RIVAR Vol. 5, N° 13. Enero 2018: 8-33.

Artículos

¿Intervencionismo estatal o liberalismo en la vitivinicultura de Mendoza de entreguerras? Leopoldo Suárez y Francisco Trianes, expertos y militantes lencinistas^*

State Interventionism or Liberalism in Mendoza Winemaking During the Interwar Period? Leopoldo Suárez and Francisco Trianes, Experts and Lencinistas Militants

Ana María Mateu**
Gimena Iriart Gabrielli***

**Doctora en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo. Investigadora independiente del INCIHUSA, CONICET-Mendoza. Profesora Titular de la Cátedra Historia Social Argentina I en la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Correo electrónico: mateupart@gmail.com.

***Profesora y Licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo. Becaria Doctoral del INCIHUSA, CONICET-Mendoza. Correo electrónico: iriartgimena@gmail.com

Resumen

Este trabajo se propone abordar algunas propuestas alternativas para los desequilibrios de la estructura vitivinícola a partir de los diagnósticos de dos expertos militantes lencinistas, Leopoldo Suárez y Francisco Trianes, que se expresaron sobre las crisis vitivinícolas y el rol del Estado cuando ya se habían ensayado, sin éxito, diversas estrategias para equilibrar la actividad. Dicho estudio de caso nos permite discutir las relaciones entre la sapiencia y el corpus de pensamiento que se fue estructurando a partir de las lógicas internas de la oferta y demanda de conocimientos sobre la vitivinicultura en momentos de profundos cambios políticos, así como sobre sus posibles impactos en situaciones de crisis de la industria y sus propuestas de reconversión.

Palabras clave: vitivinicultura, expertos, políticas públicas.

Abstract

This paper intends to address some alternative proposals for the imbalances of the winemaking structure, based on the diagnoses of two experts and “lencinistas” militants, Leopoldo Suárez and Francisco Trianes, who expressed their ideas about the wine crisis and the role of the State when various strategies to balance the activity had already been tried, without success. The case study allows us to discuss the relationships between expertise and the corpus of ideas that was structured based on the internal logic of the supply and demand of knowledge about winemaking in moments of profound political changes, as well as on its possible impact on crisis situations of the industry and its reconversion proposals, which were only achieved, in part, many years later.

Keywords: viticulture, experts, public policies.

Introducción

La ampliación de la intervención estatal unida a la demanda de saberes técnicos en la burocracia del Estado es un tema al que la historiografía reciente ha prestado atención (Gómez Benito, 1995; Soprano, 2007; Boholavsky, 2010; Plotkin y Zimmermann, 2012). De este modo, el presente trabajo se inscribe en dicha trayectoria de estudios que analiza el papel de los funcionarios públicos atendiendo a sus trayectorias formativas, conocimientos especializados, rutinas laborales, relaciones con el campo académico y profesional y a su desempeño en determinadas instituciones.

La literatura académica disponible ha indagado sobre el periodo inicial de consolidación del modelo agroindustrial vitivinícola que tuvo lugar en Mendoza a partir de fines del siglo XIX¹ y señalado los factores que incidieron en su crecimiento inarmónico y desequilibrado. El desequilibrio de la organización industrial se manifestó crudamente ya desde las primeras décadas del siglo XX durante las crisis recurrentes que experimentó la actividad y que preocuparon sobremanera al gobierno, a las élites empresariales y sus corporaciones y a los expertos en el tema. Esta situación llevó a que, junto a algunas medidas de promoción del mercado y de publicidad, las principales políticas públicas vinculadas al sector tendieron a la creación de organismos reguladores, públicos o privados, cuya vida fue efímera y con impacto en el corto plazo.

Dentro del contexto de líneas de trabajo ya iniciadas (Olguín, 2012; Mateu, 2006 y 2016), planteamos como objetivo vincular la herencia e innovación que conllevaron algunos diagnósticos y propuestas de cambio vinculados a nuevos parámetros políticos y partidarios con posterioridad a la sanción de la Ley Sáenz Peña. Hemos seleccionado los casos de dos militantes lencinistas que, en un lapso de quince años, se expresaron sobre las crisis vitivinícolas y el rol del Estado como regulador mientras iban fracasando otros intentos de equilibrar la actividad. Ambos tuvieron actividad privada y pública en el contexto de los profundos cambios políticos y sociales que encarnó el lencinismo² en Mendoza y expresaron las dificultades de esta agrupación política para instalarse en el poder provincial. Leopoldo Suárez y Francisco José Trianes fueron testimonio de la estructuración de un corpus de pensamiento y del quehacer de una comunidad científica que se estaba organizando e internacionalizando y que comenzó a visibilizarse y a ser permeada por la política.

Creemos que esta propuesta, además de acercar otras miradas sobre el complejo agroindustrial, nos permite matizar previas hipótesis de que el conocimiento de los expertos fue un “diálogo de sordos” (Mateu y Stein, 2008) con los circuitos de poder. A partir de esta nueva mirada podríamos pensar en las escasas innovaciones no solo de las políticas públicas sino también de los diagnósticos y propuestas, situación que no ha cambiado demasiado en la actualidad: ¿diálogo de sordos entre sordos?

Nuestra mirada está centrada en el periodo de entreguerras, cuando algunas propuestas “salvadoras” encarnaron en políticas públicas reguladoras de la actividad en coincidencia con los profundos cambios políticos. La crisis de 1914-1918, bajo el impacto de la Gran Guerra, expresó los desajustes entre la oferta y la demanda, tal como había ocurrido casi diez años antes (Barrio, 2010). Frente a la acumulación de stocks y la caída del consumo y de los precios, el Estado provincial, bajo la conducción de Francisco Álvarez, perteneciente al Partido Popular -fracción del conservadurismo alejado de Emilio Civit-, decidió en 1914, por ley 625, la compra de uvas y el derrame de los vinos a través de la Comisión de Defensa y Fomento Agroindustrial nombrada por el Ejecutivo con acuerdo del Senado. Dos años más tarde, estas medidas fueron reeditadas desde el ámbito privado, a través de una entidad monopólica manejada por los grandes bodegueros³ (ley 703) cuyo confuso nombre era de Fomento de las Cooperativas. La Compañía Vitivinícola surgida de esta ley fue duramente criticada por el radicalismo lencinista, que al acceder al poder dispuso su liquidación, erosionando su propio capital político y su relación con el radicalismo nacional, y puso en marcha una nueva legislación (leyes 758 y 759). Esta tendía al aprovechamiento integral de la cosecha, a la construcción de bodegas regionales para hacer frente a la situación de los viñateros sin bodega, al establecimiento de un seguro contra siniestros y a la fijación de un precio máximo para la uva, otorgando al Estado un rol clave en el desarrollo de la industria (Iriart, 2014; Barrio, 2014). Dicha legislación fue derogada a comienzos de 1923 y se optó por dejar a la vitivinicultura librada al libre juego de la oferta y la demanda.

Posteriormente, frente a la nueva crisis de 1929-1934 otra entidad reguladora, la Sociedad Vitivinícola impulsada por los bodegueros a través de la propuesta del ingeniero Alejandro Bunge en 1929, tampoco tuvo resultados. A esas alturas, la depresión de la industria se profundizó en 1933 y 1934 con el agravamiento del exceso de oferta de vinos a precios menores que los de los años 1914-1918. Hacia 1928 y 1929 ocurrió nuevamente una crisis excedentaria y se volvió a pensar en intervenir la industria a través de una entidad privada, la Sociedad Vitivinícola de Mendoza (Olguín y Mellado, 2006). Pero sus resultados fueron infructuosos y se disolvió en 1932.

Luego del fracaso de la Comisión Autónoma de Defensa Vitivinícola (1933-1934) del gobierno conservador de Ricardo Videla, creada por medio de la ley provincial N° 1068 (1933), la respuesta provino de la mano del gobierno nacional que hacia fines de 1934 dio origen a la Junta Reguladora de Vinos (ley 12.137).

Hijo de Máximo Suárez y Laurentina Zapata, miembros de familias tradicionales mendocinas vinculadas a la actividad agroindustrial, Leopoldo nace en la provincia de Mendoza, en 1882. Egresó como bachiller en el Colegio Nacional; posteriormente realizó estudios de enología en la recientemente creada Escuela Nacional de Vitivinicultura (1896), insertándose en una tradición técnica y científica, a cuya demanda había comenzado a responder la provincia, en estrecha circulación con los saberes industriales europeos.⁴

Según el Album Vitivinícola, su propia familia costeó sus estudios en la Escuela de Conegliano, en Treviso, Italia,⁵ así como los de su hermano César en Estados Unidos en el ramo frutícola, dotándolos de la “mejor instrucción experimental y científica” (1910: 252).

