., las cuales son siempre de carácter voluntario y autoregulado por las empresas. En los últimos años han proliferado una serie de trabajos críticos que abordan dicho paradigma (Barenjee, 2010; Cafiero, 2010; Levy y Kaplan, 2008; Rowe, 2005; Saguier, 2010; Utting, 2005).

En esta línea, el presente artículo tiene como objetivo analizar los procesos de reconfiguración territorial producidos en los mundos rurales del noroeste argentino a raíz de la implementación de megaemprendimientos mineros y el desarrollo de sus políticas de Responsabilidad Social Empresaria. En este sentido, nos preguntamos: ¿qué implicancias genera la implementación de megaemprendimientos mineros en zonas que tradicionalmente se dedican a la producción rural?, ¿qué dinámicas se modifican a nivel territorial? y ¿cuáles son los actores que se ven afectados por estos cambios? Para dar cuenta de estos interrogantes, trabajamos a partir del caso del megaemprendimiento minero La Alumbrera (Provincia de Catamarca, Argentina) y sus repercusiones en las Provincias de Catamarca y Tucumán, prestando especial atención al pueblo rural de Amaicha del Valle (Provincia de Tucumán).

En los apartados siguientes se presentan las características del megaemprendimiento La Alumbrera y se dividen analíticamente en dos momentos los procesos de reconfiguración territorial. Se analiza asimismo la relación empresa-comunidad y la influencia que ello tuvo en la trasformación de la dinámica territorial local. El análisis se centra en las políticas de RSE implementadas en una de las localidades rurales próximas a La Alumbrera, en especial en la localidad de Amaicha del Valle. En cuanto al abordaje metodológico es importante señalar que se ha optado por una estrategia fundamentalmente cualitativa (basada en observaciones, entrevistas y análisis de material de fuentes secundarias), la cual contribuye especialmente a saldar las limitaciones de información cuantitativa disponible respecto del sector agropecuario en la zona bajo estudio.

El primer megaemprendimiento minero de Argentina: La Alumbrera

En Argentina, el caso “testigo” es el emprendimiento megaminero de oro y cobre conocido como Mina Bajo La Alumbrera ubicado, en la Provincia de Catamarca (en el noroeste del país). Este comenzó su etapa de construcción en 1994 y su puesta operativa data de 1997. Se encuentra al este de la cordillera de los Andes y a una altitud de 2.600 msnm; la Ruta Nacional N° 40 posibilita el acceso a la mina y une las localidades de Los Nacimientos y Santa María (Catamarca) con Tucumán, a través de la localidad de Amaicha del Valle, ubicada a unos 20 kilómetros de Santa María y a 300 kilómetros del yacimiento minero. El emprendimiento es explotado por una Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) y Minera Alumbrera. La composición accionaria de Minera Alumbrera Ltd. pertenece en la actualidad a un conjunto de aglomerados accionarios compuesto en un 50% por las recientemente fusionadas Glencore-Xstrata, el 37,5% a Goldcorp Inc. y un 12,5 % a Yamana Gold (Informe de Sostenibilidad Ambiental Minera Alumbrera, 2014).

El emprendimiento conecta las provincias de Tucumán y Catamarca a través de un mineraloducto que recorre 316 kilómetros, a través del cual los minerales extraídos en Catamarca son llevados hasta la planta procesadora en Tucumán. Una vez procesados, los minerales parten vía tren hacia la Provincia de Santa Fe (Puerto General San Martín) desde donde son exportados al exterior. A continuación presentaremos algunos datos que permiten dimensionar la importancia del emprendimiento a partir del volumen de producción de la empresa, la cantidad de recursos utilizados, el empleo, la infraestructura, etc.⁵

La Alumbrera tiene una gran capacidad de producción metalífera. En el año 2014⁶ procesó un total de 397.871 toneladas de concentrado de cobre y oro, 33.939 onzas de oro doré y 1.907 toneladas de concentrado de molibdeno, el cual exporta en su totalidad.

La extracción se realiza en terrazas de 17 metros de altura; para ello se utilizan alrededor de cuatro palas eléctricas, cuatro perforadores giratorios, 40 camiones de acarreo y una flota de topadoras de orugas y neumáticos, motoniveladoras, cargadores frontales y camiones cisternas.⁷ Para el mantenimiento y reparación de dichas máquinas, se construyó un taller de camiones mineros y se instaló una estación de servicio. El material extraído del tajo abierto es transportado hasta la planta de procesamiento, donde se tritura y luego se somete al proceso de flotación.⁸ El agua utilizada en dicho proceso va a parar al dique de colas,⁹ constituido como una presa de 30 metros de altura, con una superficie aproximada de 2.5 kilómetros cuadrados; para su producción utilizó un volumen de 23.451.000 m³ de agua fresca y 62.324.000 m3 de agua reutilizada (ISA Minera Alumbrera, 2014).¹⁰ La empresa cuenta con un permiso de extracción de agua del acuífero “Campo el Arenal”, del cual consume alrededor de 770 l/s, donde la energía utilizada por el emprendimiento alcanzó los 847.376 MW/h, de los cuales el 58% fue energía hidráulica y el 42% termoeléctrica. Asimismo, en la producción se utilizaron 9.976 toneladas del explosivo ANFO y5.719 toneladas de explosivo emulsión; a su vez, emplearon 56.434.980 litros de diésel, 349.503 litros de gas licuado y 23.240 litros de nafta.

La producción tuvo como destino la exportación al mercado internacional. En el año 2014 La Alumbrera exportó minerales por un valor de 1.035 millones de dólares, que tuvieron como destino principal a Alemania, Bulgaria, Japón, España y en una menor proporción a India, Finlandia, Canadá y Suecia, constituyendo el 1,4% de las exportaciones totales del país, el 6,8% de los productos primarios y el 23,4% de los combustibles y energía.

En la actualidad, la empresa emplea a 1.396 trabajadores en relación de dependencia, de los cuales 697 pertenecen a la Provincia de Catamarca, 530 a Tucumán, 48 a Salta, 21 a Jujuy y el resto proviene de otras provincias del país. En el periodo 2004-2014, según informa la empresa La Alumbrera, la misma pagó en concepto de regalías mineras $1.345 millones de pesos a la Provincia de Catamarca; sin embargo, a pesar del monto pagado, un conjunto de investigaciones señala que la calidad de vida de los habitantes de la provincia no ha mejorado en estos años; más bien por el contrario, las mismas parecen experimentar las externalidades negativas del emprendimiento (Schweitzer et al 2015; Schweitzer y Petrocelli, 2015; Valiente, 2011; del Valle y Quiroga, 2014).

Las primeras reconfiguraciones territoriales implementadas por La Alumbrera

Desde el inicio de la puesta en obra del emprendimiento hasta la actualidad, el proyecto La Alumbrera ha producido una serie de transformaciones a nivel territorial. Entendemos por territorio un escenario construido socialmente, en el cual tienen lugar las relaciones sociales; por tanto el territorio es un espacio de poder, de gestión, de dominio, de tensiones y conflictos, donde intervienen distintos actores sociales, que llevan a cabo actividades de producción y reproducción de la vida (Haesbaert, 2011). Asimismo, siguiendo a Mançano Fernandes (2005), entendemos que el territorio es producto de la relación entre distintos actores sociales, con asimetrías de recursos materiales y simbólicos, que construyen y reconstruyen sentidos y formas de apropiarse del espacio. Esta concepción permite pensar procesos dinámicos de reconfiguración territorial que involucran elementos tanto materiales como simbólicos.

Bajo este marco el proceso de reconfiguración territorial emprendido por la empresa La Alumbrera en los territorios de la Provincia de Catamarca y Tucumán, puede diferenciarse analíticamente en dos momentos. Por un lado un primer conjunto de reconfiguraciones propias del proceso productivo y operativo del emprendimiento, y un segundo momento motivado por la emergencia de conflictos sociales y la necesidad de desarrollar políticas de Responsabilidad Social Empresaria. En este apartado nos dedicaremos a las reconfiguraciones del primer tipo, para retomar luego las del segundo.

Desde el mismo momento en que la empresa La Alumbrera comenzó a construir sus instalaciones, se llevó adelante un conjunto de actividades y procesos que fueron reconfigurando el territorio de vastas áreas de la Provincia de Catamarca y de Tucumán, que se habían dedicado tradicionalmente a la producción agropecuaria (Valiente, 2011). La primera reconfiguración territorial realizada por el emprendimiento es la delimitación de áreas productivas y áreas de influencia, tal como son denominadas por la empresa, cuyas diferenciaciones quedan plasmadas en los Informes de Impacto Ambiental presentados por la empresa ante las autoridades estatales.¹¹ Las áreas productivas refieren a un conjunto de zonas directamente reguladas por las necesidades productivas y su estructura de poder institucional, lo cual incluye tanto las áreas donde se realiza la explotación, donde se procesa y donde se comercializa el producto. También abarca el lugar donde se ubica la infraestructura necesaria para la vida cotidiana del personal que trabaja en la explotación. La zona productiva está atravesada por la lógica territorial más visible de las empresas (Silveira, 2007), en el sentido en que es más fácil delimitar su dominio en el territorio.

Por el otro lado, se entiende por área de influencia de un proyecto a aquellos territorios donde potencialmente se manifiestan los impactos socioambientales, sin que se realicen allí actividades productivas. Los impactos socioambientales pueden ser tanto del tipo físico, ecológico, social o económico, y su alcance depende del tipo de proyecto que se esté implementando. Para pensar la extensión y diversidad de los impactos se pueden tener en cuenta distintas variables que se corresponden con: 1) la probabilidad de recurrencia del impacto; 2) la magnitud; 3) la duración; 4) el signo (positivo o negativo), y 5) la reversibilidad (Iribarren, 1997). Estas áreas de influencia involucran una lógica territorial más invisible (Silveira, 2007) de las corporaciones, que refiere a un conjunto de operaciones que conecta lugares con sistemas de acciones propios de la empresa; en este sentido, las corporaciones imponen una lógica global en escenarios locales, es decir imponen sus propios ritmos productivos, su manera de hacer, de relacionarse con el mundo y de gestionar el territorio.