De este modo, Leopoldo fue uno de los primeros argentinos en recibir el título de Ingeniero Enotécnico en 1904, casi contemporáneo a la primera crisis agroindustrial que evidenció el crecimiento desmesurado e inarmónico de la producción y que concitó el interés de los expertos y del Estado nacional, a la par que reveló la necesidad de impulsar políticas públicas para fomentar la formación de recursos humanos que se volcaran al mejoramiento y desarrollo de las industrias locales.⁶

Al egresar de Conegliano recorrió algunas regiones vitivinícolas, como Grecia, Egipto, Túnez y Argelia, donde tomó contacto con el sistema cooperativo. Al regresar a Argentina, en 1905, comenzó a volcar su trayectoria académica en la actividad pública. Fue Director de la Escuela de Fruticultura de San Juan, Jefe de la Estación Enológica de Mendoza fundada en 1905 y entre 1909-1912, Director de la Escuela Nacional de Vitivinicultura (1896-1920) y fundador de la revista La viticultura Argentina, constituida en un centro de irradiación de los conocimientos en circulación. La presencia de Suárez fue decisiva para dinamizar la Escuela, iniciando la formación de un semillero de recursos humanos que, posteriormente, se incluiría en la administración provincial. Su preocupación por el estudio de la ampelografía, las variedades de uva existentes y sus problemas -incluso aquellos relacionados con el malbec- fueron un aporte para los estudios de enología comenzados por Eusebio Blanco y Salvador Civit, cristalizando sus aportes al publicar Contribución a los Estudios Ampelográficos en la provincia de Mendoza (1911).⁷

Con un prestigio académico cada vez mayor, en 1910 fue designado por el gobierno nacional como delegado ante el Congreso Nacional Vitícola de Montpellier, aunque no pudo asistir. Por la misma época representó a su antigua Escuela de Conegliano en la Exposición Industrial del Centenario en Buenos Aires. Ya era un destacado actor en la circulación y difusión del conocimiento vitivinícola y se había insertado en el circuito profesional de comunicación intelectual local, nacional e internacional.

Sus lazos con los círculos de poder en Mendoza, sostenidos por su prestigio académico, terminaron de anudarse en julio de 1911, al contraer matrimonio con Angélica Civit, dama de la oligarquía mendocina, hija de Salvador Civit.⁸ Sus testigos fueron el futuro gobernador Francisco Álvarez, Tiburcio Zapata y Melchor Villanueva. Al respecto, afirmaba un periódico de la época: “La demostración habrá de revertir proporciones brillantes, dadas las vinculaciones que en nuestra sociedad tiene el Sr. Suárez” (Los Andes, 8 de julio de 1911).

En 1912 Leopoldo renunció a su cargo como Director de la Escuela Nacional de Vitivinicultura (Los Andes, 2 de marzo de 1912) y se concentró en la actividad privada, para atender sus negocios familiares en Santa Rosa⁹ en donde su padre, Máximo Suárez, había adquirido prestigio como industrial y agricultor debido a que “perteneció a la escuela de los Barraquero, Benegas, Guiñazú y Francisco Civit” (Album Vitivinícola, 1910: 252). Es decir, volvió al seno de una empresa preocupada por el mejoramiento de los vinos y el logro de una industria de calidad. Colaboró con su hermano César en las explotaciones de su padre en zonas marginales del oasis Norte, y formó parte de una sociedad agrícola (Sociedad Suárez Hnos. y Cía.) con propiedades en distintos puntos de la provincia (Rodríguez Vázquez y Barrio, 2014: 80-109). Inmerso en la problemática de su región, en abril de 1913 participó en el Segundo Congreso Nacional del Comercio e Industrias,¹⁰ que lo tuvo como delegado por el departamento de Santa Rosa, en donde resaltó algunos de los problemas fundamentales de la zona (Los Andes, 25 de marzo de 1913).

Con la declinación del civitismo se vinculó al ala reformista del conservadurismo mendocino, liderada por el Partido Popular. Desde esta postura participó de los intentos de los industriales por concurrir con candidatos propios a las elecciones, a fin de defender la industria más allá de la política (Los Andes, 27 de febrero de 1912). Con un mayor convencimiento, llegó a recomendar a través de un manifiesto firmado junto a otros industriales, la lista del Partido Popular (Los Andes, 22 de mayo de 1912) y, más tarde, fue designado como candidato a diputado provincial de este partido por el tercer distrito electoral (Los Andes, 31 de marzo, 1914), aunque a los pocos días dimitió.¹¹ Creemos que las graves oscilaciones de la vitivinicultura lo llevaron a buscar otro espacio político que le permitiera poner en práctica sus ideas.

Durante la crisis de 1914 y los comienzos de la Gran Guerra comenzó a desarrollar un discurso más crítico ante la evidencia de los quiebres del modelo agroindustrial en el que había nacido, se había formado y perfeccionado. Esa postura lo irá acercando al lencinismo, buscando un apoyo político para transformar sus diagnósticos en leyes alternativas a la eliminación de uvas y vinos, al mismo tiempo que venía a ocupar un espacio caracterizado por la necesidad del radicalismo de formar cuadros de gobierno. Fue electo senador provincial por la UCR en 1916 y nuevamente en 1926. A partir de este momento primará su papel como político y burócrata en las filas del lencinismo durante todo su ciclo en la provincia como Superintendente General de Irrigación (1918), Ministro de Industrias y Obras Públicas (1919-1920 y 1922-1924) e interventor de la Dirección General de Escuelas (1926), poniéndose al servicio del partido en coyunturas difíciles, como las del gobierno escolar.

A lo largo de su trayectoria existieron temáticas que le preocuparon y sobre las que se expresó de manera constante. ¿Cuáles fueron las ideas principales que sostuvo ante la situación de la industria vitivinícola y que logró materializar con las leyes 758 y 759? Desde sus inicios se reveló como un férreo defensor de las ideas mutualistas y cooperativistas en boga por esos años,¹² que proponían una idea de la solidaridad social que fortalecía los lazos recíprocos entre los asociados para la ayuda mutua y el bien común, evitando la intermediación comercial. De acuerdo a este pensamiento, en 1911 reorganizó la Bolsa Vitivinícola (fundada en 1907 durante el gobierno de Emilio Civit) y firmó un petitorio presentado al gobernador Rufino Ortega hijo que sintetizaba las frustraciones del sector empresarial frente al endurecimiento de los controles a la industria. En su discurso, pronunciado durante un almuerzo en la Quinta Agronómica, ya se encontraban presentes muchas de sus ideas posteriores: la importancia del seguro agrícola, la unión gremial para la compra de insumos y para la venta del producto, la eliminación de los intermediarios, la mejora de la calidad del vino, la creación de cajas o cooperativas locales que pudieran ofrecer préstamos más baratos y a mayor plazo, y la construcción de bodegas y destilerías sociales (Los Andes, 7 de enero de 1911). Este fue el origen de la Sociedad de Vitivinicultores conducida por Antonio Scaramella, que condensó los objetivos propuestos por Suárez, designado vicepresidente segundo. A pesar del solidarismo inicial¹³ la institución, que contó con un órgano periodístico, La Industria, terminó bajo el apoyo de los grandes bodegueros (Barrio, 2010: 219-220).

Sin embargo, la gravedad de la crisis iniciada en 1914 fue una nueva oportunidad para que Suárez comenzara a insistir en la necesidad de proteger a los pequeños elaboradores y en terminar con los intermediarios. Con este objetivo propuso formar una sociedad para la venta del vino que fuera capaz de adquirir en plaza un millón de bordalesas de sus asociados, vendiéndolas directamente en los mercados consumidores, defendiendo a la industria de las oscilaciones del precio, de la anarquía de la oferta y de las maquinaciones de los intermediarios. Esta sociedad habría de atraer a los productores que no poseían una marca acreditada y que, por lo tanto, no disponían de mercado fijo. Contando la sociedad con dos bodegas para cortes establecidas en puntos estratégicos de la provincia, recibiría allí la cantidad de vino necesaria para sus operaciones a fin de obtener un vino constante, bien higienizado (La Industria, 12 de mayo de 1914).¹⁴ También en ese momento sostuvo que no había superproducción, sino “supervino caro” y “superespeculación”, acumulación de stocks por el aumento de la producción, mala organización del comercio y adulteración.¹⁵

Paradójicamente, unos meses más tarde y ante la compra de uvas y derrame de los vinos a través de la Comisión de Defensa y Fomento Agroindustrial, Suárez participó de una comisión que estuvo de acuerdo con la destrucción de 500.000 bordalesas (Los Andes, 30 de octubre de 1914), postura que criticará duramente en los años posteriores y que formará parte medular de su discurso opositor.