El área productiva de La Alumbrera se ubica en el departamento de Belén y está constituida por alrededor de 600 hectáreas donde se encuentra el “tajo abierto”, ubicado a 400 kms al noroeste de la ciudad capital de la provincia de Catamarca, rodeada por las localidades de Los Nacimientos y Santa María. Las áreas de influencia de la empresa pueden diferenciarse según la misma en Área Primaria de Impacto (API) y Área Secundaria de Impacto (ASI) (Informe de Sostenibilidad Ambiental La Alumbrera, 2013). La API está compuesta por las localidades de Andalgalá, Belén, Santa María y San Fernando del Valle en la Provincia de Catamarca, mientras que el Área de Impacto Secundario está conformado por Amaicha del Valle y Concepción, ambas ubicadas en la Provincia de Tucumán. Una diferencia interesante entre las API y las ASI es que las primeras perciben el ingreso por el pago de regalías, mientras que las segundas no. A continuación presentamos un mapa que permite dimensionar geográficamente el emprendimiento, sus áreas de influencia y su área productiva.

ÁREAS DE INFLUENCIA DE MINERA ALUMBRERA

En cuanto al área productiva, para operar minera Alumbrera, se necesitó construir -además de las facilidades de explotación- toda una serie de instalaciones para la parte administrativa y de servicios, para lo cual cuenta con un bloque de 5.812 hectáreas denominado la servidumbre de infraestructura minera. Allí se encuentran, por un lado, los dos campamentos que alojan al personal permanente de la mina y a los contratistas. La estructura edilicia está conformada por ocho módulos de tres pisos que cuentan con capacidad para albergar a alrededor de 1000 personas.¹² Además de las habitaciones, los edificios cuentan con un comedor y cocina, así como espacios de esparcimiento (un complejo deportivo, gimnasio, canchas de paddle, tenis, básquet y fútbol). Por otro lado, también se hallan las oficinas, el laboratorio, el depósito, el taller de mantenimiento, la gomería, la estación de servicio para los vehículos livianos, la cabina de seguridad y un centro de atención médica. A su vez, a unos 25 kilómetros al noroeste de la servidumbre de infraestructura minera, la empresa ha adquirido 49.000 hectáreas en el Campo del Arenal, donde ha construido un aeropuerto privado, con una pista de aterrizaje de 1.935 metros de longitud por 23 metros de ancho.¹³

Mapa

Visualización de la Mina Bajo de La Alumbrera dentro de la Carta de Imagen Satelitana del IGM -San Miguel de Tucumán s/n 1:250.000-, de julio de 1998. Foto escala 1:500.000. Fuente: Norma Ratto (2001).

Asimismo, la empresa construyó un mineraloducto de 316 kms de largo y unos 17,5 cm de diámetro para el transporte del mineral desde Belén (Provincia de Catamarca) hasta la Planta de Filtros ubicada en Cruz del Norte (Provincia de Tucumán). Durante su construcción se vieron afectadas zonas de “alta sensibilidad arqueológica” (Ratto, 2001: 150). Desde la terminal de cargas en Tucumán, Minera Alumbrera transporta en tren el concentrado hasta sus instalaciones en el Puerto de San Lorenzo, ubicado en la Provincia de Santa Fe. En esta provincia la empresa cuenta con su propio muelle de descarga ubicado sobre el Río Paraná, con un galpón para almacenar hasta 60.000 toneladas métricas.

Para la provisión de energía del emprendimiento, La Alumbrera construyó un electroducto aéreo de alta tensión, se extiende por 202 kms. Durante la etapa de construcción del mismo se vieron afectados de modo irreversible más de 30 sitios arqueológicos en la zona de Tafi del Valle de Tucumán, así como también se afectaron tres grandes áreas arqueológicas ubicadas en la provincia de Catamarca (el Campo de Petroglifos de Ampajango, Andalhuala-La Banda y el Alto Caspinchango) (Ratto, 2001).

El suministro de agua para el emprendimiento, tal como señalamos, se realiza a partir de la provisión obtenida mediante el acuífero ubicado debajo del Campo del Arenal. Para ello se han realizado alrededor de 11 perforaciones de bombeo que extraen agua. Una vez extraída se envía a 25 kms del campo de pozos por un acueducto de 760 mm hacia un reservorio que tiene 30 metros de altura y una capacidad de 1,7 millones de m³ de agua. Las perforaciones para extracción de agua en el Campo el Arenal, han constituido un fuerte conflicto con las comunidades agrícolas de la zona, que vienen denunciando la disminución de la reserva. Frente a las denuncias presentadas, el gobierno de la Provincia de Catamarca le encargó al Instituto Nacional del Agua (INA) (sede San Juan), en el año 2007, el desarrollo de un estudio hidrogeológico en Campo el Arenal. El informe presentado por el INA efectivamente confirma los descensos en el nivel de las reservas, aunque desestima sus implicancias (Informe final del Estudio Hidrogeológico en el Campo el Arenal, 2010).

Todas las facilidades de la empresa fueron custodiadas por fuerzas de seguridad armada desde el inicio de la construcción del emprendimiento, impidiendo la circulación de personal no autorizado por la empresa. Durante la fase de construcción, recién indicada, se contrataron 4.200 empleados y para su contratación la empresa abrió varias oficinas de reclutamiento de personal, que se ubicaron en Andalgalá, San Fernando del Valle de Catamarca, en Belén (Provincia de Catamarca), en Güemes, (Provincia de Salta) y en San Miguel de Tucumán (Maestrangelo, 2004). Estos trabajadores vivieron, durante la etapa de construcción del proyecto, dentro del predio del emprendimiento, en instalaciones de carácter colectivo que dispuso la empresa para los empleados; al respecto, Maestrangelo (2004) señala que la decisión de la empresa de no construir una villa obrera (por fuera de las instalaciones de la mina) sino una residencia colectiva de carácter efímero (en la que los obreros permanecieron según su tiempo estimado de trabajo) generó un fuerte contraste arquitectónico, cultural y de clase, entre la población ocupada por el proyecto y la que pasó a residir en las localidades de las áreas de influencia. Ello, ya que “algunos trabajadores encontraron en las instalaciones mineras nuevos objetos, comodidades y relaciones sociales a las que no hubiesen tenido acceso en sus lugares de origen” (Mastrangelo, 2004: 109).