Sin embargo, en 1916 la mal llamada Cooperativa Vitivinícola, de origen privado e integrada por los grandes productores, que también pretendió achicar la oferta, marcó en Suárez un quiebre en su pensamiento (Mateu, 1996: 220). En el debate de esta controvertida ley, como senador provincial radical y a pesar de ser un defensor del cooperativismo,¹⁶ votó en contra porque el proyecto no respetaba la equidad y era financiado por un impuesto extorsivo que, sin embargo, era devuelto a los asociados. En sus propias palabras:

no aplica el principio del cooperativismo sino en la eliminación de cierta cantidad de producto [...] pero cuando empieza a vender su producto es simplemente una asociación que ha establecido una entente de precio donde ya las leyes del cooperativismo han desaparecido en absoluto [...]. Este sistema de venta va a tener este inconveniente: que los grandes propietarios de marcas acreditadas encontrarán más facilidad para la venta en relación a su capital y en relación a su mejor organización comercial.¹⁷

En esa oportunidad reiteró su defensa hacia los pequeños productores porque desde su perspectiva, la solución estaba en que cada viñatero hiciera su vino y lo vendiera. Para terminar de caracterizar este proyecto utilizó una analogía advirtiendo que “la cooperativa triunfante no es para la economía general de la Provincia, nada más que el efecto de una inyección de morfina en un enfermo”. Con esta sentencia lograba vaticinar las enormes dificultades que acarrearía la existencia de esta “cooperativa” pocos años más tarde.¹⁸ Como senador provincial presentó, en julio de 1916, un proyecto de ley para ordenar las leyes y reglamentos concernientes al vino y el levantamiento de un censo de la existencia de vinos en las bodegas y capacidad de las mismas, para reafirmar su posición contra la idea de la eliminación que catalogaba de “fantástica”, ya que se desconocía la existencia de vinos, el número de bodegas y la capacidad de las mismas. Creía que la capacidad de las bodegas de Mendoza era mayor que la producción, pero el problema era que había algunas que no trabajaban porque no poseían capital ni conocimientos técnicos, y porque pesaba sobre ellas una abundante normativa.¹⁹ Por último, enfatizó otra de sus ideas que ya se encontraban presentes en años anteriores: la necesidad de fiscalización del vino.²⁰

Sus ideas, que circulaban en folletos, artículos en diarios y discursos en la legislatura, lograron materializarse de un modo más preciso cuando se sancionaron las leyes 758 y 759, opuestas a las teorías de destrucción de la producción y que apuntaban a la diversificación industrial en momentos en que el lencinismo, de acuerdo a nuevos parámetros sobre el rol del Estado, propuso una nueva legislación social.²¹ Este fue el origen de las leyes 758 y 759 que sustituyeron a la Cooperativa Sociedad Vitivinícola por una institución denominada “Comisión de Fomento Industrial Vitivinícola”, que regularía la industria y el comercio de vinos²² y que debería estar compuesto por los industriales con menos intereses, para que sus resoluciones resultasen más equitativas.

Con estas leyes Suárez otorgó al Estado la regulación de la actividad a través de las bodegas regionales para aumentar la capacidad de elaboración y disminuir la dependencia de los viñateros sin bodega frente al poder de los grandes bodegueros. Entre sus atribuciones también estaba la de fijar el precio mínimo de la uva, reglamentar y fomentar el cooperativismo, dar representación a los viñateros sin bodega, establecer un prorrateo para la venta del vino, cobrar un impuesto a aquellas bodegas que no elaborasen, y establecer un sistema de seguro agrícola contra las heladas y granizo. Todo ello demuestra, en algunos sentidos, una mirada alternativa distinta sobre los desajustes sociales que atravesaban la estructura productiva de la agroindustria, especialmente por su preocupación hacia los pequeños productores.

La discusión parlamentaria en torno a estas nuevas leyes industriales ofrece un punto de vista privilegiado sobre las visiones acerca del rol estatal en materia económica que sostuvieron los actores políticos y sociales de la época, que se conjuga la sapiencia con los intereses políticos. En el debate legislativo que tuvo lugar en octubre de 1919, la postura de Suárez, apoyada por otro experto como el diputado Mario Bidone,²³ quedó manifiesta con claridad.

Sostuvo que había que derogar y liquidar la ley 703;²⁴ encarar el problema vitivinícola bajo el principio de equidad entre el capital, el trabajo y el crédito, sin perder en ningún momento el respeto a la libertad de industria y de comercio; combatir la superespeculación; aumentar el consumo; terminar con la eliminación y fomentar la diversificación industrial de la uva e instrumentar el seguro contra el granizo y la helada, a fin de asegurar al trabajador de la tierra mendocina la retribución de su esfuerzo y de los intereses del capital invertido.

Afirmó que las 35 mil hectáreas sin bodega constituían la base de la especulación y por ello propuso el establecimiento de bodegas regionales en los puntos con mayor cantidad de uva, para que todo viñatero pudiera tener su bodega y promover una mejor elaboración de la uva al estar cerca de la viña y de la bodega. Expresó su aspiración para que los pequeños productores de vino pudieran unirse y formar grandes agrupaciones solidarias, con el fin de vender en forma planificada sus productos unificados y sin intermediarios a las plazas consumidoras.

Defendió el derecho del Estado de gravar a las bodegas que no elaborasen, al sostener que era un derecho incuestionable del Estado y que no atentaba contra la libertad comercial sino que defendía el interés público. Este último tema, junto a la fijación del precio mínimo de la uva, produjo un debate en relación al rol estatal. En esa ocasión el diputado D’Angelo, perteneciente a la fracción intransigente escindida del lencinismo, manifestó su desacuerdo con la política proteccionista y sostuvo que había que dejar a la industria “sin andadores” para que se desarrollase por sí misma. En las antípodas del pensamiento de Suárez, afirmó que los culpables de la crisis habían sido los viñateros que al plantar sus viñas no tuvieron la precaución de construir al lado una bodega y aquellos como el abogado, el médico, el ingeniero, el boticario, el almacenero, que ilusionados por las ganancias de esos años se pusieron a plantar viña y contribuyeron a crear el fantasma de la superproducción.

La oposición no solo vino de los lencinistas intransigentes. Para los conservadores que ya habían utilizado al respaldo del Estado como mecanismo coyuntural para equilibrar ciertos desajustes de la agroindustria, “la finalidad fundamental del proyecto, consiste principalmente, en la creación de un organismo burocrático oficial [...]”²⁵ que generaría déficit, bajos rendimientos y, por consiguiente, un aumento de la deuda pública de la provincia.

Frente a esta postura, Suárez defendió la ampliación de las funciones del Estado “cuando solo vendría a llenar una necesidad imperiosa: la de impedir la desvalorización y el descrédito de la fuente de riqueza, la viña”.²⁶ En sus palabras el rol del Estado lencinista venía a ser una solución política moderada porque, a pesar de que transgredía algunos lineamientos del laissez faire, aportaba ciertos correctivos, pero no alteraban de manera sustancial la estructura socioeconómica. Sustentaba un liberalismo social que buscaba el logro de una distribución más equitativa de la riqueza dentro del esquema capitalista de la sociedad provincial y que se hizo patente en la utilización de un universo discursivo que acentuaba conceptos como el de equidad, reparación y armonía, que guardaba estrecha relación con el lenguaje político propio del radicalismo. Suárez reconoció que el proyecto nacía de las filas del radicalismo, opuesto al conservadurismo que solo miraba hacia atrás, y representaba una armonía perfecta entre la política económica del gobierno con su política social.

Sin embargo, la aplicación de esta legislación fracasó por varios motivos: la muerte temprana de José Néstor Lencinas, las intervenciones federales, las dificultades políticas de los gobiernos de Carlos W. Lencinas y Orfila, las internas del lencinismo y el quiebre con el radicalismo nacional. A la política se le unieron las propias irregularidades en la actuación de la Comisión (Rodríguez, 1979: 175). El clima político fue favorable para que algunas entidades corporativas de reciente creación comenzaran a oponerse a las leyes 758 y 759 y a argumentar a favor de la libertad comercial y de la derogación y liquidación de la ley.

Cuando Carlos Washington Lencinas asumió la gobernación en febrero de 1922, nombró nuevamente como Ministro de Industrias a Suárez, quien intentó continuar con sus proyectos, aunque no logró que se trataran sus modificaciones. La fuerza del movimiento deroguista le demostró a Suárez que las leyes habían tocado viejos intereses al defender al pequeño productor y al pequeño industrial, limitando las ganancias del especulador (Los Andes, 14 de agosto de 1922). Remarcó como resultados positivos de la legislación a la valorización de la uva y a la aplicación, por primera vez en la provincia, del seguro contra el granizo y las heladas, aunque volvió a reconocer las dificultades en la implementación por la falta de experiencia y la falta de personas idóneas.