A su vez, varias localidades ubicadas en las áreas de influencia del proyecto sirvieron de base de operaciones de las empresas subcontratistas. De esta manera, durante la etapa de construcción del emprendimiento, la población de las localidades cercanas aumentó significativamente en cantidad de varones en edad activa. Por ejemplo, varios de los responsables de la construcción de la obra vial residieron temporalmente en Andalgalá y también en Hualfín, lo que generó una precipitada demanda de alojamiento, aumentando el costo de los alquileres locales. Mastrangelo (2004) señala que estas localidades fueron las únicas en las que durante la obra civil se percibió un ambiente directamente ligado a la circulación de personal y a los vaivenes económicos del proyecto. Mientras que en otras localidades, como en Santa Maria y en Belén, los impactos del proyecto se limitaron al problema de la circulación de grandes camiones -de transporte de combustible, materiales y mercadería- que debido a su gran volumen, provocaron daños en las viviendas y elevaron la contaminación sonora, ambiental y aérea.

La construcción del emprendimiento implicó una serie de reconfiguraciones territoriales que se fueron profundizando con el correr de los años. A continuación, presentamos un cuadro que resume los principales cambios introducidos a nivel territorial y sus principales impactos.

Cuadro N° 1. Reconfiguraciones territoriales a partir de la implementación minera

Fuente: elaboración propia en base a Devenin Vera (2014).

La relación entre empresa La Alumbrera y las comunidades

Desde el inicio del proyecto hasta la actualidad pueden distinguirse analíticamente tres etapas en la relación entre las comunidades y la empresa. La primera etapa (1994-1997), marcada por los ritmos de construcción del emprendimiento, fue en términos generales una relación signada por un importante sentimiento de esperanza por parte de las comunidades ubicadas en las zonas de influencia, las cuales veían con añoranza la posibilidad de ser contratados por el emprendimiento (Mastrangelo, 2004). La esperanza del pueblo de conseguir trabajo en la mina se asentaba en una doble situación. Por un lado, era estimulado por la necesidad de afrontar una fuerte crisis de desempleo que afectaba profundamente tanto a Tucumán como a Catamarca producto de la desarticulación de los mercados agropecuarios regionales; y por otro, los medios de comunicación reforzaron la idea, mediante sus titulares, que se estaba instalando en la provincia una gran empresa, que generaría un importante crecimiento económico y requeriría gran cantidad de mano de obra. A su vez en esta primera etapa se registraron las primeras denuncias por destrucción de patrimonio arqueológico, así como también de rotura y deterioro de caminos internos por donde atravesaban los camiones mineros.

La segunda etapa (1997-2003) estuvo signada por la conclusión de las obras de construcción y la puesta en funcionamiento de la mina. Este periodo se definió, según la empresa, desde la necesidad de “bajar los costos” (Karen Field, Presidenta de Minera Alumbrera. En Clarín, 15/12/1998). La etapa operativa coincidió con la crisis de los mercados asiáticos y con una baja internacional del precio del oro y del cobre,¹⁴ por lo cual la empresa decidió despedir a un importante número de trabajadores, muchos de los que habían sido empleados para las tareas de construcción, así como también a personal jerárquico (El Cronista Comercial, 16/6/1999). Además, en esta época se produjeron una serie de conflictos entre la gobernación de Catamarca y la empresa por el establecimiento y cobro de regalías mineras, teniendo en cuenta que a finales de la década del noventa y principios del dos mil la Argentina se sumergía en una profunda crisis económica y política, en la que las poblaciones ubicadas en las áreas de influencia demandaban a la empresa que contribuyera económicamente con ellas; en este marco, las empresas comenzaron a realizar de manera desarticulada sus primeras intervenciones en las comunidades.

Por último, entendemos que hay una tercera etapa que comienza en el año 2004 y sigue vigente en la actualidad y está marcada por el conflicto abierto entre la empresa y la comunidad. En esta nueva etapa la empresa ha enfrentado una serie de denuncias por contaminación ambiental, producto de más de cinco derrames de material minero (Archivo Defensoría del Pueblo de la Nación, 2014). Dichas denuncias han sido acompañadas por importantes manifestaciones en las distintas localidades cercanas al emprendimiento, así como bloqueos del camino minero; en este contexto de creciente conflictividad socioambiental la legitimidad de las explotaciones mineras y de La Alumbrera en particular, es puesta en duda. De ahí que la empresa enfrenta la necesidad de desplegar un conjunto de estrategias orientadas a construir consenso y legitimar su emprendimiento; para ello La Alumbrera recurre al desarrollo de políticas de Responsabilidad Social Empresaria, las cuales despliega fundamentalmente en sus áreas de influencia.

Segundo momento de reconfiguraciones territoriales: las políticas de RSE

Tal como señalamos anteriormente, un primer momento del proceso de reconfiguración territorial estuvo dado por los impactos socioambientales propios de la fase de construcción y puesta en funcionamiento del emprendimiento. Estas reconfiguraciones se mantienen y actualizan a lo largo de la vida útil del emprendimiento, construyendo una relación conflictiva con las comunidades. De ahí que un segundo momento de las reconfiguraciones territoriales está dado por la puesta en marcha de políticas de RSE en pos de la desarticulación de los crecientes conflictos en torno a la megaminería y al emprendimiento en particular. Desde el año 2004 La Alumbrera viene desplegando sus políticas de RSE a través de las cuales intervienen activamente en las comunidades; de ahí que en este registro hemos seleccionado el caso de una de las zonas de influencia de la empresa, la localidad de Amaicha del Valle y analizado sus diferentes políticas. Antes de describir el análisis de las políticas de RSE, es importante presentar las características generales del caso y las razones por las cuales constituye un área de interés en particular.

Presentación de Amaicha del Valle

Amaicha del Valle pertenece al departamento de Tafí del Valle, ubicado al este de la Ruta Nacional N° 40 en la Provincia de Tucumán. Los límites de Amaicha se encuentran entre las Sierras del Aconquija y las Sierras del Cajón de Quilmes, y al oeste colindan con el Departamento de Santa María (Provincia de Catamarca). La localidad se encuentra a 164 km de la Capital de Tucumán; mientras que se sitúa a tan solo 20 km del Departamento de Santa María en Catamarca y a unos 300 km del emprendimiento minero. Sin embargo, a pesar de su distancia, constituye una zona de importante interés para la empresa La Alumbrera, debido a su ubicación geoestratégica sobre la Ruta Nacional N° 40 y la posibilidad que esta circunstancia otorga a la comunidad: bloquear el camino en caso de conflictos con la empresa.

Según el Censo Nacional de población, hogares y viviendas del año 2010, la localidad cuenta con 3.284 habitantes, concentrados principalmente en la villa central de Amaicha, los Zazos y Ampimpa, lo cual constituye la zona rural agrupada con un total de 1.327 habitantes y el resto se encuentra disperso en el territorio. En Amaicha del Valle coexisten las instituciones de administración estatal (Comuna Rural y su representante, el “comisionado”), junto con las de la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle (CIAV) (constituido por “cacique”, “consejo de ancianos” y “representante de la Pachamama”).¹⁵

En cuanto a las condiciones de la vivienda que se encuentran en Amaicha del Valle, la mayoría son del tipo tradicional del noroeste argentino, realizadas bajo la modalidad de autoconstrucción, con ladrillos de adobe y techos de paja y caña. Alrededor de la vivienda se conjuga el espacio doméstico con el espacio productivo. Al fondo de las casas se puede encontrar una o dos hectáreas dedicadas a la producción de vid, nogal y hortalizas (papa, tomate, zapallo, cebolla, ajo, etc.), y en algunas parcelas se crían animales (ovino y caprino mayoritariamente). Estas producciones son básicamente para autoconsumo, aunque también logran tener un pequeño excedente que venden en algún pueblo vecino, o reservan para los meses donde se realizan festivales.

La población local vive combinando la pequeña producción agropecuaria de autoconsumo, con el trabajo en la administración pública (municipalidad, vialidad, escuela, etc.) o gracias a algún tipo de subsidio estatal. Según el Censo 2010, alrededor del 35% de la población se encuentra inactiva.

Años atrás, la producción agropecuaria constituía la mayor fuente de ingresos familiares. La comunidad subsistía tradicionalmente de producir nueces, pimiento para pimentón, duraznos, zapallos, tomate y otras hortalizas, que vendía al mercado central de Tucumán. También una parte importante de la comunidad migraba durante algunos meses para trabajar en la zafra azucarera, la cual también sufrió una profunda crisis a partir de la década del 1960 (Bolsi y Pucci, 1997). Desde finales de la década de 1970 y fuertemente durante los años de 1990, estos mercados se fueron desregulando, por lo que cada vez resultó más difícil para estos productores ubicar su producción en los mercados regionales. En parte por falta de competitividad, así como por otras razones, como la nulidad de precios sostén, encarecimiento del transporte, privatización del ferrocarril, encarecimiento de los insumos para la producción, etc.

Es elemental mencionar que uno de los problemas principales para la producción agropecuaria en la zona es la escasez de lluvias y la falta de obras públicas para irrigación. El régimen de precipitaciones de los Valles Calchaquiés no supera los 150 mm anuales y la temperatura promedio anual es de 15,6 C° que favorece la rápida evaporación, lo cual genera como consecuencia un déficit hídrico severo durante todo el año (Torres, 1981).

Las políticas de RSE de La Alumbrera implementadas en Amaicha del Valle

La intervención de la empresa La Alumbrera en la comunidad se realiza a través del “Coordinador de Asuntos Comunitarios” (Informe de Sustentabilidad Ambiental La Alumbrera, 2013). Su función es vincularse con los “grupos de interés”¹⁶, diseñar políticas específicas para ellos e implementarlas, promocionando la intervención de la empresa a través del denominado “Programa de Desarrollo Sostenible”. Para llevar adelante dicho programa, el representante mantiene un diálogo permanente con la comunidad, aunque no posee una oficina propia en el territorio, desde la capital de Tucumán, dos o tres veces por semana, para recorrer la localidad. El diálogo con las comunidades se produce de manera más o menos informal, y queda plasmado concretamente en las acciones de intervención.