Para reafirmar su pensamiento, aunque quizás tarde, Suárez plasmó su defensa de la injerencia estatal en su obra La acción del Estado en la industria vitivinícola de Mendoza (1922), en la que recapituló sobre los motivos de la promulgación de las leyes 758 y 759 y reiteró sus argumentos relacionados con que no había superproducción sino superespeculación, junto a una postura contraria al regular a través de la eliminación de vinos. Remarcó el papel interventor del Estado provincial para liderar la reparación económica frente a la existencia de una gran extensión de viñas sin bodegas y por la falta de organización comercial en la venta del vino. A esto sumó una gira por la provincia para recabar el apoyo necesario tendiente al mantenimiento de la legislación, y lo logró, por ejemplo, en el Valle de Uco.²⁷

A la complicada situación se agregan problemas al interior del gobierno lencinista liderados por el Director de Industrias, Arminio Galanti,²⁸ quien presentó un plan alternativo de “industrialización múltiple de la uva y la instalación de fábricas adecuadas para la elaboración de jugo de uva con apoyo del capital privado”, representando un quiebre dentro del oficialismo y una disputa con el Ministro de Industrias (Barrio, 2014; 63-64). Este conocido experto declaró que las leyes defendidas por Suárez eran innecesarias y perjudiciales, a la par que coartaban la libertad de industria y comercio; que el precio oficial de la uva no era más que “un lirismo, una aspiración platónica sin resultado práctico” (Los Andes, 23 de enero de 1923), y pretendió además la liquidación de la Comisión de Fomento.

Tras algunos pasos dilatorios se decretó la intervención a la Comisión de Fomento y la derogación de las leyes números 646, 703, 758 y 759, expresando que se optaba por “despojar a la industria vitivinícola de las trabas que restringen su libertad” (Los Andes, 11 de diciembre de 1922). Frente a esta decisión, una nota del diario Los Andes expresó su opinión afirmando que estas disposiciones no solucionaban el problema de los viñateros sin bodegas, que quedarían en manos de los industriales mediante convenios, ni se lograba el aprovechamiento integral de la cosecha, como sí lo habían intentado las leyes lencinistas de 1919 (Los Andes, 26 de diciembre de 1922). Manifestó que estas iniciativas del Poder Ejecutivo habían nacido muertas y que si no amparaban la viña, el gobierno estaría matando a la “gallina de los huevos de oro” (Los Andes, 5 de enero de 1923). La intervención a la Comisión encomendada a Gargantini fue tachada de “ilegal y personalista” (Los Andes, 17 de enero de 1923), mostrando la posición oscilante del lencinismo, que pasó de defender la legislación a promover su derogación. Este hecho fue reflejado en la prensa, siendo comparado con el mítico Proteo. Finalmente, hacia enero y febrero de 1923, las leyes fueron derogadas y se optó por dejar a la vitivinicultura librada al libre juego de la oferta y la demanda.

Sobre la importancia de estas leyes, Barrio destaca que más que innovadoras “expresaron la acumulación de planes, diagnósticos y debates anteriores sobre vitivinicultura” (2014: 44). Sin embargo, creemos que intentaron sentar las bases de un nuevo modelo más equilibrado de la industria; constituyeron una expresión concreta del pensamiento lencinista y un cambio estructural de las relaciones al interior del sector, aunque en un momento no propicio debido a la turbulenta coyuntura política y económica.

Suárez ocupó sus últimos cargos públicos (senador provincial por la UCRLencinista e Interventor de la Dirección General de Escuelas) durante la tercera y última gobernación lencinista encabezada por Alejandro Orfila y Carlos Saá Zarandón, a comienzos de 1926, e incluso pasó circunstancialmente por la cárcel debido a irregularidades no comprobadas. La intervención federal de octubre de 1928 cerró un ciclo político e inauguró el retorno neoconservador en la década del 30. Esto implicó el fin de la trayectoria estatal de Leopoldo Suárez, técnico y político, pieza clave en el diseño de las políticas públicas del lencinismo, especialmente en aquellas vinculadas a un sector vitivinícola más equilibrado y en un antecedente primordial de la incorporación de expertos o técnicos en la burocracia provincial durante los años 20. Murió en 1933.

Francisco J. Trianes frente al Prometeo encadenado

La industria vitivinícola fue una de las más perjudicadas durante los años 30²⁹ y una de las actividades elegidas por el Estado Nacional para mitigar la crisis a través de la creación de las Juntas Reguladoras y de la vinculación entre demandas sectoriales y elencos gobernantes (Persello, 2006). La novedad propia de los años 30 no fue la intervención estatal en sí, que ya se había hecho presente en los años anteriores, sino su cristalización en instituciones que combinaban el peso corporativo, la pertenencia partidaria y el saber técnico.

La defensa oficial de la industria y de los intereses de los grandes bodegueros se exhibió sin disimulo con la creación de la Junta Reguladora de Vinos creada por la ley n° 12.137 en 1934 (Mateu, 2006; Olguín 2012). Sus objetivos fueron la regularización de la producción a través de indemnizaciones que promovieran o sustituyeran la vitis vinífera por uva de mesa o de pasas o por otro cultivo; la compra de uva con destino distinto a la elaboración del vino; la adquisición de los excedentes de vino de los bodegueros; la fijación con carácter de obligatorio de la época de vendimia en cada una de las regiones vitivinícolas del país, y la promoción de la agrupación de los productores de uva sin bodega en entidades cooperativas para la industrialización y comercialización de sus cosechas, que recogía viejas aspiraciones. En septiembre de 1936, una nueva iniciativa del ejecutivo amplió las facultades y los recursos de la junta (ley 12.253).

Este es el contexto³⁰ en el que debemos ubicar la postura de Francisco J. Trianes, con una vasta trayectoria académica y política. Era un conocedor de la industria; había nacido en Huelva, España, en 1894, y estaba impregnado por vía familiar de la experiencia europea, española en especial. Su padre, José Trianes Díaz, nacido en 1868, emigró en 1907 desde España para recomenzar en la actividad luego de la epidemia de filoxera.³¹ En el barco venía con su esposa y dos niños Rafael y Francisco Trianes García, de catorce años y trece años respectivamente.³²

Miembro de una tradicional familia de la zona, había sido propietario de una bodega especializada en vinos de mesa que eran exportados a Sevilla en una cantidad de 400.000 arrobas anuales. Afirmaba un folleto publicitario que en España se estaba dando una transformación vitícola, donde los tintos desalojaron a los blancos, frescos y ligeros, de menor graduación alcohólica. Este inmigrante español perseguido por la filoxera y algunos problemas económicos familiares³³ se insertó rápidamente en la industria mendocina y se le reconoce como el padre de la fiesta de la vendimia, pues en 1911 presentó un proyecto al gobierno provincial -aunque recién se llevó a cabo en 1913-, con motivo de la celebración del Segundo Congreso Nacional de Industria y Comercio.³⁴

Los Trianes trasladaron su experiencia y formación en temas vitivinícolas en varias publicaciones. El padre, José, escribió, en 1908 el libro Por la vitivinicultura argentina y por el consumidor argentino, editado por Peuser, en el que defendía la calidad y las pequeñas explotaciones. Sostuvo que a pesar de que Mendoza contaba con buenos y viejos viñedos y con bodegas grandes solo producía tisanas, y defendió el consumo de los vinos blancos. Comenzaba criticando una obra llamada La Argentine au XX siecle, escrita por Alberto Martínez, argentino,³⁵ y Mariano Lewandowski, un financista francés en 1906, cuyo objetivo había sido hacer conocer en Francia los excelentes suelos argentinos, con la idea de atraer inmigrantes y capitales franceses a la industria vitivinícola. Los autores sostenían haber probado vinos malos, agrios, mezclados con agua, lo que los hacía dudar de que existiera una industria vitivinícola. Concluían que “en general, salvo excepciones tan honorables como escasas, la industria vitivinícola produce tisanas y no vinos” (Trianes, 1908: 6).

Ante estas opiniones tan duras, Trianes manifestaba su disconformidad. En primer lugar, no aceptaba que se hablara de una industria joven, naciente, explicando que había empezado en cierta forma hacía 300 años con los misioneros y se había disparado en los 80 con la llegada del ferrocarril. Expresó que desde el principio los vinos eran selectos y que mientras más sencillos, más buenos: “buena uva y madura; vasija limpia; trasiegos periódicos; y cuidados de padres de familia”. Rescataba esa industria mendocina de la etapa prefiloxera, anterior a los nuevos sistemas de vinificación europeos, alegando que esa plaga había traído cambios, expansiones extraordinarias, nuevos bodegueros y especuladores, situación que aseguraba ya se había dado también en el Mediodía francés: “en Cuyo no hay nada nuevo bajo el sol” (Trianes, 1908: 6). Sostenía que la compra de maquinarias solo había traído a Mendoza mayores gastos, que habían terminado traduciéndose en peor calidad. El seguir elevando los costos terminaría con “matar la gallina de los huevos de oro”. A juicio de Trianes padre, faltaba un proyecto común para mejorar a una industria argentina donde reinaba solamente la ley de la oferta y la demanda.

El hermano mayor, Rafael, escribió un valioso artículo denominado “Tres estudios sobre la cuestión vinícola”, en 1935, en el cual destacó que la clase media argentina se abstenía de consumir vino debido al precio elevado del producto, su baja calidad, la falta de adecuados procedimientos enológicos y la falta de personalidad por su producción standarizada (Mateu y Stein, 2008).

Francisco asistió al Colegio Nacional de Mendoza y se recibió en 1918 de doctor en jurisprudencia de la Universidad de Buenos Aires³⁶ (La Palabra, 24 de enero de 1918). Se dedicó a la actividad profesional y militó en las filas del lencinismo, destacando como Intendente Municipal de la Capital de Mendoza en 1922 y como senador provincial en 1926, siendo vicepresidente del Senado Provincial y Presidente de las Comisiones de Presupuesto y Legislación del Senado de Mendoza. También integró el Jury de Enjuiciamiento ese mismo año.³⁷ Además, fue electo Diputado Nacional en abril de 1928 por la UCRLencinista y presidente honorario del Comité segunda sección de la UCRL, junto con José Hipólito Lencinas (Orientación, 4 de diciembre de 1926). Como miembro integrante de la Comisión de Legislación³⁸ recomendó aprobar las modificaciones correspondientes a las leyes del trabajo tendientes a aumentar el salario mínimo de los trabajadores de la provincia, conforme a la concepción de la democracia que sustentaba la UCRLencinista.³⁹ Respecto a este plan, Trianes manifestó en el recinto legislativo su preocupación por la política social, afirmando su concepción de que “el Estado no es un patrón vulgar absorbido por la necesidad de enriquecerse a un plazo más o menos corto, sino que en primer lugar debe ser el tutor de sus habitantes, cuyo bienestar y salud debe cuidar y promover”.⁴⁰

Por otro lado, su trayectoria en la industria comenzó con el cargo de Director General de Industrias de Mendoza en octubre de 1923, nombrado por Leopoldo Suárez. La preocupación por las principales industrias de la provincia se evidenció en su apoyo al proyecto de Suárez y Gargantini sobre la prohibición de ácido tartárico en la vinificación (Los Andes, 12 de mayo de 1926) y a otro proyecto vinculado al fomento de la industria frutícola. Con el propósito de resaltar la importancia pública sobre el uso de ácidos minerales en la vinificación hizo hincapié en las consecuencias negativas que traía tanto para la salud como para el crédito de la industria mendocina. Expresó que la mayoría de las veces la utilización de ácido sulfúrico era efectuada por los intermediarios y no por los industriales y que ello se debía, en parte, a la escasa intimidación que provocaban las multas, por lo que era necesario un mayor control y la implementación de penalidades más severas. Esta exposición también le dio ocasión a Trianes para manifestar su defensa de la autonomía provincial y de sus facultades para elaborar leyes que pusieran en práctica derechos y garantías, que propendieran al progreso y sobre el poder de policía.⁴¹ También promovió un proyecto para reducir el impuesto al vino que establecía un recargo de medio centavo por grado para aquellos vinos que superaran los 12 grados (Orientación, 11 de septiembre de 1926). Esta disposición obedecía, en palabras del senador, a un principio de “justicia impositiva”.

Posteriormente, fue electo para ocupar un escaño en la Cámara de Diputados de la Nación, siendo considerado una “figura salvadora” del lencinismo en un momento durante el cual cundía la desmoralización en el partido y las cárceles se llenaban de militantes por obra de la intervención (El Heraldo, 23 de febrero de 1926). Los comicios del 1 de abril de 1928 lo consagraron como diputado nacional por la UCRL, a la par que otorgaron el triunfo a Yrigoyen para iniciar su segunda presidencia.

Francisco se instaló en la Ciudad de Buenos Aires para ocupar su cargo en la Legislatura hasta el golpe de septiembre de 1930, con la intención fallida de mediar entre personalistas y antipersonalistas y entre lencinistas e intransigentes. Unos meses más tarde, en septiembre de 1928, al filo del cambio de gobierno, se sancionó la intervención, que designó a Carlos Borzani como interventor y que puso fin al último gobierno lencinista de la provincia. Algunos de los motivos que concretaron esta intervención estaban relacionados con el manejo de los asuntos económicos y financieros que complicaban a la industria y la administración del riego, donde según un periódico radical, se hacía indispensable una reorganización, ya que abundaban elementos de los comités lencinistas (La Unión, 24 de octubre de 1928).

El lencinismo entró en un proceso gradual de declive que se agudizó con el asesinato de Carlos Washington Lencinas en noviembre de 1929 y con el golpe de Estado del 30, que produjo un reacomodamiento de las fuerzas radicales, nuevamente en la vereda de la oposición, y que optó por la abstención hasta 1935. Este derrotero también fue transitado por la UCRL que por esos años luchó para reorganizarse de un modo más democrático, solucionar su problema para concretar su personería jurídica y evitar los personalismos al expulsar de su seno a José Hipólito Lencinas (Libre Palabra, 19 de agosto de 1933).

Mientras el radicalismo experimentaba esta situación acuciante, en 1932, Trianes realizó un viaje a Europa; al retornar a la Argentina manifestó su apoyo sobre el nuevo impuesto al vino según el grado alcohólico, cuyo objetivo era evitar el desdoblamiento, retomando su iniciativa de 1926. Distinguió al vino como artículo de primera necesidad al igual que las carnes y el trigo (Los Andes, 4 de noviembre de 1932).

Francisco publicó en 1938 su obra La Viña bajo la tormenta, editada en Buenos Aires, con el objetivo concreto de poner en discusión la actuación de la Junta Reguladora Nacional y utilizándola como eje para discutir el rol del Estado y de la política en la actividad vitivinícola. Capitalizó su experiencia como Interventor en la Dirección de Industrias, luego del fin de la frustrada experiencia de equilibrar el mercado a través de las leyes 758 y 759. Aportó a la discusión su experiencia en las ciencias jurídicas y en el derecho argentino, así como su conocimiento del new deal norteamericano y de las prácticas regulatorias francesas.

Es interesante resaltar que, siendo lencinista y muy cercano a Suárez, manifestó con claridad su preferencia por la economía libre que “mantiene a flote los negocios sanos mientras que la intervención equivocada y abusiva del Estado provoca el hundimiento general, de modo especial, el de los trabajadores” (Trianes, 1938: 13). Desde su visión, la función que le competía al Estado en materia económica y social debía ser provisoria y supletoria, para controlar y restringir la acción de las grandes empresas y prestar especial atención a la pequeña producción. Defendió un Estado con poder de policía, que hiciera que la iniciativa privada prosperase y se preocupase por las masas trabajadoras y sus salarios, además de la calidad de los productos y el éxito de los negocios (1938: 51). Sin embargo, reconocerá que no había que abandonar una política proteccionista que aún era necesaria y que seguiría prestando importantes servicios. Empleó alternativamente los conceptos de economía dirigida, estado providencia y estado policía, poniendo sobre el tapete las funciones que el Estado podía asumir de manera legítima. Los límites entre el liberalismo y la economía dirigida no estaban claros, como lo demuestran los debates del Congreso cuando se trataba la temática de la creación de las juntas reguladoras de la producción y las diversas concepciones que sobre ellas recaían (Persello, 2006 y Mateu, 2006). Y esta ambigüedad se exhibe en la postura del autor aquí analizado.

Se preguntaba: “¿[...] la vitivinicultura argentina ha vivido alguna vez en libertad? [...] la libre concurrencia ha estado falseada por planes o experiencias que condujeron a la limitación artificial de las cosechas” (1938: 110). La idea de regular la producción no constituía una novedad, aunque en esta oportunidad provenía de una iniciativa nacional, sino que se asentaba sobre una “herencia” de experiencias previas que a sus ojos no habían logrado solucionar la situación desequilibrante de la industria. Sostenía que la aplicación del libre juego habría determinado naturalmente a los propietarios a abstenerse de plantar viñedos y a los bodegueros a elaborar mejor, a comprimir el costo de producción y a bajar los precios para vender más. Igual que Prometeo, la vitivinicultura había vivido encadenada mientras que el águila de las restricciones le comía las entrañas. Manifestó que haría falta un Hércules que matara el águila.