Antes de poner en práctica cualquier iniciativa de intervención en la comunidad, la empresa realiza, por medio de su representante, una selección de cuáles son los “grupos de interés” con los cuales les interesa trabajar. En este sentido, para la empresa es importante establecer un sistema de garantías que posibilite el hecho de que la “contribución” económica que realicen se recupere en términos de aceptabilidad de la misma, y sobre todo de la actividad que desarrolla.

Nosotros lo que hicimos fue acercarnos a hablar, explicar; ellos nos plantearon todas sus cuestiones, hicimos visitas a la mina, nos conocieron y después estábamos tranquilos el uno con el otro, de que estaba todo transparente, de que no había dudas, bueno ahí empezamos a construir el trabajo. Nosotros no forzamos a nadie, pero sí no nos gusta la traición, o sea el tipo o la institución que te pide por un lado y que por otro lado critican la actividad. Conócela, si te gusta, si estás de acuerdo, sino tenés dudas recién trabajemos. Eso es nuestra forma de construir. No si hay desconfianza, o si hay cuestiones ocultas. Si no hay confianza no lo podés hacer (Entrevista a representante corporativo de La Alumbrera, 2013).

Una vez definidos de alguna u otra manera los términos de esa reciprocidad, la empresa procede a llevar adelante sus programas. En el marco de esta relación empresa-comunidad que supone la idea de cierta “confianza” y contraprestación por parte de las comunidades por la “contribución” recibida, la empresa lleva adelante un conjunto de iniciativas de RSE en la comunidad de Amaicha del Valle. Entre ellas pueden distinguirse las productivas, las culturales, las de educación, las deportivas y las sociales. Entendemos que todas estas iniciativas de intervención empresaria producen consecuencias en el plano territorial. Sin embargo, para el presente trabajo nos interesa indagar especialmente en aquellas políticas orientadas a la producción que afectan particularmente los mundos rurales. En el siguiente cuadro presentamos un esquema de las distintas iniciativas orientadas a la producción que encontramos en la localidad.

Cuadro N° 2. Políticas de Intervención para el sector productivo de Amaicha del Valle

Fuente: elaboración propia en base a Revista Minera Alumbrera, Revista Suplemento Minero y entrevistas realizadas durante Trabajo de Campo en Amaicha de Valle (2012 y 2013).

En los distintos ejemplos analizados encontramos un conjunto de elementos comunes respecto a la intervención de la empresa en la comunidad. En primer lugar, todas aquellas políticas de RSE orientadas a la producción se dirigen al sector agropecuario, teniendo como foco de sus políticas a pequeños productores familiares que son incentivados bajo la filosofía del “emprendedorismo”. El concepto del “emprendedor”, en línea con las ideas de “empoderamiento” promovidas por el Banco Mundial (2002), tiende a incentivar que los individuos inviertan en su capital social para mejorar, a partir de su esfuerzo personal, sus propias condiciones. En este sentido se estimula que los “beneficiarios” de los programas se autoorganicen (en condiciones que muchas veces son seriamente adversas y desesperanzadoras) y se transformen en emprendedores de distinto tipo. Esta visión descansa en la idea de la responsabilización, propia del arte de gobierno neoliberal en la cual se tiende a transformar a los sujetos en empresarios de sí mismos, y por tanto, en gestores de sus propios éxitos o fracasos (Foucault, 2007). Tal como explica Murillo (2008) esto forma parte de una estrategia de pasivización y heteronomización de los sectores más vulnerables, en el que las situaciones de crisis colectivas (como el desempleo y otras causas) son presentadas como crisis de orden individual, que pueden superarse por suerte de prácticas meritocráticas y de esfuerzos personales.

En segundo lugar, estas políticas se dirigen generalmente a promover elementos de “innovación” desde el discurso de la empresa, como nuevas tecnologías de riego, nuevas herramientas o nuevas variedades productivas. Al respecto de las innovaciones en las variedades productivas, pueden señalarse distintos casos (vid, nogal, etc.) en los cuales las variedades criollas han sido reemplazadas por otras de nuevo tipo. Por ejemplo, la tradición amaicheña se dedica a producir uva criolla para la producción de vino patero -es un vino artesanal muy tradicional donde las variedades de uvas criollas se muelen aplastándolas con los pies de sus productores- que se destina al mercado local, y La Alumbrera otorga a los productores variedades malbec y cabernet sauvignon, con el fin de reconvertir las producciones e integrarlas en la famosa “ruta del vino” de Cafayate (Provincia de Salta). Asimismo ha brindado materiales para modificar los viñedos tradicionales, por la instalación de nuevos sistemas de espalderas.

Otro de los ejemplos que puede mencionarse es la producción nogalera, en la cual se intenta reemplazar la variedad criolla con destino a los mercados regionales, por la variedad californiana de origen norteamericano destinada a la exportación. De la mano de la entrega de este material, la empresa ha brindado durante algunos meses, asesoramiento técnico especializado, a través de ingenieros agrónomos que trabajan contratados especialmente para estos programas.

La orientación de dichas políticas presenta varios puntos problemáticos. Por un lado, las mismas se dirigen a integrar de modo subordinando las producciones agropecuarias utilizando significantes como el de la “innovación”, estimulando a los pequeños productores a reconvertirse a producciones para las cuales no tienen ni la escala, ni el capital, ni el asesoramiento suficiente. Por otro lado, en la promoción de la renovación varietal se niegan los saberes locales, ubicando a los pequeños productores en el lugar simbólico del “atraso”, mientras que a su vez se promueve un sistema que genera mayor grado de dependencia. En tanto, les implica a los productores la incorporación de insumos externos (nuevos fertilizantes, herbicidas, etc.) y el conocimiento del saber experto (sobre variedades que no conocen).

También observamos que la implementación de dichas políticas de RSE están guiadas por la idea de la “contraprestación” en un doble sentido. Por un lado, los “beneficiarios” perciben que la extracción de recursos naturales que realiza la empresa con su actividad extractiva se contra-presta a través del otorgamiento de políticas de RSE, mientras que por otro lado, la empresa considera que sus recursos de RSE se deben contra-prestar en términos de “aceptabilidad” y “confianza” respecto a su actividad minera. Esta “aceptabilidad” implica que los “beneficiarios” de los programas no critiquen abiertamente a la empresa por su emprendimiento extractivo. De ahí que sostenemos que uno de los objetivos fundamentales de dichas políticas se orienta en la desarticulación del conflicto social y al control territorial que garantice a la empresa continuar con su actividad extractiva.

Respecto de los “beneficiarios” de dichos programas, es notable señalar que la mayoría de los entrevistados percibe la intervención del Estado como deficiente, y en este contexto, apela a la empresa como estrategia de reproducción de las condiciones de vida. A su vez la mayoría tiene una percepción positiva de la intervención de la empresa a través de la RSE, sin embargo, a pesar de ello, no necesariamente tienen una percepción positiva de la megaminería. Más bien por el contrario, varios entrevistados señalan que es muy probable que la empresa minera contamine o extraiga recursos de manera descontrolada. Pero es justamente esta valoración negativa de la actividad la que refuerza el discurso de intervención de la empresa en la comunidad y permite ese carácter de doble contraprestación que señalábamos más arriba; en el que las expectativas de la población se relacionan con el hecho de que la empresa contra-preste a la comunidad por aquello que le quita a la naturaleza.

De este modo, sostenemos que la empresa ha logrado construir “aceptabilidad” en torno a su intervención, naturalizando una idea sencilla, que podría expresarse en los siguientes términos: “si sacan minerales, que por lo menos dejen algo”. De esta forma, se naturaliza la intervención de la empresa en áreas que han sido tradicionalmente de la esfera estatal como la educación, la salud, la asistencia en emprendimientos productivos, lo social, etc.; y la empresa se configura como un actor con peso político propio en la zona.

En este sentido, se puede comprobar cómo la comunidad reconoce a la empresa como un actor de peso político en la zona, a la cual acuden de manera sistemática para resolver problemas de reproducción material. De ahí que puede afirmarse que la empresa ha logrado transformar su poder económico en un poder político de hecho, con capacidad de reconfigurar los territorios en áreas de influencia de su emprendimiento y reorientar las dinámicas productivas locales, subordinándolas bajo su lógica de dominio territorial.

Reflexiones finales

La expansión megaminera en la Argentina se produce de la mano de un complejo proceso de reconfiguración territorial que se expresa en los dos momentos analíticos que se han descripto. Por una parte una serie de reconfiguraciones vinculadas directamente con los impactos socioambientales producto del proceso extractivo, y por otro lado, una serie de reconfiguraciones de orden material y simbólico que se manifiestan particularmente en las áreas de influencia del emprendimiento. En este sentido, el caso bajo estudio refleja de modo interesante cómo la empresa megaminera reconfigura no solo el territorio bajo el cual opera, sino también influencia sobre los modos de vida y las producciones tradicionales, de un conjunto muy amplio de localidades rurales próximas (y no tanto) al emprendimiento.

En este sentido, encontramos que las políticas de RSE, en su pretensión por introducir “innovaciones” para los pequeños productores agropecuarios, los vuelven cada vez más dependientes de insumos e innovaciones por fuera del alcance de su escala, profundizando la crisis ya existente en el sector productivo. No obstante, a pesar de ello, encontramos que estas políticas son percibidas positivamente por los productores. Entendemos que esta “aceptabilidad” se relaciona directamente con la percepción particularmente negativa que tienen los productores de la intervención del Estado en materia agroproductiva como precaria e insuficiente.

Por último, señalar que dichas políticas de RSE contribuyen a ampliar el dominio territorial de la corporación, reconfigurando los saberes locales y rearticulando subsumidamente las actividades productivas tradicionales bajo una lógica corporativa trasnacional. Entendemos que en un contexto de expansión de la actividad megaminera en la Argentina, las consecuencias de estas transformaciones pueden extenderse y afectar profundamente la dinámica productiva de una multiplicidad de localidades rurales dedicas tradicionalmente a la pequeña producción familiar de alimentos.

Notas

¹    Desde 1993 a la actualidad se promulgaron más de 20 leyes que re-regularon el sector minero argentino. Entre ellas destacan: Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras (1993); Ley N° 24.224 de Reordenamiento Minero (1993); Ley N° 24.228 Acuerdo Federal Minero (1993); Ley N° 24.498 Actualización del Código Minero (1995), etc.