Afirmó que la ley de creación de la Junta Reguladora era una ley de clase, antifederal, “expresión de una dictadura capitalista o un capitalismo de monopolio” (1938: 81) y que representaba los intereses económico-políticos de “200 familias” que asumían, de manera constante, el rol de salvador de la industria a beneficio personal. De este modo, denunciaba la ausencia de los pequeños y medianos propietarios, de los obreros y los consumidores, argumentando que la regulación de la producción quedaba en manos de las grandes bodegas.

Es la misma oligarquía del vino que sigue rigiendo los destinos de esa industria por el mismo camino de antes, con los mismos “planes”, persistiendo en los mismos sistemas restrictivos, arriesgando una riqueza considerable en iniciativas superficialmente examinadas [...] incurriendo en los mismos vicios y en las mismas debilidades (1938: 84).

En este pasado crítico no dejó afuera las leyes 758 y 759, en cuya derogación sostuvo que se visibilizó que los mismos que esperaban todo del Estado, renegaron de él. Criticó a la Sociedad Vitivinícola de 1929, que, con el auxilio del famoso estadígrafo Bunge, se había erigido en una entidad monopolista cuya financiación debía atender el Banco Oficial constituía una alianza entre el industrial y el político con fines depredatorios.

Sostuvo Trianes que las experiencias reguladoras europeas y la experiencia del new deal norteamericano no eran aplicables a esta situación. En Francia se había dictado un estatuto del vino, pero para favorecer la elaboración de calidad y para amparar a los pequeños productores. El “blocage”, es decir, el bloqueo de vinos nuevos, solo se aplicó en los años de excesiva producción y a los elaboradores de más de 400 hl, teniendo en cuenta el rendimiento y exceptuando a aquellos que tuvieron problemas climáticos o que elaboraron vinos de calidad. Dicha experiencia fracasó. En cuanto al new deal, este estaba inspirado en el bienestar para todos y en especial en aumentar el consumo. La idea de Roosevelt era dar lugar, dentro de la democracia, a una redistribución de la riqueza (1938: 59) -y tampoco fue exitoso.

Ideológicamente, esta experiencia de economía dirigida era, a su juicio, un triunfo de la derecha, prometida en la campaña del gobernador Cano y representada fundamentalmente por el Partido Demócrata Nacional y con el aval de la Unión Cívica Radica (Trianes, 1938: 44). Sus críticas respecto a la composición de la Junta parecen demostrar cierta tensión entre los mecanismos de representación democrática y la representación de intereses sectoriales. En varias ocasiones estas Juntas eran creadas y conformadas con el apoyo de ciertos sectores políticos que atendían demandas corporativas porque, además, los legisladores eran muchas veces los industriales favorecidos por la institucionalización de estas agencias.

Sin dejar de lado sus preocupaciones por el bien colectivo, el “equilibrio industrial” y un “plan orgánico”, su mirada hizo hincapié en la demanda más que en la oferta; en la perspectiva del consumidor, impactado por la falta de poder adquisitivo de la población y por la disminución de la corriente inmigratoria.

Y sobre todo por la nefasta acción a que se ha sometido desde hace más de veinte años a la vitivinicultura, falseando la ley de la oferta y la demanda y reduciendo esa producción a un régimen de monopolio y de encarecimiento de la bebida que la población no ha podido un día seguir, sobre todo ante el persistente desdén por la calidad mostrado por los elaboradores (1938: 75).

Manifestó su rechazo hacia la política de eliminación como medio para equilibrar los desajustes entre la oferta y la demanda. La extirpación de viñedos “destruyó la uva para privar a aquella de una bebida que, según lo han demostrado los hombres de ciencia, es estimulante, nutritiva, facilita la digestión y es fuente de goces espirituales”. El fomento del consumo que se atribuía la Junta sería desmentido por Trianes. Afirmó que mientras la ingesta de vino aumentó un 26% entre 1934 y 1937, el de caña extranjera se quintuplicó en el mismo periodo de tiempo; el de whisky y rhum se triplicó, el champagne se elevó en 50% entre 1936 y 1937 y cualquiera de las demás bebidas alcohólicas importadas experimentó un aumento superior al vino regulado.

Se preguntaba entonces ¿quiénes eran los consumidores? Si la casi totalidad de la producción nacional se encontraba constituida por vinos comunes, su mercado habría de hallarse, fundamentalmente, en la masa de la población obrera y en la clase media. Trianes examinaba la contradicción que entrañaba una industria destinada a un consumo popular cuando el vino solo podía ser vendido a un precio que no estaba al alcance del poder adquisitivo de la población más modesta económicamente. Reflexionaba entonces: “¿Es un país vinícola la República Argentina?” (1938: 141).

Insistió en la necesidad de favorecer el desarrollo de las pequeñas explotaciones vitivinícolas frente a los colosos de la industria, advertencia ya elaborada por su padre, José Trianes Díaz, cuando precisaba que las bodegas grandes y lujosas habían llevado a la ruina a muchos industriales y desestimaba los procesos de elaboración en grandes proporciones ya que afectaban la calidad del vino. El fomento de la pequeña propiedad facilitaría el acceso a la tierra a la vez que contribuiría a disminuir el desequilibrio entre producción y consumo, al desarrollo de la población e incluso a la reducción del costo de producción del vino. Francisco insistía en la influencia familiar en su pensamiento, sosteniendo que hablaba por la voz de su padre y de su hermano.

Exhibió una valoración peyorativa hacia un Estado hipertrófico al que asociaba con situaciones de corrupción y malversación: despilfarro de dineros públicos, usufructo por parte de unos pocos de los beneficios resultantes del empleo de esos dineros y del poder depositado en sus manos. Debía transformarse la estructura de la Junta, rectificar su rumbo y no desamparar a los productores, sino servirlos más eficazmente.

Trianes culminaba su obra resaltando que el mal se había agravado y que no se debía abandonar el proteccionismo: había que unirlo a la racionalización de las explotaciones, proponiendo objetivos que debían servir como marco de un plan general; abandonar las soluciones esporádicas y los enormes gastos para acordar beneficios a ciertas clases; trabajar para producir mucho y consumir más buscando el equilibrio en un consumo máximo y una producción máxima; cumplir la ley de represión de trusts n° 11.210; fomentar la bodega chica y la producción de calidad; restituir a las provincias el ejercicio pleno de su soberanía económica y fiscal. A su juicio, todavía “estábamos ante la edad de oro” (Trianes, 1938: 188).

Comentarios finales

Las crisis vitivinícolas constituyeron el punto de partida para repensar las relaciones entre las propuestas de los expertos, Suárez y Trianes, y entre estas y las políticas públicas en torno a la vitivinicultura durante el periodo de entreguerras. Su estudio complejiza la mirada para comprender el sendero de esta agroindustria que creció de manera explosiva y que presentó características desequilibrantes que perduran en la actualidad, a pesar de las propuestas de reconversión.

El pensamiento de ambos especialistas se configuró en un contexto político regional muy particular: el del auge y posterior declive del lencinismo como movimiento populista. La estrategia de Suárez gravitó en un momento de esplendor de esta corriente política, lo que le permitió influir decisivamente como Ministro de Industrias y como legislador, al intentar cambiar las reglas del juego de la industria, tal vez como pocos lo intentaron. Mientras que en el caso de Trianes, su opinión sobre rol del Estado se produjo cuando el lencinismo ya se encontraba herido de muerte y el neoconservadurismo se hallaba arraigado en el escenario provincial.

Por un lado Suárez, mendocino, un sólido experto vinculado a las familias tradicionales, hijo dilecto del modelo, que se permitió discutir y jaquear el poder de los grandes bodegueros, quedó solo ante ellos y ante sus propios correligionarios. Y por otro lado Trianes, de origen inmigrante, abogado impregnado de la industria a través de la experiencia familiar de su padre y su hermano. Ambos estructuraron su pensamiento frente a las crudas experiencias de grandes entes reguladores de filiación conservadora, como la Compañía Vitivinícola y la Junta Reguladora de Vinos que, a sus ojos, no hicieron más que acentuar la brecha entre los grandes y pequeños productores y nada hicieron por mejorar el derrotero de la industria.

La defensa de la calidad y del pequeño productor ante el poder de los grandes bodegueros, aumento del consumo, regulación sin destrucción, constituyeron sus caballitos de batalla. Ambas propuestas no fueron enteramente novedosas, aunque la de Suárez fue más integral y se expresó en leyes que enfrentaron a los intereses de los sectores de los poderosos industriales. Se centró en la necesidad de modificaciones desde la oferta, remarcando la necesidad de que estuviera en manos también de los pequeños productores, las bodegas regionales, las cooperativas y que apuntara a la diversificación industrial y un producto de calidad y sin adulteraciones. Por otra parte, Trianes pensó a la industria más desde la demanda y desde la necesidad de aumentar el consumo, bajando precios y mejorando la calidad, para lograr vinos destinados a los sectores populares.

Uno y otro defendieron la situación de los pequeños productores. No obstante Leopoldo Suárez, desesperanzado de que la iniciativa proviniera del cooperativismo o mutualismo gremial, vio en el modelo de Estado lencinista la fuerza para cambiar las reglas del juego de la industria. Para Francisco las experiencias de economía dirigida en la industria solo habían contribuido a exacerbar sus desequilibrios y abogaba por la libertad de comercio, aunque creía en un proteccionismo circunstancial, en correctivos. En ambos expertos, la defensa de la autonomía provincial estuvo presente, ya fuera contra el yrigoyenismo o contra el retorno neoconservador.

Estos dos casos emblemáticos para la industria vitivinícola de Mendoza permiten acercarnos a los grupos de expertos que se venían formando en las distintas áreas científicas y técnicas sociales para atender a la complejización del Estado, que iba definiendo sus propios límites: proteccionista, liberal, gendarme, providencialista, y hasta policial. Y nos hablan de la temprana inserción de los mismos en la esfera estatal y de su influencia, en mayor o menor grado, en el diseño de políticas públicas relacionadas a la vitivinicultura y el permanente contacto y conflicto con otros actores sociales no estatales (Boholavsky, 2012). Al mismo tiempo da cuenta de la multiplicidad de lógicas en tensión entre las agencias y sujetos estatales que se derivan no solo de diferencias clasistas sino también corporativas y partidistas.

Notas

¹ En particular y dentro de marcos más amplios, se ha demostrado el rol decisivo de las políticas de promoción y regulación del Estado en este proceso y se ha debatido la vinculación entre empresarios y poder político, prestando atención particular a este periodo (Mateu, 2005 y 2006; Olguín, 2012; Ospital, 2009; Barrio, 2013). Entre otros muchos temas, los vínculos entre técnicos, expertos y el diseño de políticas públicas han aportado nuevas evidencias sobre las estrategias de regulación diseñadas para enfrentar las coyunturas (Rodríguez Vázquez, 2012; Olguín y Mellado, 2006; Barrio de Villanueva, 2010; Mateu, 2002).

²    El lencinismo se constituyó como un movimiento político de carácter popular que se originó como un desprendimiento del radicalismo. Se caracterizó por una constante preocupación por lo social, colocando a Mendoza como una de las provincias pioneras en materia de legislación social. Los gobiernos comprendidos en este ciclo político son los de José Néstor Lencinas (1918-1920), el de su hijo Carlos Washington Lencinas (1922-1924) y el de Alejandro Orfila (1924-1926), todos intervenidos federalmente. La historia del lencinismo a partir de visiones complejizadoras es una tarea pendiente, a pesar de algunos avances, en especial centrados en el gobierno de José Néstor Lencinas. A partir de los estudios iniciales de biógrafos militantes como Julio Nieto Riesco (1926) y Dardo Olguín (1961), el libro de Celso Rodríguez (1979), hace casi treinta años, realizó un detallado análisis de los gobiernos lencinistas en clave comparativa con el bloquismo, el otro movimiento populista cuyano. Ver también Pablo Lacoste (1994), Bragoni y Mellado (2012) y Richard Jorba (2013, 2014).

³    Los bodegueros y viñateros que presionaron para la sanción de la ley elaboraban el 72% del total de vinos de la provincia, según las peticiones adjuntadas al expediente de la ley (Mateu,1996: 220).

⁴    Sobre la planificación de la formación de recursos humanos para la actividad vitivinícola, sus antecedentes nacionales y provinciales y sus distintas currículas y dificultades presupuestarias, remitimos a Rodríguez Vázquez, 2012.

⁵    El sistema de becas para financiarse los estudios tenía antecedentes a partir de 1873, durante la gobernación de Francisco Civit. La ley N° 295 de 1904 autorizó a “contratar un enólogo europeo y enviar a seis jóvenes para perfeccionarse en vitivinicultura en Europa: dos en la escuela de Conegliano, dos en la escuela de Alba y dos en la escuela de Montpellier, en Francia” (Gargiulo y Borzi, 2011: 43). Leopoldo Suárez figura en la lista de “diplomati enotecnici” para 1904 en Conegliano. Referencia en Ulliana, M. (1992). La Scuola Enologica di Conegliano. Istituto Técnico Agrario Statale “G. B. Cerletti " con ordinamento spéciale per la viticoltura e l’enologia. Treviso, Canova: 404. Información proporcionada por Patricia Olguín, quien visitó esos archivos. De todas maneras, Vázquez sostiene que en 1908 Suárez fue becado en dicho establecimiento.

⁶    Esta crisis fue analizada en 1903 por Pedro Arata, hombre de sólida formación científica, quien fue farmacéutico, químico, médico, profesor universitario y, en 1903, Director del Departamento Nacional de Agricultura. Preconizaba la vinculación institucional entre tareas agrícolas, burocracia y ciencia. Su informe señaló las deficiencias técnicas existentes en la vinificación (Barrio, 2010).

⁷    Suárez realizó numerosos aportes al conocimiento científico de la industria. Otras publicaciones de carácter científico fueron La diapsis pentágona; Experimentos de vinificación. El enyesado; La fermentación alcohólica; El sulfataje y fosfataje en vinificación; La fruticultura en Mendoza. Importancia de su cultivo; La corrección de los mostos en Mendoza; Estudios sobre irrigación. Su pequeña obra La crisis vitivinícola (1914) y El problema vitivinícola (1916) preanunciaron lo que pocos años después desarrollaron las leyes 758 y 759, complementadas luego con La acción del Estado en la industria vitivinícola de Mendoza (1922).

⁸    Salvador Civit, destacado político fallecido en 1892, fue pionero en la elaboración de vinos finos bajo la dirección de Amado Pouget. Angélica era prima de Emilio Civit, destacado político y gobernador conservador (1898-1907-1910), quien a su vez era hijo de Francisco Civit, gobernador entre 1873 y 1876. Emilio era a su vez, yerno de Tiburcio Benegas (1877-1889), primer magistrado, fundador del Banco Provincia y empresario vitivinícola.

⁹    En Santa Rosa, la sucesión Suárez poseía 180 hectáreas de viñedos en producción (malbec, semillón y verdot), 50 hectáreas de frutales (duraznos y ciruelos), 500 de alfalfa y una bodega de 5000 cascos de capacidad. En San Martín tenía otra extensión de 300 hectáreas de alfalfa (Centro Vitivinícola Nacional, 1910: 252).

¹⁰    El Congreso fue acompañado de una fiesta alegórica de carácter regional (Los Andes, 12 de marzo de 1913), basada en el proyecto de José Trianes Díaz de 1911.

¹¹    En una carta al diario Los Andes con fecha del 1 de mayo de 1915, Suárez ratificó su posición política independiente cuando el Partido Popular lo acusó de trabajar contra los candidatos de ese partido en Santa Rosa (Olguín, 1961: 215), aduciendo que no era parte de sus filas. En 1916 se alineó en las filas del radicalismo.

¹² La circulación de ideas cooperativistas en el sector rural, especialmente en los funcionarios que trabajaban en la Dirección de Economía Rural y Estadística del Ministerio de Agricultura, es analizada por González Bollo (2010).

¹³ Para darle impulso al proyecto mutualista, a mediados de 1912, fue muy significativa la llegada a Mendoza del francés Leopold Mabilleau, prestigioso intelectual y universitario francés, Director del Museo Social de París, invitado por el Museo Social Argentino (Mateu, 2007; Teitelbaum, 2014). A pesar de confesar que traía una imagen negativa del agricultor mendocino porque le habían dicho que solo miraba sus intereses individuales, habló de los beneficios de las instituciones de solidaridad gremial que se articulaban verticalmente, local y regionalmente. Reconoció que el éxito del sistema consistía en su protección al agricultor como consumidor y como productor, eliminando los intermediarios (La Tarde, 18 de septiembre de 1912).

¹⁴ Rechazó el plan de Juan Giol, quien propuso que los viñateros aportaran al Estado $0,50 por quintal para adquirir 800.000 hectolitros de vino de la actual existencia y luego desnaturalizarlos (Rodríguez Vázquez et al., 2014: 92). Lo criticó ya que ponía el peso de la crisis sobre los viñateros y no tenía en cuenta la desorganización del comercio de vinos.