²    Los datos referidos a la cantidad de proyectos mineros posteriores al año 2009 son estimativos, dado que el último Censo Nacional Minero corresponde al año 2009. La información brindada por la Secretaría de Minería de la Nación no distingue entre los emprendimientos de tipo tradicional y los de megaminería.

³    Los datos están expresados en millones de pesos a precios de 1992 (Alvarez Huwiler, 2013, en base a datos INDEC).

⁴ Debido al progresivo agotamiento de los metales de alta ley a nivel mundial, el sector minero desarrolló nuevas tecnologías de explotación como la minería a cielo abierto, que permite extraer los minerales dispersos en la roca. Dicho proceso consta de seis etapas (prospección; exploración; construcción de infraestructura; explotación; fundición-refinamiento y cierre de minas). A lo largo de los distintos procesos se vuela la montaña, la misma es convertida en roca y luego se la tritura y es sumergida en piletones que contienen grandes cantidades de agua, a la cual se le agregan distintos químicos reactivos según el mineral que se quiera extraer (cómo el óxido de zinc, cianuro de sodio, silicato de sodio, sulfato de cobre, etc.), a partir de lo cual se logran separar los metales de la roca (cobre, oro, molibdeno, zinc, etc.). Durante el proceso de explotación se utilizan grandes cantidades de explosivos, agua y energía, cuyas cantidades varían según las características del emprendimiento (SEGEMAR, 2008; PROESMIN,2012; Sarudiansky, 2010).

⁵    Es importante aclarar que la información que aquí presentamos ha sido provista por la empresa La Alumbrera a través de su Informe de Sostenibilidad Ambiental del año 2013 y 2014, no existiendo otras fuentes de acceso público que permitan contrastar la información.

⁶    Los datos del 2014 son los últimos datos disponibles.

⁷    Fuente: La Alumbrera. Disponible en http://www.alumbrera.com.ar/inst-proceso.asp (consultado el 20/2/2016).

⁸    La flotación es un proceso físico-químico que permite la separación de los metales de la roca (Medina Beltrán, 1976).

⁹    El dique de colas tiene por función filtrar el agua y retener exclusivamente los sólidos (llamados colas), que están formados por material mineral molido (sin valor económico para las empresas).

¹⁰    La empresa distingue entre la utilización de agua fresca y la “reciclada” o “reutilizada”, según sus propias palabras.

¹¹ La Ley N° 24.585 de Protección Ambiental para la Actividad Minera establece para aquellas personas involucradas en la actividad minera la obligatoriedad de presentar un Informe de Impacto Ambiental (IIA) antes del inicio de cualquier etapa del proceso minero. El IIA debe incluir: a) la ubicación y descripción ambiental del área de influencia; b) la descripción del proyecto minero; c) las eventuales modificaciones sobre suelo, agua, atmósfera, flora y fauna, relieve y ámbito sociocultural; d) las medidas de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración o recomposición del medio alterado, y e) métodos utilizados (Art. 17 de la Ley N° 24.585). Este informe debe ser presentado frente a la autoridad responsable del área de minería de cada provincia (dado que los recurso naturales en el país pertenecen a la órbita provincial, según dicta el Art. 124 de la Constitución Nacional). Estos informes son realizados por las mismas empresas mineras (generalmente se terciariza a consultoras internacionales), y comúnmente presentan tanto fallas metodológicas como conceptuales muy importantes (Donadio, 2009) que devalúan el carácter de la información presentada.

¹²    Según el convenio colectivo de trabajo firmado en el año 2013 por la empresa La Alumbrera Ltd. y la Asociación Obrera Minera Argentina, la empresa “deberá proveer alojamiento a todos los trabajadores que, como consecuencia de requerimientos de su programa de trabajo, deba residir en la mina durante dicho programa” (Artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo, 2013).

¹³    Fuente: Minera Alumbrera. Disponible en http://www.alumbrera.com.ar/inst-infraestructura.asp

¹⁴ Durante la década del ochenta y principios de los noventa, el precio internacional del oro había rondado entre los 380 y los 400 dólares la onza, mientras que para 1997 la onza de oro cotizó 331 dólares y a partir de allí continuó descendiendo hasta el año 2002. Mientras, en el caso del cobre, el precio de la libra a principios de los noventa se ubicó en alrededor de 200 dólares, y a finales de la década del noventa, no lograba alcanzar los 100 dólares.

¹⁵ La CIAV tiene su propia Constitución Política; en su Artículo 28, define como comunero/a a toda persona descendiente de los miembros de la Comunidad Indígena del Pueblo de Amaicha, es decir de las familias que conformaron el llamado “árbol genealógico” que contiene los linajes originarios (Isla, 2002: 134).

¹⁶ Las políticas de RSE denominan “grupos de interés” a todos aquellos actores que se pueden ver afectados de un modo u otro por la actividad de la empresa.

¹⁷ El término “beneficiarios” y “colaboración” es utilizado por la empresa en la difusión de dichas políticas a través de sus publicaciones dirigidas a las comunidades, como son la Revista Minera Alumbrera y Suplemento Minero.

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*Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación “Disputas socioterritoriales por el acceso a los recursos naturales: producción de agroalimentos y actividades extractivas”, financiado por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología de la Argentina. Período de vigencia 01/05/2011-26/04/2015.

Recibido: 24/1/2016 Aprobado: 17/10/2016

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