¹⁵ Mendoza. Archivo de la Honorable Legislatura. Diario de sesiones de la Cámara de Senadores. Versiones Taquigráficas. 1916/1917. Tomo 3. Sus argumentos se apoyaban en una investigación llevada a cabo en la Escuela Nacional de Vitivinicultura que analizaba los vinos en su momento de salida de Mendoza y su llegada a Buenos Aires y Santa Fe para afirmar que el vino sufría un desdoble en las plazas de venta (Los Andes, 19 de mayo de 1914).

¹⁶ Mendoza. Archivo de la Honorable Legislatura. Diario de sesiones de la Cámara de Senadores. Versiones Taquigráficas. 1916/1917. Tomo 2: 205.

¹⁷    Mendoza. Archivo de la Honorable Legislatura. Diario de sesiones de la Cámara de Senadores. Versiones Taquigráficas. 1916/1917. Tomo 3: 247-248.

¹⁸    Su conducción en manos de un grupo reducido y poderoso daba a sus integrantes un control económico y político de gran envergadura. En 1918, cuando José Néstor Lencinas llegó al poder, entabló una denodada lucha contra la Sociedad, por su mal funcionamiento como reguladora de la industria y porque la mayoría de los directivos de la entidad militaban en el conservadurismo mendocino y ocupaban cargos en los poderes Legislativo y Judicial. Finalmente, se terminó liquidando la Compañía en medio de una serie de actos administrativos que rozaron el poder de los conservadores y complicaron la gestión de Lencinas y sus relaciones con el Poder Judicial, organismo que le pidió a Yrigoyen la intervención federal a la provincia, a la par que la ley de origen de la sociedad fue declarada inconstitucional. Luego de tantas vicisitudes, en junio de 1919 se llegó a la designación de un directorio mixto, elegido por los accionistas y por el Ejecutivo, primitiva solución que Lencinas había propuesto y la Compañía no había aceptado. Leyes posteriores terminaron por ponerle fin a la fallida cooperativa.

¹⁹    Este dato llama la atención y resulta contradictorio porque tres años más tarde sostendrá firmemente la necesidad de construir bodegas regionales para los viñateros sin bodega.

²⁰    Mendoza. Archivo de la Honorable Legislatura. Diario de sesiones de la Cámara de Senadores. Versiones Taquigráficas. 1916/1917. Tomo 1.

²¹    En el debate legislativo Suárez, en su rol de Ministro, puntualizó “que el proyecto de que se trata encierra armonía con las leyes de salario mínimo y con las ocho horas de trabajo” (Los Andes, 14 de octubre de 1918).

²²    Memoria presentada a la Honorable Legislatura por el Ministro de Industrias y Obras Públicas Ingeniero Leopoldo Suárez. 1922-1923: 41.

²³    Doctor en Ciencias Agrarias recibido en Europa y capacitado en los grandes institutos de enseñanza enológica de Italia y Alemania. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, en 1914, se instaló en Mendoza y trabajó como profesor de la Escuela de Enología. Había estado a cargo de la Dirección de Fomento Agrícola e Industrial en 1918, sobre la base de la ex Dirección General de Industrias. En este debate, el diputado radical Bidone calificó a la Compañía Vitivinícola como otra expresión más de de la costumbre mendocina de fabricar proyectos salvadores, razonados con el bolsillo, apenas brotaba la viña (Mendoza. Archivo de la Honorable Legislatura. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados. Versiones taquigráficas. 1919. Tomo de octubre a noviembre).

²⁴    Suárez recordó que había combatido la ley 703, pero no por ser enemigo de las cooperativas ya que de esa “torta de bizcochuelo” él se sentía inventor. Criticó el hecho de que esta cooperativa hubiese eliminando una cosecha íntegra de 15 millones de quintales de uva, invirtiendo 23 millones de pesos, suprimiendo la inversión de 7 millones de jornales originando el pauperismo en Mendoza (Mendoza. Archivo de la Honorable Legislatura. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados. Versiones taquigráficas. 1919. Tomo de octubre a noviembre).

²⁵    Mendoza. Archivo de la Honorable Legislatura. Carpeta N° 112. Expediente 5361. Año 1919. Folio 6.

²⁶    Mendoza. Archivo de la Honorable Legislatura. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados. Versiones taquigráficas. 1919. Tomo de octubre a noviembre.

²⁷    Mendoza. Archivo de la Honorable Legislatura. Carpeta N° 119. Expediente 5611. Año 1923. Folio 2.

²⁸    Este enólogo de origen italiano y comerciante de vinos escribió en 1900 La industria vitivinícola argentina y en 1915 presentó su obra Estudio crítico sobre la cuestión vitivinícola; estudios y pronósticos de otros tiempos.

²⁹ La depresión de la industria se profundizó en 1933 y en 1934 con el agravamiento del exceso de oferta de vinos. En este último año, los precios fueron todavía menores a los del periodo 1914-1918 –recién en 1942 alcanzarían los niveles anteriores a los de 1928 (Olguín, 2012).

³⁰    Las cifras que demuestran las consecuencias de las políticas regulatorias de las distintas Comisiones y de la Junta Reguladora pueden consultarse en Olguín, 2012.

³¹    La filoxera empezó a hacer estragos desde finales del siglo XX en el campo de Huelva y llevó al declive del vino del condado. Muchas viñas fueron abandonadas o las parcelas fueron destinadas a otros cultivos; la enorme industria tonelera disminuyó y quedó como un sector económico residual. La introducción de portainjertos de América llevó a una ligera recuperación para la década de 1920, pero los antiguos mercados ya se habían perdido.

³²    “España, Provincia de Huelva, registros municipales, 1760-1950” [en línea] https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KNNY-13M: (consultado 24-2-2016). José Trianes Diaz, 1898; citing Census, Huelva, España. Archivos municipales, Huelva. FHL microfilm 2,235, 116.

³³    Las publicaciones de Huelva sitúan a la familia como de gran prestigio y señalan la importancia de su vivienda. Por otra parte, un aviso de remate señala que en 1898 se produjo un remate de una propiedad de 521 metros de Rafael Trianes en Huelva por falta de pago de crédito hipotecario (Diario Oficial de Avisos de Madrid, 14 de marzo de 1898).

³⁴    En su obra La Fiesta de la vendimia en la obra de José Trianes Díaz (1943), Francisco explicó las razones que habían llevado a su padre a proponer el proyecto para celebrar este tipo de evento a la par que destacaba su labor en pro del mejoramiento de la industria vitivinícola y su defensa y promoción de la elaboración de vinos finos, frente a los standards tan comunes de esa época, con el fin de sustituir la importación y fomentar su consumo entre las clases medias y altas. Sus proyectos revestían una finalidad económica para impulsar el desarrollo de la agroindustria y conquistar el mercado nacional (Los Andes, 23 de abril de 1943).

³⁵    Martínez había sido subsecretario de Estado en el Ministerio de Hacienda; Lewandowski, doctor en Derecho, era director de una institución de crédito francés que se había instalado en el país.

³⁶    Remitimos al artículo breve de Eduardo Zimmermann “Élites técnicas estatales: abogados y juristas” para conocer las corrientes transformadoras que estaban operando dentro del campo del Derecho hacia el centenario y que tuvieron impacto directo en el funcionamiento de la Facultad de Derecho donde estudió Trianes. Las tensiones que sobre el derecho público producía el avance de la democratización no hacían más que resaltar la necesidad de los juristas argentinos de repensar las bases organizativas del Estado sacudidas por la nueva realidad.

³⁷    Mendoza. Archivo de la Honorable Legislatura. Diario de sesiones de la Cámara de Senadores. Versiones taquigráficas. 1926. Tomo 2: 22 de marzo.

³⁸    Mendoza. Archivo de la Honorable Legislatura. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores. Versiones taquigráficas. 1926. Tomo 2: 5 y 13 de abril.

³⁹    Mendoza. Archivo de la Honorable Legislatura. Diario de sesiones de la Cámara de Senadores. Versiones taquigráficas. 1926. Tomo 2: 20 de abril.

⁴⁰    Mendoza. Archivo de la Honorable Legislatura. Diario de sesiones de la Cámara de Senadores. Versiones taquigráficas. 1926. Tomo 4: 10 de septiembre.

⁴¹ Mendoza. Archivo de la Honorable Legislatura. Diario de sesiones de la Cámara de Senadores. Versiones taquigráficas. 1926. Tomo 3: 26 de julio.

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Recibido: 9-6-2017 Aprobado: 19-6-2017

*Este artículo se encuentra vinculado al Proyecto Bienal de la SECTYP de la Universidad Nacional de Cuyo “Crisis vitivinícolas y diagnósticos de los expertos en la primera mitad del siglo XX. Mendoza, 1903-1943”.

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